Rafael Narvaéz, exparlamentario, abogado defensor DDHH y coordinador de la defensa por los derechos civiles, se pronunció ante la nueva designación del abogado experto en el derecho penal internacional el británico Karim Khan como el nuevo fiscal de la CPI que viene a sustituir a la antigua fiscal Fatou Bensounda,
Dijo que solo llegó a emitir un pronunciamiento de existir razones para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad, pero que no cumplió con impulsar la aprobación del informe preliminar para salir de la fase 3 para que el Tribunal de la CPI diera el gran paso histórico de iniciar por primera vez en latinoamerica la investigación del primer caso sobre Crímenes de lesa humanidad.
En este sentido, el coordinador por los derechos civiles afirma que la importancia del nuevo fiscal es su trayectoria internacional en el derecho penal internacional y puede marcar la diferencia de la anterior fiscal que prácticamente congeló el expediente desde el 2018 hasta el 2020 que lo llevó a la fase 3.
Asimismo, el abogado penalista cuestionó la intención del jefe del Estado en pretender asistir al consejo general para los derechos humanos de la ONU olvidando que contra el régimen venezolano la CPI procesa un expediente grave sobre la violación sistemática DDHH y crímenes de lesa humanidad, también olvida las descalificaciones contra informes de todos los altos comisionados y en especial el de la alta comisionada Michelle Bachelet que luego de su visita al país lo consignó ante la ONU reflejando la cruda realidad en materia de los derechos humanos, el desprecio al informe de la misión independiente de determinación de los hechos que levantó informe basado en testimonios de innumerables víctimas con métodos científicos a distancia porque el Estado nunca les permitió la entrada al país siendo Venezuela miembro del consejo general para los derechos humanos de la ONU.
Para finalizar, el coordinador por la defensa de los derechos humanos se solidariza con la exigencia de Amnistía internacional para que la CPI incluya en su informe las ejecuciones extra judiciales por cuerpos de seguridad del estado ocurridas en la vega.
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