La crisis de la COVID-19 ha incrementado el secuestro de datos, las falsificaciones, los ataques maliciosos, el contenido de explotación sexual infantil y las campañas de desinformación, según el informe Catching the virus cybercrime, disinformation and the COVID-19 pandemic, elaborado por la Europol. Los cibercriminales se han adaptado a la crisis y han adaptado a ella su modus operandi
«Los ataques cibernéticos se están volviendo cada vez más sofisticados: este fenómeno delictivo no conoce fronteras nacionales, por lo que es más difícil tanto su control como su prevención», afirma Marc Balcells, profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y miembro del comité científico organizador del Congreso Internacional de Internet, Derecho y Política (IDP) Cybercrime: new threats, new responses, que tendrá lugar de forma online los días 1 y 2 de julio.
Durante los dos días de congreso, habrá una conferencia inicial y, después, una mesa redonda con expertos en la materia para discutir sobre el tema y profundizar en él.
Este año, de forma excepcional, el congreso se realizará en un formato nuevo completamente en línea debido al contexto de la COVID-19, las mesas redondas serán en directo pero algunas de las principales conferencias ya se pueden visionar, en este enlace. Para poder seguir las sesiones es necesario inscribirse. La inscripción es totalmente gratuita.
El cumplimiento normativo de los delitos informáticos, en auge
En el primer día del congreso, el 1 de julio, la conferencia principal trata el cumplimiento normativo (compliance) en delitos informáticos e irá a cargo de Alfonso Galán, profesor de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide.
Por cumplimiento normativo se entiende cualquier delito que pueda cometerse en una empresa, desde la protección de datos hasta los delitos medioambientales, pasando por fraudes cometidos por los empleados o por terceros relacionados con la empresa, la publicidad engañosa, etc.
El Código penal admite la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los trabajadores, y puede eximir a las empresas si se han implantado en ellas programas de cumplimiento efectivos.
«Muchas compañías están optando por establecer algunas medidas de prevención, como la monitorización permanente de todas las actividades de internet de sus trabajadores o el borrado automático de cualquier información publicada desde sus servidores que pueda parecer ilegal, para mantenerse a salvo de cualquier castigo«, afirma Galán.
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