Febrero de 2020: representantes del ELN y de las disidencias de las Farc -la misma facción de (a) ‘Gentil Duarte’ que ahora Nicolás Maduro hace bombardear en Apure- reúnen en asamblea a los pobladores indígenas de Pendare, un rincón selvático del Amazonas venezolano, a medio camino entre la margen derecha del río Orinoco y el famoso cerro Autana.
¿La ocasión? El anuncio a los locales de que los irregulares se proponen instalarse allí y hacerse ley, con el permiso de Caracas, según aseguran. Los aborígenes se resisten; los guerrilleros tratan de convencerlos. Pero se olvidan de que los piaroas también saben grabar. Así quedó un testimonio en audio de la historia y planes que las bandas armadas colombianas relatan de sí mismas en el Sur de Venezuela. Armando.info tuvo acceso acceso y lo da a conocer.
Abandonar de manera inmediata y definitiva sus territorios: tal fue el ultimátum que los indígenas Uwottüja (Piaroas) dieron a miembros de las llamadas disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), durante una asamblea celebrada el 23 de febrero de 2020 en la comunidad indígena de Pendare, en el estado Amazonas, al sur del país.
La plenaria había sido convocada por los guerrilleros con un propósito no solo sin precedentes en la zona, sino casi sin lógica: oficializar ante los aborígenes su pretensión de instalarse en ese territorio venezolano y ejercer la autoridad.
Los irregulares colombianos no se dejaron impresionar por la exhortación de los locales. Su réplica fue escueta pero tajante. “Nosotros no podemos cometer el error de retirarnos de los territorios, porque eso sería un desastre para nosotros y para nuestros aliados, que es el gobierno, las autoridades y el pueblo de Venezuela. Nos da mucha pena, y de corazón y con todo respeto, no podemos”, respondió un miembro de las Farc.
Este intercambio es apenas un extracto de varios audios grabados durante la asamblea, y a los que tuvo acceso Armando.info. Si bien la reunión tuvo lugar hace poco más de un año, el tono y contenido de los argumentos que los representantes de la guerrilla colombiana expusieron no solo revelan la intención de establecerse definitivamente en un territorio en el que ya entonces mantenían presencia; también dejan un testimonio de la coordinación para ese momento entre los frentes Acacio Medina de las Farc y José Daniel Pérez Carrero del ELN, por una parte, y de estos con las autoridades gubernamentales de Venezuela.
En uno de los audios, un representante de las Farc dice tener “permiso para operar en esos territorios, tenemos la autorización de nuestra presencia política y armada y tenemos un compromiso con la institucionalidad, que es ayudar a la seguridad nacional, seguridad territorial, seguridad de fronteras y ayudar en el trabajo político y social a favor de los partidos del gobierno, partiendo por el Psuv [el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela]”.
Los representantes de las Farc que participaron en el encuentro se identificaron como miembros del Frente Acacio Medina, comandado por Géner García Molina, alias John 40, quien en 2016, junto a Miguel Botache Santanilla, alias Gentil Duarte, dieron la espalda al proceso de paz con el gobierno de Colombia y retomaron sus actividades ilegales.
La huida al monte de Botache Santillanaen2016 fue especialmente significativa. Había estado en La Habana como parte de la delegación de las Farc que negoció los Acuerdos de Paz con el gobierno colombiano del presidente Juan Manuel Santos. Pero ese año Gentil Duarte rompió con la línea oficial y mayoritaria de la organización guerrillera, que en su X Conferencia aprobó plegarse al proceso de paz y reconvertirse en un partido político formal.
Botache-Duarte resultó ser un pionero. Luego, en 2019, también se fueron al monte y a Venezuela otros dos comandantes guerrilleros de las negociaciones en La Habana: Iván Márquez, nom de guerre de Luciano Marín Arango, y Seuxis Pausías Hernández, alias Jesús Santrich. Hernández-Santrich venía de pasar una temporada de 13 meses en la cárcel La Picota de Bogotá, confinado mientras se resolvía su posible extradición a Estados Unidos. Washington lo solicitaba para que enfrentara cargos judiciales por tráfico de drogas y lavado de dinero luego de que una operación encubierta de la DEA (Agencia de Control de Narcóticos, por sus siglas en inglés) lo descubriera participando en una reunión con el cártel mexicano de Sinaloa. La petición de extradición no prosperó.
Tanto Márquez como Santrich anunciaron ese 2019 su regreso definitivo a las armas y la fundación de una Segunda Marquetalia, en alusión al casi mítico lugar de origen en 1964 de las Farc, en el departamento del Tolima. Pero que ambos siguieran el derrotero de Gentil Duarte no significó que unieran fuerzas y estrategias, como tal vez les convenía. Por el contrario: fue un hito para la fractura y la lucha intestina por el liderazgo de las tropas irregulares.
Las consecuencias de esas secesiones se hicieron sentir con el olor a pólvora la semana pasada en el Alto Apure, en Los Llanos del suroccidente de Venezuela, y le dan contexto a las grabaciones de hace un año en la asamblea en el estado Amazonas que ahora Armando.info da a conocer. En estas, los guerrilleros tratan de convencer a los indígenas de que su reciente control de la región es beneficioso, y en ese esfuerzo de persuasión cuentan muchos de sus antecedentes y planes en la región sur de Venezuela.
El arbitraje de Maduro es con bombas
El domingo 21 de marzo de 2021, la Fuerza Aérea venezolana bombardeó campamentos de grupos de disidentes de las Farc en la población de La Victoria, en el estado Apure, fronterizo con el departamento colombiano de Arauca. De acuerdo a la información que trascendió, allí acampaban efectivos del Frente Décimo Martín Villa, bajo el mando de Eliécer Jiménez, alias Arturos, y Fabián Guevara Carrascal, alias Farley. Estos, a su vez, están ligados a la estructura del Frente Primero de Gentil Duarte, el mismo que en 2020 aparecía comandando el Frente Acacio Medina en el estado Amazonas.
Los combates resultaron sorpresivos en medio del entendimiento convencional de que el régimen de Caracas acepta convivir en las zonas limítrofes con los grupos rebeldes colombianos, si es que no los ha hecho sus aliados. La ofensiva de las tropas venezolanas sobre las posiciones de Gentil Duarte dan el indicio de que el presidente Nicolás Maduro ha decidido intervenir en el conflicto interno de las disidencias de las Farc.
El gobierno de Venezuela informó que la operación formó parte del plan Escudo Bolivariano 2021, con un saldo de dos militares venezolanos fallecidos y un guerrillero, identificado solo como alias El Nando, dado de baja. El Ministerio de Defensa informó también sobre la detención de 32 personas y la destrucción de seis campamentos en los que los militares venezolanos habrían decomisado armas, municiones, explosivos, vehículos y droga.
En represalia, la noche del martes 23 de marzo los disidentes de las Farc que obedecen a Gentil Duarte, esta vez identificados como miembros del Frente 28, atacaron con explosivos un edificio del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) en La Victoria. En un video difundido ampliamente en las redes y medios de prensa, tres guerrilleros uniformados y armados, rechazaron el ataque del Ejército venezolano: “Nos unimos en solidaridad con el Frente Décimo y atacaremos las bases militares del Ejército venezolano (…) no queremos seguir con este desangramiento de Venezuela, daremos una respuesta militar y nos defenderemos”, aseguraban.
Esta inédita dinámica de ofensivas y contraataques pone en el terreno militar la ruptura de Maduro con al menos uno de los grupos escindidos de las Farc que se han hecho fuertes en la frontera colombovenezolana. Los voceros del régimen de Caracas, como el propio Maduro, han enarbolado la causa de la defensa de la soberanía ante grupos «apoyados por el Comando Sur y el gobierno de Colombia» para justificar los combates y la previsible escalada a continuación. Pero abundan las evidencias de que hasta hace poco más de un año, al menos, las autoridades venezolanas mantenían compromisos de orden político y de seguridad territorial con esos grupos. Algunas de esas evidencias ahora llegan desde el estado Amazonas.
La invasión
La presencia de los grupos insurgentes colombianos en territorio venezolano no es una novedad y, aunque el gobierno de Venezuela se empeñe en negarla de manera oficial, para los Uwottüja del municipio Autana -uno de los siete municipios que conforman el estado Amazonas- aquella reunión celebrada en Pendare a comienzos del año pasado no fue más que la continuación de una larga serie de eventos.
En 2013, un movimiento inusual de embarcaciones que surcaban los ríos de noche, y el posterior hallazgo de huellas dejadas por botas en los caminos tradicionales de las comunidades indígenas, encendieron las alarmas en la población. La presencia de los forasteros terminó por confirmarse.
El 14 de mayo de ese año, un miembro de la familia Uwottüja sirvió de emisario a los guerrilleros para hacer llegar a Otilio Santos, Coordinador General de la Organización Indígena del Pueblo Uwottüja del Sipapo (Oipus), una invitación para asistir a un denominado Encuentro con las Comunidades Indígenas del río Sipapo y sus Afluentes, firmada por las Farc-EP. El primer punto de la agenda en la reunión planteada por la guerrilla era: “Nuestra presencia en el territorio”.
No eran las guerrillas desmovilizadas de unos años más tarde. La guerra seguía en Colombia y las Farc, el grupo guerrillero más antiguo del país vecino y de todo el hemisferio occidental, llegaba a ese sector de la orilla derecha del Orinoco medio.
Alarmados, los miembros de Oipus convocaron a una asamblea urgente en la comunidad de Caño Uña, a la que se sumaron más de 60 delegados de las comunidades de las riberas de los ríos Sipapo, Cuao, Autana, Guayapo, y del propio Orinoco Medio, del que aquellos son tributarios. “Los guerrilleros suben embarcaciones con cargas de alimentos y combustible de día y de noche, ocultos bajo tendidos de lona. Habitantes de las comunidades ubicadas en el río Autana, aseguran que desde la boca del río Autana hasta Ceguera, los guerrilleros circulan libremente, y que de noche se intensifican sus operaciones. A lo largo de este río Autana, hay campamentos, donde todas las noches aterrizan y despegan avionetas; donde se presume que hay varias pistas de aterrizajes clandestinas”, denunció la organización en un comunicado público emitido en 2013.
Tras dos días de debates los piaroa decidieron comunicar a la guerrilla el “total desacuerdo con la presencia y desplazamiento de estos grupos en el territorio”, instándolos a encontrar “alternativas para retornar a su lugar o país de procedencia”.
Pese al llamado, los guerrilleros apenas se movieron de lugar. Mudaron el campamento que tenían en la boca del río Sipapo al sector Pico de Loro, a orillas del río Autana, en un intento por disminuir las tensiones.
Aunque ya para entonces la guerra en Colombia entraba en un ocaso al final canalizado por los diálogos de paz, desde entonces nada volvió a ser igual para los cerca de 8.000 aborígenes que habitan el municipio Autana. Los rebeldes no atendieron los reclamos de los indígenas e instalaron campamentos en sus territorios, aumentaron el tamaño de su contingente, tomaron el control de minas ilegales de oro, que además se multiplicaron a la sombra de su dominio, y se empezaron a coordinar con otros forasteros armados, los miembros del ELN.
Los líderes de Oipus designaron, tan temprano como en 2013, una comisión que viajó a Caracas a presentar sus reclamos en el Palacio de Miraflores, sede de la presidencia. Entregaron copias de la denuncia al Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Parlamento Indígena, la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional y a la organización defensora de derechos humanos Provea.
Sin respuesta institucional en la capital venezolana, acudieron a instancias regionales del estado Amazonas. Llevaron sus reclamos a la Fiscalía Superior del estado, al Consulado de Colombia en Puerto Ayacucho, la Defensoría del Pueblo, la Brigada de Infantería de Selva del Ejército, Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (CEOFANB), Corpo-Amazonas, la Dirección de Ambiente del estado Amazonas y la Alcaldía del municipio Autana.
Finalmente enviaron una comunicación a la Almiranta en Jefe Carmen Teresa Meléndez Rivas, para entonces Ministra de Defensa.
Nadie respondió.
La interrogante de por qué nadie los había atendido perduró por siete años. Paradójicamente, serían los propios guerrilleros en persona los primeros y únicos que les darían la cara para explicar el mutismo oficial.
La mañana del 23 de febrero de 2020, los guerrilleros llegaron a la comunidad para celebrar la asamblea a la que habían convocado. Venían armados y uniformados. Los pobladores de las riberas de los ríos Autana, Cuao, Sipapo, Guayapo y del curso medio del Orinoco los esperaban desde el día anterior.
Pendare, la comunidad donde iba a tener lugar la asamblea, suele alojar a 350 habitantes. Está a apenas unos 25 kilómetros de Isla Ratón, la capital del municipio Autana, justo en la confluencia de los ríos Sipapo y Orinoco. En realidad no se trata de un sitio recóndito. De hecho es bastante accesible, a solo 70 kilómetros río arriba desde Puerto Ayacucho, la capital del estado. Algo más al este se encuentra uno de los principales reclamos turísticos de la región, el Cerro Autana, el tepuy que da nombre al río y al cantón, que con su aspecto de tronco serruchado y su sistema interno de cavernas sirve de origen a la mitología de los pueblos cercanos.
Según se oye en las grabaciones, la lectura de un comunicado exigiendo la desocupación de los territorios animó a las filas indígenas. “Cansados de que los gobiernos no atiendan nuestros problemas y necesidades, cansados de que nuestras familias no puedan movilizarse, ni sacar sus productos, porque dependemos de unos grupos o personas ajenas a nuestro territorio, hemos decidido defendernos por nuestros propios medios”, proclamaba el texto, también entregado a los invasores.
Pero los guerrilleros fueron claros en afirmar que las tierras ancestrales de los piaroas eran ahora tierra ocupada y tomada con la connivencia del gobierno de Caracas.
“Las Farc y ELN tenemos unos compromisos de orden político y nosotros, con todo el respeto y el cariño a ustedes no podemos firmar», manifestó un uniformado que se identificó como miembro de las Farc y parecía llevar entonces las riendas del evento. En ese momento declinaba suscribir un pacto de desocupación de las tierras que los aborígenes le habían ofrecido. «Nosotros somos los jefes operativos de los territorios, pero tenemos jefes superiores y tenemos que consultar con el gobierno. Con el gobierno, comenzando por Gobernación, Alcaldía y los jefes de los pueblos indígenas de Amazonas, con el Psuv, con el PPT, con Tupamaros (…) porque son las organizaciones con las que nosotros tenemos trabajos políticos en Venezuela y con las que manejamos las cosas de ley”, detalló según los audios entregados a Armando.Info.
En realidad fueron tres los oficiales guerrilleros que hicieron las veces de portavoces de los irregulares y de interlocutores de los pobladores. Dos de ellos dijeron pertenecer a las Farc y uno al ELN. Los tres estaban rodeados por un anillo de seguridad conformado por hombres que, según luego contaron los indígenas presentes en el encuentro, habían sido vistos en compañía de miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en las poblaciones de Isla Ratón, Boca Sipapo, Morganito y Samariapo.
El representante del ELN, quien se identificó como Domingo, afirmó que solo el máximo comandante del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, junto al Estado venezolano, “dirán si se sale o no se sale del territorio (…) ¿Hay un compromiso ante el Estado venezolano? Sí lo hay. Aunque no lo crean. Creamos retaguardia internacional aquí en Venezuela”, afirmó. “El país tiene problemas muy serios de seguridad, no solo los de la gasolina (…). El país tiene una amenaza de posible invasión. El país necesita amigos, aliados, colaboradores, servidores y vecinos, por eso están las Farc y el ELN para el gobierno (…) para las fuerzas armadas y los territorios. Tampoco hemos suplantado ni vamos a suplantar a la fuerza pública, por el contrario, lo que se hace es coordinar las actividades políticas, sociales y coordinar las actividades de seguridad territorial. ¿En estos momentos qué se está coordinando? Seguridad binacional”.
El disidente de mi enemigo es mi amigo
De la presencia de las Farc en el estado Amazonas se sabe desde hace al menos 20 años. El cambio en el paisaje vino con la presencia de miembros del ELN, mucho más reciente. En las grabaciones se relata casi como un hecho que se desarrolla en vivo: «Los compañeros del ELN ya están llegando», se oye decir a un representante de las disidencias de las Farc en la asamblea de Pendare.
Su aviso en cierta manera confirma lo que vienen reportando las autoridades colombianas: el ELN migró a partir de 2016 desde Apure, uno de sus santuarios tradicionales, al Amazonas venezolano, fronterizo por el oeste con los departamentos colombianos de Vichada y Guainía.
Un suceso de julio de 2020 -cinco meses después de la asamblea de Pendare- sirvió de ruidosa ratificación de la importancia que esa zona a ambas orillas del Orinoco ha cobrado para el Frente José Daniel Pérez Carrero del ELN. Entonces tropas del Ejército de Colombia destruyeron un laboratorio para el procesamiento de pasta base de coca en el municipio de Cumaribo del departamento de Vichada. Un año antes, nueve miembros del ELN pertenecientes a ese frente fueron capturados por el Ejército colombiano en esa misma zona.
La presencia de ambos grupos guerrilleros, que durante la asamblea en Pendare aseguraron a los indígenas tener un área de influencia en el bajo Guainía y bajo Vichada de Colombia, y los estados venezolanos de Amazonas y parte de Bolívar y Apure, en Venezuela, fue confirmada en una Alerta Temprana emitida por la Defensoría del Pueblo colombiana de Guaviare, en el departamento de Guainía, en diciembre del 2019.
En la alerta se advierte sobre “la presencia de Grupos Armados Organizados (GAO) como las disidencias del Frente Acacio Medina de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP) al norte y el oriente del departamento, y del Frente José Daniel Pérez Carrero del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en la zona de frontera, que genera amenazas, homicidios selectivos, desplazamientos individuales, reclutamientos forzados de menores y migrantes adultos, explotación y abusos sexuales, y restricciones a la movilidad”.
Por su parte, la ONG Control Ciudadano calcula desde Caracas que al menos 2.000 combatientes de grupos irregulares colombianos se encuentran en territorio venezolano.
Grupos disidentes de las antiguas Farc y el ELN, establecieron en territorio venezolano una estrategia de trabajo conjunta que en el pasado y en Colombia era impensable. En Colombia, ambos grupos protagonizaron un largo historial de enfrentamientos en la disputa por el control de territorios y áreas de influencia. Para el politólogo e investigador colombiano, Eduardo Álvarez Vanegas, que ha estudiado las trayectorias de los grupos guerrilleros en Colombia, esto es una cuestión de supervivencia: “Tienen que interactuar y tener diálogos en lo táctico y en lo instrumental, y para ello tienen que coordinar. Ambas fuerzas coinciden en el fracaso del acuerdo de paz. En ese sentido están siendo pragmáticas y se estableció entre ellas un pacto de no agresión. Dudo sobre una alianza, pero sí coordinación”.
En los audios de la asamblea, los guerrilleros colombianos del Frente Acacio Medina aseguran que el gobierno de Venezuela, que hoy los combate, les había dicho: “Tenemos el deber moral de prestarles la casa para que se reorganicen, vivan un tiempo, trabajen y sigan la lucha”. «Somos amigos, somos aliados”, concluye uno de los voceros de las disidencias de las Farc para dar fe de la relación y coordinación que los guerrilleros decían sostener para ese entonces con el régimen de Maduro.
Repliegue táctico
El Frente Acacio Medina es viejo. Al menos tiene nueve años. Es consecuencia de una política diseñada por las Farc a partir de una decisión de su VIII Conferencia, celebrada en abril de 1993 en el Guaviare, otro departamento de la Orinoquia colombiana. En el congreso se determinó la conveniencia de aumentar la presencia de la guerrilla en la frontera para diversificar sus finanzas y planificar posibles repliegues tácticos a países vecinos.
Así que el Frente Acacio Medina reunió girones de los frentes 1,7, 16, 27, 40, 42, 43, 44 y 55, y tuvo su acto fundacional en 2012 en las riberas del río San Miguel del municipio Maroa, en territorio venezolano, un dato que fue ratificado por uno de los comandantes guerrilleros de las Farc disidentes que hablaron en la asamblea de Pendare. “Desde entonces hemos estado haciendo presencia”, dijo el uniformado, reivindicando una tradición.
El investigador Eduardo Álvarez Vanegas explicó que entre 2007 y 2008 las Farc ubicaron tres compañías, identificadas como Isaías Pardo, Alberto Ruiz y Lorenzo Linares, en zonas de frontera con Venezuela y Brasil. La finalidad de esos aliviaderos en la selva era la de servir de baluartes para algunos guerrilleros marquetalianos (los más antiguos en las Farc), que por su edad y condición física no estaban más en capacidad de participar en las operaciones militares. Fueron reubicados en la frontera, donde podrían ser tratados médicamente y apoyar la logística de la organización guerrillera. A partir de este momento, las Farc advierten la importancia de la frontera, no solo como zona de retaguardia, sino también como área estratégica para sus finanzas, abastecimientos logístico, médico, armamento y avance político tanto nacional como internacional.
En 2018, Armando.infopudo seguir la pista del avance del Acacio Medina en la selva venezolana. Para entonces, el Frente había penetrado por el río Atabapo y tomado el control de los yacimientos auríferos en el Parque Nacional Yapacana, ubicado en el municipio Atabapo de Amazonas, donde cobraban y continúan recaudando vacuna a cambio de seguridad.
“Los pueblos indígenas de Yapacana hacen parte de la explotación minera, donde nosotros hacemos presencia, claro. Tenemos reuniones permanentes. Las comunidades cobran una cuota, la Guardia Nacional Bolivariana cobra una cuota y a la guerrilla nos toca una cuota por seguridad”, reveló en la asamblea de febrero de 2020 uno de los voceros de las disidencias de las Farc.
Las declaraciones del insurgente sugieren que el Acacio Medina y el ELN ya habían avanzado para esa fecha hasta territorios del estado Bolívar, mucho más al norte y al este, donde se concentran grandes yacimientos minerales que ahora explotan en el marco del llamado Arco Minero del Orinoco, una agresiva iniciativa extractiva desarrollada por el gobierno de Maduro desde 2016. “En estos días tuvimos reuniones con los 75 líderes del territorio de los pueblos indígenas que están en la explotación minera en Caicara, Manapiare, Parguaza, El Burro, con los asesores del Ministerio de Pueblos Indígenas. Hay minas, hay oro, hay coltán. ¿Quiénes lideran esas reuniones? El Gobierno. ¿A quiénes invitan? Al ELN y a las Farc. ¿Por qué nos invitan? Porque somos amigos y aliados de la vida política y la seguridad nacional del país. ¿El Arco Minero qué necesita? Seguridad en el territorio, y la seguridad no la pueden prestar ni los malandros ni los paramilitares. La prestan la fuerza pública, el gobierno, los pueblos indígenas y las organizaciones revolucionarias amigas”, se oye en el audio filtrado.
Oponerse al Arco Minero del Orinoco en la región puede costar la vida. Así le ocurrió a Freddy Menare, miembro fundador de la organización piaroa Oipus, quien la noche del 12 de mayo de 2017 fue asesinado por sicarios que le dispararon por la espalda mientras caminaba por la avenida Orinoco de Puerto Ayacucho.
Menare también se oponía al megaproyecto gubernamental, así como a la presencia de grupos armados irregulares y de las mafias mineras que operan en la zona en connivencia con los militares. El crimen fue repudiado por la propia Oipus y por el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes (ULA) en Mérida, que destacó que el asesinato “se da en un contexto de criminalización de la protesta indígena contra los proyectos extractivistas que amenazan los territorios del pueblo Uwottuja de la Cuenca del Sipapo del Estado Amazonas”.
La nueva resistencia indígena
Desde 2013, los miembros de Oipus han liderado la resistencia a esa conquista de sus territorios. Por eso no es de extrañar que estén en la línea de fuego. Pero la violencia es un escenario que los guerrilleros prefieren evitar. De hecho, cada vez que pueden expresan su respeto a las posturas de los pobladores originarios, aunque sin acatar sus demandas de fondo. Durante el encuentro en Pendare dejaron claro que van a evitar confrontaciones con las comunidades locales. Según expresaron los voceros de los irregulares, los acuerdos de cooperación deben lograrse a través de “mecanismos de dotación y satisfacción de necesidades”, en estas regiones distantes de la administración central, aisladas y empobrecidas.
“Las Farc es una organización del pueblo y para el pueblo, que trabaja con el pueblo y convive con el pueblo. Nosotros lo tenemos claro y el gobierno nos lo ha exigido: no se metan en las comunidades indígenas que no autoricen la presencia de ustedes. ¿Qué nos han dicho los superiores a nosotros? Comunidad indígena que no quiera que ustedes lleguen, no lleguen. Colaboren con las comunidades indígenas. También nos han dicho los generales y el mismo Gobernador: si ustedes pueden colaborarles a los pueblos indígenas, colabórenle”, se esforzó en aclarar el representante de la Farc, quitando hierro a su presencia.
Por su parte el representante del ELN dijo: “Donde quiera que nosotros llegamos pedimos permiso. El ELN o los camaradas de las Farc no estamos reclutando a nadie. El que se incorpora lo hace voluntariamente. Sin embargo, no estamos autorizados para incorporar indígenas al ELN. La lucha guerrillera en Colombia es histórica y de origen campesino. La Farc y el ELN nacen como respuesta de los campesinos organizados en la defensa de la tierra. Por eso nos preocupa, y con respeto nos duele, que un territorio indígena nos diga que no podemos estar ahí porque no estamos defendiendo el territorio”.
Para el académico Álvarez Vanegas luce claro que la guerrilla colombiana ha aprendido a manejarse con las poblaciones locales: “Hay una relación de vieja data por las mismas dinámicas locales de confrontación y las necesidades de la guerrilla. Hay un aprendizaje político, hay una injerencia en esos territorios y cualquier acción que afecte a las poblaciones locales tendrá costos. Por eso evitan las expresiones violentas o cualquier comportamiento predatorio”.
Defender el territorio
En la asamblea celebrada en Pendare, 287 indígenas «provenientes de los sectores Coromoto Cuao, Caño Gato, Caño Venado, Isla de Lecho, Cayo Grulla, Caño Guaca, Barranco Tonina, Caño Guama, Caño Piojo, Caño Grulla II (Arakji), Puerto Esperanza, Piedra Tonina, Mavaco de Autana, Caño Rana, Boca de Cuao, Manaca, Laguna Bagre, Laguna Moriche, Sardinita, Raudal de Sefuera y Monte Negro”, fueron enfáticos en su “decidida postura de defender el territorio” y rechazaron la supuesta autorización que el gobierno venezolano habría dado a los guerrilleros para ocupar ciertas áreas.
“El presidente [Maduro] se equivocó con nosotros, la Constitución dice que el gobierno tiene que consultar antes de hacer cualquier cosa, ya sea minería o para que esté en nuestro territorio la fuerza que ustedes representan. A nosotros nunca nos consultaron, ese es el primer error de este gobierno. Por eso nosotros estamos defendiéndonos”, dice uno de los indígenas que participó en la asamblea.
Pronunciamiento del pueblo indígena
“Las acciones que vamos a tomar son de manera pacífica. Nosotros no nos vamos a matar entre nosotros. Nosotros somos gente pacífica, pero no somos tontos. Nosotros sabemos las actividades que ustedes hacen”, también afirmaron los voceros indígenas, quienes además se quejaron de los conflictos internos que se han presentado entre familias “porque un reducido número de personas de las comunidades aceptaron unirse a cambio de los beneficios económicos”.
También mencionaron que ya hubo un primer enfrentamiento con los irregulares en noviembre del 2019 en el sector del Alto Guayapo, otro río del municipio Autana, donde estos grupos armados habían logrado pasar maquinarias para explotación y extracción de minerales de manera ilegal.
En la asamblea de febrero del año pasado, los indígenas acordaron aumentar la presión hacia los guerrilleros mediante el cierre del paso de los ríos y la creación de una “Guardia Territorial Indígena”, una figura que han instalado otras comunidades ante el auge de la minería ilegal y la presencia de grupos armados en sus territorios.
Los guerrilleros pidieron a los indígenas que no cerraran el paso por los ríos, una arteria vital para la movilización y logística de los grupos armados. “Utilizamos los ríos y algunas rutas para transitar. Nosotros nos movemos en el territorio. Las comunidades de arriba saben que nosotros tenemos unos caminos, y las comunidades nos han pedido gasolina, anzuelos, hasta comida. ¿Y qué le hemos quitado a las comunidades? Nada. ¿Qué nos han ayudado las comunidades a pasar por las trochas? La comida, el calzado, los uniformes, el combustible, y les hemos pagado a nuestros compañeros indígenas. Uniformes, balas, fusiles, medicinas, compañeros enfermos. Y en muchos territorios hay pistas donde recibimos armamentos, uniformes, medicamentos, comida, calzado y recibimos compañeros que vienen de otros territorios, porque no nos podemos mover por el territorio colombiano porque nos capturan y nos matan”, dijo uno de los guerrilleros.
Molestos, los voceros indígenas dijeron que, ante la falta de solución a sus problemas, acudirían a instancias internacionales. “Eso sería una traición a la patria”, contestó el vocero identificado como miembro del ELN.
Finalmente, los guerrilleros se retiraron de la comunidad con la promesa de comunicar al alto mando de ambas fuerzas el reclamo. En los siguientes seis meses, los piaroas confirmaron que los guerrilleros habían mudado sus campamentos a las riberas del río Orinoco, pero solo por un breve lapso. Al poco tiempo volvieron a adentrarse al este, a las orillas de los ríos Sipapo, Cuao, Autana y Guayapo, donde cada día aumenta la tensión.
El 15 octubre del año pasado la asamblea de Oipus pidió al gobierno venezolano protección para sus miembros, debido a amenazas que recibieron de grupos armados dedicados a la minería ilegal. La intimidación se inició cuando los integrantes de la guardia indígena retuvieron embarcaciones cargadas con combustible, que posiblemente iban a ser utilizadas en actividades de minería. Los indígenas decidieron impedir el paso del grupo para así evitar que el combustible llegue hasta la cabecera de la cuenca, en los ríos Autana y Guayapo, vitales para su supervivencia. Las escaramuzas se suceden en ese sector del Orinoco medio y pueden dar paso a un conflicto abierto.
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