Documentos oficiales de la investigación que realizan autoridades judiciales españolas por la Operación Caranjuez, revelaron que el presidente de la compañía contratista Derwick Associates, Leopoldo Alejandro Betancourt, pagó 500.000 euros a José Aliste, abogado que forma parte de una red de extorsión a exfuncionarios y empresarios venezolanos.
El presidente de Derwick realizó el pago al abogado ibérico que forma parte de un grupo investigado por extorsionar a exfuncionarios y empresarios venezolanos. El concepto de la factura dice: “Honorarios profesionales por Consultoría y Asesoramiento en la dimensión de Medios de Comunicación Social…”, publica El Periódico de España
La información publicada la mañana de este miércoles en Madrid por El Periódico de España, detalla que Aliste ingresó a sus cuentas el dinero pagado por Betancourt con el amparo de una factura del 4 de mayo de 2015 cuyo concepto dice, de forma literal: Honorarios profesionales por Consultoría de Medios de Comunicación Social. Según Hoja de Encargo Profesional Asto. LA (sic) Betacourt”.
Según el documento oficial, Aliste estaba encargado de labores de asesoramiento, tanto a Betancourt López, a su familia en línea directa y a su sociedad Derwick Associates Corp.
En un párrafo de la página 122 del expediente elaborado por la Brigada Central de Investigación Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Nacional Española, a la que tuvo acceso El Pitazo, los funcionarios judiciales destacan que: “Tal y como se expondrá, José Martín Aliste aparece vinculado a los investigados Nervis Villalobos, Rafael Reiter Muñoz y Javier Alvarado, así como al denunciante Carlos Luis Aguilera Borjas y con el empresario venezolano Alejandro Betancourt. De todos ellos recibió pagos y al menos en el caso de Carlos Luis Aguilera los recibió por supuestas capacidades para influir en funcionarios de la Policía Nacional y del Sepblac”, comenta la autoridad judicial española en la página 122 del expediente
23 páginas después, los funcionarios describen así textualmente al presidente de la contratista que recibió 12 proyectos de obras eléctricas en Venezuela, durante el gobierno de Hugo Chávez: “Leopoldo Alejandro Betancourt López es un empresario venezolano y co-fundador junto a Pedro Trebbau del conglomerado empresarial Derwick Associates Corp dedicado al sector energético y relacionado con múltiples casos de corrupción en Venezuela y Estados Unidos”.
La Operación Caranjuez comenzó a ser investigada por autoridades españolas a partir del año 2017 cuando Javier Alvarado, exviceministro de Energía Eléctrica de Hugo Chávez; y el exdirector de la Disip, Carlos Aguilera Borjas, denunciaron a una red presuntamente conformada por el abogado venezolano-estadounidense Martín Rodil, el abogado español, José Aliste; un supuesto agente de la inteligencia israelí, llamado Avi; y el comisario José Manuel Villarejo.
Ellos ofrecieron protección ante las investigaciones desarrolladas por la Policía Nacional de España y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Ministerio de Asuntos Económicos de España (Sepblac).
También garantizaron documentos españoles a los exfuncionarios, además de la promesa de no ser extraditados. Los extorsionados, junto a los cerca de 1,1 millones de euros que pagaron a Aliste, debían entregar información sobre el financiamiento chavista a Podemos, de acuerdo con lo expuesto en el expediente y en la prensa española, que sigue el caso desde marzo de este año.
De acuerdo con las autoridades, las actividades de este grupo de presuntos extorsionadores está relacionada con el blanqueo de capitales que realizaba el argentino Luis Fernando Vuteff, yerno del exalcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, para corruptos venezolanos.
Autoridades suizas detuvieron a Vuteff el 24 de junio, tras ausentarse de España, donde debía declarar en octubre sobre las denuncias en su contra. La justicia estadounidense requiere su extradición para que aclare su participación en el caso Money Flight, que involucra a los empresarios venezolanos Raúl Gorrín y Francisco Convit.
El jueves 30 de junio estaba previsto que Javier Alvarado y otros testigos declararan en el tribunal en contra de la red de extorsión, pero el acto fue suspendido de acuerdo con información de fuentes judiciales españolas.
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