La Fiscalía Provincial de Madrid solicitó a la magistrada que investiga el rescate de la aerolínea Plus Ultra, Esperanza Collazos, desbloquear el préstamo participativo de 34 millones de euros que tiene pendiente recibir la aerolínea.
El organismo español hace la solicitud luego que la defensa de la compañía haya argumentado ante el juzgado la necesidad de recibir este tramo final del paquete de 53 millones de ayudas a las que comprometió el gobierno de ese país para poder cumplir con su plan de viabilidad.
De acuerdo al medio VozPopuli el Ministerio Público hizo suyos los argumentos de Plus Ultra. Asimismo ha recordado que el compromiso del rescate trae consigo un control continuo a la aerolínea y se hace eco de los informes que obran en la causa en relación a que el impacto económico de no reactivar el préstamo suspendido sería de 365 millones de euros en término de facturación. Dichas valoraciones, elaboradas por DC Advisory a requerimiento de la SEPI, recogen también que se generaría una pérdida de empleo de más de 400 personas, lo que convierte en «imprescindible» la entrega de la ayuda pública.
Con la petición la Fiscalía se alineó con la Abogacía General del Estado, que ya se había pronunciado en contra de la suspensión del préstamo participativo de 34 millones de euros. Los servicios jurídicos de España solicitaron a la magistrada Collazos que no bloqueara el desembolso final de esta ayuda por el temo de que la empresa aeocomercial no pudiera cumplir con lo acordado en el plan de viabilidad. De lo contrario, se produciría un «quebranto» para las arcas públicas.
La Fiscalía apuntó que era necesario que Plus Ultra justificara los motivos por los que necesitaba con tanta urgencia el pago de esta cuantía que iba a hacer efectivo la SEPI el pasado miércoles. Sin embargo, y tras estudiar toda la documental aportada a la causa, la fiscal María Luisa LLop advierte de la necesidad de que la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid levante la suspensión cautelar adoptada la pasada semana.
Clientes y acreedores, los perjudicados
«Debe hacerse alusión al informe presentado por la compañía en la solicitud de levantamiento de la suspensión en el que se menciona que, del total de los cerca de 50 millones de euros de pasivo del balance de Plus Ultra, los clientes, por el anticipado de billetes de avión, y los acreedores comerciales, suponen un 80% por lo que una eventual situación de iliquidez de la compañía dejaría a dichos colectivos como principales perjudicados», razona la fiscal.
La Fiscalía insiste en que el préstamo tiene como objetivo cubrir las pérdidas ocasionadas por el covid-19 en los ejercicios 2020 así como en los dos siguientes. Sin embargo, las acusaciones que forman parte de este procedimiento cuestionan la idoneidad de esta ayuda aprobada en marzo por el Gobierno al tratarse de una compañía que registra pérdidas desde su creación. La juez, que investiga si se ha cometido delito de fraude en las subvenciones y malversación con esta entrega de fondos públicos, paralizó el rescate de manera cautelar a la par que ordenó un peritaje independiente y reclamó a Hacienda datos clave de la compañía.
Mientras, tanto, la defensa legal de la aerolínea cumplió con lo exigido por el juzgado y esta misma semana entregó un escrito solicitando el desembolso de la ayuda y, junto con él, un peritaje elaborado por el auditor de cuentas Julio César Calvo, de acuerdo con la documental a la que ha tenido acceso Vozpópuli. La aerolínea explicó que el préstamo no es «un regalo de fondos públicos sin criterio alguno» sino que irá destinado al pago de nóminas, de impuestos a gastos operativos y necesidades de liquidez.
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