El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) alertó sobre una persecución sin precedentes contra los periodistas en Venezuela después de las elecciones presidenciales de 2024, que ha dejado a ocho de ellos en la cárcel bajo acusaciones de terrorismo por su labor de informar y una decena forzados a irse al exilio.
En un reporte sobre la situación de los medios venezolanos destacaron que muchos medios «pasaron a la clandestinidad» ante el acoso sistemático y los ataques de altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, entre ellos el del nuevo ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, quien sin mostrar pruebas señaló a varios medios digitales independientes de recibir «financiamiento del narcotráfico».
«Desde las elecciones, la situación se ha agravado dramáticamente: el Gobierno ha aplicado apagones de la Internet y ha bloqueado las plataformas de comunicación, mientras que los y las periodistas deben hacer frente a decisiones imposibles si quieren seguir ejerciendo la profesión», dice el reporte que cita declaraciones de voceros de dos ONG de reconocida trayectoria por su defensa de la libertad de expresión: el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys Venezuela) y Espacio Público.
«Te hacen sentir como un delincuente»
También recoge testimonios de periodistas que huyeron del país por ser blanco de ataques, como una comunicadora en el estado Trujillo, o de otras dos en regiones como Falcón y Carabobo, quienes contaron que dejaron de firmar sus notas como una medida de protección porque son víctimas de ataques o campañas de desprestigio en redes sociales.
“Te hacen sentir como un delincuente o un prófugo de la justicia”, declaró una comunicadora al CPJ desde el occidente del país. Esta persona añade que está valorando dejar el periodismo y huir de Venezuela.
Periodistas venezolanos forzados al exilio
Entre quienes han hecho público su exilio forzado se encuentran el reportero gráfico Jesús Medina Ezaine, quien dijo que a pesar de haber obtenido la libertad plena en juicio que duró seis años, dos de los cuales los pasó en la cárcel, una jueza habría revocado la decisión por lo que su seguridad estaba en riesgo.
También lo anunció el periodista Luis Gonzalo Pérez, quien este 19 de septiembre compartió un video en su cuenta de la red social X, donde explicó que el ser parte del equipo de comunicaciones de la líder opositora María Corina Machado lo puso en riesgo a él, su familia y su pareja, simplemente por su labor de informar.
«Es cada vez es más difícil para los y las periodistas entrevistar a fuentes de confianza y a ciudadanos comunes, porque, incluso si les garantizan el anonimato, éstos temen que haya represalias por parte del Gobierno», aseguró al CPJ un periodista del estado de Zulia.
Previo a las elecciones el gobierno censuró portales de noticias, páginas web de ONG defensoras de la libertad de expresión y monitoreo de Internet, así como ordenó el cierre de radios y bloqueó sitios de verificación de información.
Pero después de los comicios encarceló a 8 periodistas que dieron cobertura a las protestas que surgieron por el desconocimiento de la ciudadanía a los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE) que dieron ganador a Nicolás Maduro.
Cuántos periodistas están presos en Venezuela
Hasta el momento se encuentran encarcelados Paúl León, Yousner Alvarado, Deysi Peña, Eleángel Navas, Ana Carolina Guaita y Gilberto Reina. Mientras que la comunicadora Carmela Longo la encarcelaron por un día y la acusaron de terrorismo e incitación al odio, aunque le dieron medidas sustitutivas de libertad: no puede declarar de su caso, salir del país y debe presentarse periódicamente en un tribunal con competencia en terrorismo.
El CPJ recuerda que «la libertad de prensa en Venezuela ya venía sufriendo una erosión desde mucho antes de las elecciones, pues el régimen de Maduro había cerrado canales de TV y radioemisoras, había bloqueado portales de noticias, había confiscado periódicos y había fomentado el miedo y la autocensura en sus 11 años en el poder».
Sin embargo, se agravaron desde la campaña electoral y posterior a los comicios presidenciales, cuyo resultados los cuestionan países de América Latina, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, que exigen al gobierno y a la autoridad electoral la publicación de los resultados disgregados por mesas de votación.
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