Orlando Viera-Blanco, quien fungió como embajador del llamado gobierno interino ante Canadá, acudió este jueves 10 de octubre a la Corte Penal Internacional (CPI) para consignar nuevas incidencias relacionadas con la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad que engrosa la cantidad de hechos que se investigan en el caso «Venezuela I».
A través de sus redes sociales, Viera-Blanco explicó que llevó a la sede de la CPI unas 85 nuevas incidencias, vinculadas a las detenciones arbitrarias, encarcelamiento y desaparición forzosa de adolescentes después de las elecciones del 28 de julio. Detalló que se recogieron testimonios de madres y demás afectados, junto a informes donde figura el intento de suicidio de una menor de edad encarcelada.
Resaltó que, con estos casos, se suman ya unas 920 incidencias en las oficinas de esta instancia en La Haya que se registraron después de las presidenciales.
«Incluimos muy especialmente los crímenes de detención, encarcelamiento, tratos crueles y torturas de nuestros niños y niñas, los testimonios de sus madres, así como de líderes políticos, venezolanos inocentes encarcelados en grave situación de salud, describiendo las cadenas de mando judiciales, policiales, militares y administrativas», dijo Viera-Blanco.
De igual forma, comentó que sostuvo un encuentro con los representantes de la Oficina de Reparación y Participación de las Víctimas donde se intercambiaron opiniones sobre la situación actual de Venezuela.
Hizo un llamado a todos los afectados con este tipo de casos de violación a DDHH y que están acreditados ante la CPI, sigan trabajando e impulsando el caso de investigación en Venezuela y, en ese sentido, espera que se pueda pasar pronto a la fase de juicio contra los «perpetradores de crímenes de lesa humanidad».
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró a principios de octubre 134 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de derechos humanos durante el pasado mes de agosto.
La ONG recuerda que tras las elecciones presidenciales que se realizaron el pasado 28 de julio se profundizó la política de criminalización, represión y control social que afecta «la promoción, defensa y exigencia de los derechos humanos, aumentando las agresiones y el amedrentamiento en contra de quienes las realizan».
La caracterización de los ataques dan cuenta de 56 actos de intimidación y hostigamiento, 47 de estigmatización, 19 amenazas, cuatro de judicialización, cinco detenciones arbitrarias y tres casos de otros tipos contra los defensores de derechos fundamentales.
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