La migración venezolana ha servido de negocio a grupos de extrema derecha, tanto en Venezuela como fuera de nuestras fronteras, quienes aprovechándose de las circunstancias propiciadas por el ataque económico que ha vivido el país por parte de potencias occidentales, han encontrado maneras de aumentar sus arcas.
Desde la Asamblea Nacional (AN), en 2021, comienza a trabajar una Comisión Especial para Investigar los Crímenes contra los Migrantes Venezolanos. La instancia parlamentaria realizó una investigación que fue presentado en un informe de casi 400 páginas.
En el documento se evidencian los planes de distintos actores para lucrarse de «ese movimiento migratorio, que se dio fundamentalmente por razones económicas, que era realmente la causa principal», tal y como explicó a Últimas Noticias el presidente de esta instancia parlamentaria, diputado Julio Chávez.
La génesis de dicho plan fue el año 2011 bajo la campaña “Me iría demasiado”, frase que salió de un audiovisual denominado Caracas Ciudad de Despedidas y que fue denunciado en su momento por el Comandante Hugo Chávez debido a que pretendía incentivar la migración de los jóvenes, en especial de la clase media.
«Fue un daño terrible esa campaña de ‘Me iría demasiado’, revisen los antecedentes. El Comandante Chávez se adelantó y advirtió sobre esto y ellos (la oposición) siguieron. Entre ellos estaban Alberto Ravell y Leopoldo Castillo», recordó el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello en su programa radial Sin Truco Ni Maña del pasado 7 de febrero.
En este sentido, el diputado Chávez explicó que para lograr este objetivo los operadores políticos utilizaron elementos de la neurociencia “como un arma de guerra”.
La finalidad de la misma era estimular la corteza cerebral con mensajes transmitidos en las aplicaciones de redes sociales que eran consumidos a través de dispositivos móviles (celulares, tablets, computadoras).
A este plan también se unieron grandes cadenas mediáticas, nacionales e internacionales, para “encadenarse” con dichos mensajes.
Esto propició una primera oleada de migración, entre la que ya se encontraban dirigentes de la extrema derecha que se establecieron concretamente en países como Colombia, Chile, Ecuador, Panamá, República Dominicana y con un epicentro en Perú.
En este último país, ejemplificó Chávez, una Organización No Gubernamental (ONG) llamada Unión Venezolana en Perú, dirigida por Oscar Pérez, quien era un dirigente opositor en Miranda, ya estaba solicitando recursos para el funcionamiento de la misma.
Pérez se había declarado “perseguido político” como excusa para salir del país, sin embargo, dijo el parlamentario, “eran unos delincuentes” que estaban escapando de la justicia venezolana.
Supuestos paquetes turísticos
La forma de captación para quienes deseaban salir del país fue a través de ofertas por medio de “paquetes turísticos”, que tenían como finalidad mover a la población venezolana hacia estos países.
Los operadores políticos, bajo esta fachada, utilizaron las plazas Bolívar de las principales urbes del país para ser el punto de partida de la migración que posteriormente los llevaría a su destino final.
Pero, ¿qué ofrecía el paquete turístico? El diputado Chávez explicó que luego de salir de su lugar de origen, las personas estaban un día en San Antonio del Táchira, para hacer el recorrido que escogieron.
“Dependiendo de la trayectoria había costos distintos dependiendo cómo te ibas a ir: si había cierto nivel de confort, pernoctas, comida… si no, bueno, más económico, y así, diferentes opciones para comenzar a estimular esta primera oleada migratoria”, acotó.
Pero mientras esto sucedía en Venezuela, jefes de Estado de estos países de la región, que eran de tendencia de derecha o extrema derecha, daban accesibilidad a los migrantes venezolanos, usando como puentes las ONG creadas por operadores políticos venezolanos.
Las nueve pioneras
En el documento elaborado por la Comisión Especial de la AN se estipula que hicieron una revisión de las ONG que recibieron dinero con la finalidad de “ayudar” a la migración venezolana.
Las primeras respuestas la encontraron en el portal web de Proyecto Migración Venezuela, el cual reveló que nueve ONG que trabajan con refugiados y migrantes “recibirán financiamiento” a través del programa Conectando Caminos por los Derechos, de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y su socio estratégico Innpactia, que es una figura jurídica “para fomentar la inversión de impacto en América Latina”.
El documento muestra que las nueve ONG están establecidas en Colombia y son:
- Fundación Alipayana, (Departamento de Nariño).
- Fundación Frida Khalo, Restaurando Vidas (Departamento del Norte de Santander).
- Corprovid (Departamento del Norte de Santander).
- Funbdación Brisas del Norte (Departamento de la Guajira).
- Fundación Escuela de Estudios Feminista de Cali (Departamento de Valle del Cauca).
- Agencia Cultural 7-80 de Barranquilla (Departamento del Atlántico).
- Coporación Red colombiana de Apoyo a la Diversidad en Bogotá (Departamento de Cundinamarca).
- Asociación de Venezolanos en Nariño (Departamento de Nariño)
- Corporación Voluntariado Venezolano (Departamento de Antioquía).
Según el texto, dichas organizaciones tendrían mentorías y talleres de fortalecimiento, además de recibir “una financiación de 6.000 dólares”.
El parlamentario agregó que en el estudio realizado por el Observatorio Venezolano de Migración, el cual está tutelado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), tenían 46 ONG en territorio colombiano.
Las mismas son las siguientes:
- Foro Penal capítulo Bogotá.
- Fundación Un Solo Pueblo (Cartagena de Indias).
- Fundación Mehuampi Venezuela (Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia, Goajira, Norte de Santander y Santa María).
- Utraven.co (Bogotá, Antioquía, Cali, Barranquilla y Cúcuta).
- Asociación Venezolana de Los Llanos –Llanovencol- (Meta, Casanare, Arauca y Vichada).
- Venezolanos en Barranquilla.
- Unión de Trabajadores Venezolanos y Colombianos Retornados (Bogotá, Antioquía, Barranquilla, Cali y Cúcuta).
- Venezolanos en Rionegro (Oriente de Antioquia).
- Colores de Igualdad (San Juan de Pasto).
- Venoticias.
- Migración en Positivo M+ (Bogotá).
- Fundación de Pana que Sí (Bogotá).
- Solidaridad Vinotinto (Medellín).
- Fundación Juntos se Puede.
- Organización de migrantes para la integración y prevención (Pasto).
- Fundación de Pana que sí (Atlántico).
- Venezuela sin banderas ni fronteras (Bogotá).
- Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano (Bogotá).
- Fundación para la investigación Musical de Colombia (Bogotá).
- Fundación comparte una vida en Colombia (Norte de Santander, Villa del Rosario, Cúcuta y Cartagena).
- Colonia venezolana en Colombia (Medellín).
- Fundación venezolana en Tolima.
- Fundación venezolana Nuevos Horizontes (Soacha y Bogotá).
- Colonia Colombo Venezolana de Zarzal (Valle del Cauca).
- Fundación Cultural Simón Bolívar (Boyacá).
- Asociación Vida y Futuro (Nariño).
- Fraternidad venezolana (Bogotá e Ipiales).
- ASOVENZ (Nariño).
- Venezolanos en Bogotá.
- Fundación venezolana en Colombia (Putumayo).
- Alianza de Comunicadores Venezolanos en Antioquía (Medellín).
- Asociación Salto Ángel (La Guajira).
- Fundarevivir (Soacha).
- Fundación Ana Piedrahita Funanpi (Valle del Cauca).
- Corporación CIEO (Caribe).
- Fundación Unidos Colombia y Venezuela ONG (Cali).
- Venezolanos que inspiran.
- Asociación para el desarrollo y promoción integral de los Derechos Humanos (Nariño y Valle del Cauca).
- Fundación Amiga Colombo-Venezolana (área Metropolitana de Medellín).
- Fundación Colombo-Venezolana Nueva Ilusión (Norte de Santander).
- Fundación Hijos de la Guajira (Municipio Maicao).
- Fundación Manitas Amarillas (Cundinamarca y Norte de Santander).
- Fundación venezolanos en el exterior (Valledupar).
- Instancia de participación social y voluntaria mesa diversa LGBTI (Bogotá).
- ONG Venezuela sin Fronteras (Bogotá).
- Organización Sin Fronteras (Manizalez).
“Lo que no pudimos indagar más, porque no abría la página web, fueron los nombres de quiénes estaban (al frente de ellas), pero si se deduce que es la UCAB, por supuesto, (están) vinculada a (Luis) Ugalde”, agregó Chávez, quien acotó que estas también recibían financiamiento desde Washington.
Además, dichas ONG también tenían vínculos con ex movilizados de los grupos armados de extrema derecha de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), así como de dirigentes opositores, especialmente ligados a Primeros Justicia y Voluntad Popular.
“Ahí estaba un tipo que trabajaba en la Asamblea Nacional que se llama Eduardo Bittar (…) quien fue secretario de la Comisión de Poder Popular y Medios cuando Tomás Guanipa fue el presidente. Este tipo en Colombia se quedó con todas esas ONG que fundó Guanipa (cuando regresó a Venezuela)”, agregó Chávez.
Bittar está solicitado por la justicia venezolana, a través de Interpol, debido a que fue uno de los promotores, en el año 2014, de las acciones violentas denominadas guarimbas en los estados Mérida y Anzoátegui.
Usurparon funciones
Y es que la estrategia en primer momento fue la de atacar y usurpar las funciones de la misión diplomática venezolana en territorio del vecino país.
“Quemaron inclusive el consulado de Venezuela en Bogotá, saquearon la embajada en Bogotá cuando esto es territorio neutral y debe ser protegido por la Convención de Viena”, recordó el diputado Chávez.
Entonces, agregó, cuando ya no había nadie que atendiera a los migrantes en Colombia, el gobierno del ex presidente neogranadino Iván Duque cedió esas funciones a las ONG.
“Es decir, privatizaron la atención consular y diplomática que debía prestar la misión venezolana. Ellos la desmantelaron”, enfatizó el parlamentario, quien agregó que estás ONG también emitían documentos oficiales.
“Esta es otra cosa grave, que ellos usurparon funciones de misiones diplomáticas, en algunos casos ofrecían hasta prorrogar pasaportes que solamente debían hacerlo las misiones diplomáticas nuestras”, sentenció.
¿Cuánto vale un migrante?
Esto propició que las ONG, quienes abultaron cifras de personas que llegaban al vecino país, pudieran solicitar más dinero para la supuesta ayuda a los migrantes, recursos que jamás llegaron a los afectados.
“¿Por qué era importante? Porque en la medida que había mayor cantidad de inmigrantes, mayor dinero solicitaría el gobierno de Colombia, en este caso el gobierno del presidente (Iván) Duque, para atender la catástrofe humanitaria por lo que ellos llamaban ´la diáspora´. Entonces, en la medida en que había mayor cantidad de población migrante que se desplazaba, más dinero ellos les pagaban”, acotó.
Y esto obedece a que el tema de la migración venezolana se politizó a escala internacional, lo que propició que fueran más cotizados en el mundo, traduciéndose en más recursos para los involucrados detrás del negocio.
“Un migrante sirio o un migrante ucraniano o un migrante africano no tenía el mismo costo del capital que un migrante venezolano”, resaltó el parlamentario quien recordó las palabras del dirigente de ultraderecha David Smolansky, quien era el encargado de los refugiados en el fallido Proyecto Guaidó.
El ex alcalde del Hatillo y prófugo de la justicia venezolana aseguraba que desde 2014 los países receptores con migración masiva han recibido donaciones de la comunidad internacional, comparando que un refugiado sirio valía 5.000 dólares mientras uno venezolano sólo 480 dólares.
“O sea que un refugiado venezolano vale 10 veces menos que un refugiado sirio”, dijo entonces Smolansky.
Sin embargo, estas acciones también propiciaron otros problemas para los migrantes venezolanos, como la trata de personas, en especial de mujeres, a quienes al pasar la frontera hacia Colombia les quitaban los papeles y las obligaban a la esclavitud sexual, muchas veces en grandes ciudades.
“Tenemos denuncias, testimonios de madres que llamaron a la Comisión diciendo: a mi hija la tienen escondida en Bogotá, en un en un sector que protegía la alcaldía de Bogotá, era Clara López alcaldesa de Bogotá en esa época”, explicó el diputado Julio Chávez.
Además, comenzaron las desapariciones de venezolanos, que se vendían como mano de obra barata, a manos de grupos irregulares en distintas ciudades del vecino país, lo cual fue denunciado por organizaciones sociales neogranadinas.
Uno de ellos fue Wilfredo Cañizarez, director de la ONG Progresar que vela por los derechos humanos en el vecino país, especialmente en la zona fronteriza, quien a través de una carta pública exigió al presidente Iván Duque rendir cuenta de los millones de dólares que había recibido su gobierno para supuestamente ayudar a los migrantes.
Cañizarez fue quien develó en 2019 las fotos donde se evidencia que Guaidó pasó la frontera al lado colombiano, de manera ilegal, con ayuda del grupo narco-paramilitar denominado Los Rastrojos, con la finalidad de ejecutar el plan para invadir a Venezuela bajo la fachada de traer ayuda humanitaria.
“En esos días 22 y 23, eran días de fiesta, júbilo y euforia de parte de miles de personas que llegaron de otras regiones del país, que esperaban por la caída del Gobierno del presidente Maduro. Llenaron las discotecas, llenaron los prostíbulos, consumían cocaína, en las noches los veías borrachos por todas partes. Realmente era una locura”, dijo Cañizares en una entrevista concedida al medio Sputnik.
En el 2019, a través de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Colombia recibiría 96 millones de dólares, tal como lo informó el entonces ministro de Relaciones Exteriores neogranadino, Carlos Holmes Trujillo, durante una reunión con representante de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, por sus siglas en inglés).
Un año después el vecino país recibiría 31,5 millones de dólares de apoyo presupuestario internacional, según un escrito de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia.
Además, debido a la Pandemia de la Covid 19, Colombia sería el país que se beneficiaría de la donación europea 2.500 millones de euros para los países que acogen a los migrantes venezolanos.
Pero en septiembre de 2021, Estados Unidos anunciaba que enviaría 336 millones en nueva ayuda humanitaria para el país neogranadino, lo cual fue celebrado por el presidente Duque.
“Ahí viene el dinero de países de Europa, algunas fundaciones en Europa, Parlamento Europeo y lo que venía de EEUU y todo eso lo juntaron ellos. Por eso siempre se convirtió en un gran negocio”, recordó el diputado Chávez.
Para el parlamentario, la migración venezolana, además ayudó al desarrollo de muchos de los países receptores, debido a que había muchos profesionales de distintas áreas que fueron a ocupar puestos de trabajo, con bajos salarios, pero con muy buena calidad.
En el año 2022 la migración venezolana en Colombia generó unos 529,1 millones de dólares en ingresos fiscales, según un estudio realizado por la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas (OIM).
Extremistas se juntan
Este tipo de comportamientos se evidenció luego con los presidentes derechistas de la región, pero el caso más sonado son los nexos entre integrantes de Voluntad Popular con el presidente salvadoreño Nayib Bukele, su familia, y su entorno más cercano.
Los venezolanos Sara Hanna George, Miguel Zavala, Miguel Arvelo, Tomás Hernández, Rodi Rodríguez, Santiago Rosas, Ernesto Herrera, Juan Carlos Gutiérrez y Lester Toledo, operan como un “gobierno paralelo” por encima de la jerarquía de los ministros y le responden directamente a la familia Bukele.
“Todo en la extrema derecha venezolana están comprometidos con la política genocida que adelanta el gobierno de Bukele en materia de derechos humanos contra los migrantes venezolanos y contra los propios salvadoreños, asesorados directamente por Voluntad Popular”, agregó el diputado Chávez.
El nexo entre Voluntad Popular y Bukele y su partido Nuevas Ideas se evidencio en la campaña electoral de 2021 cuando la empresa de Lester Toledo Salto Angel Consulting, sociedad domiciliada Delaware, Estados Unidos, desarrollaron una herramienta llamada “Cyan”, con la que hicieron el monitoreo de los resultados de la elección legislativa y municipal de ese año, según reseña el medio salvadoreño El Faro, que ahora es perseguido por Bukele tras develar los pactos del mandatario con los líderes de las bandas criminales de ese país.
En 2020, durante la Pandemia, el dirigente de Voluntad Popular participó como “asesor” en el Programa de Emergencia Sanitaria (PES), que tenía como propósito llevar alimentos a 2.7 millones de salvadoreños a través de donaciones internacionales.
Este programa social se desarrolló con fuerza entre el 15 de abril y el 30 de mayo de ese año, cuando se hicieron el 95% de las compras de alimentos por un monto de 231 mil 200 millones de dólares.
Sin embargo, dicho programa social fue cuestionado por el “manejo discrecional y poco transparente del reparto y manejo de los alimentos”, dice otro artículo del medio El Faro.
Esta responsabilidad fue otorgada a Toledo, debido a que en 2019 coordinó la coalición Ayuda y Libertad que agrupaba a varias ONG y era la encargada del manejó en el envío de víveres desde Miami (EEUU) a la ciudad de Cúcuta (Colombia), para la supuesta “ayuda humanitaria” a los migrantes venezolanos.
Toledo formaba parte del entonces proyecto anticonstitucional financiado por Washington que encabezó otro dirigente de Voluntad Popular, Juan Guaidó, quien se autoproclamó “Presidente del gobierno interino”, el cual fue avalado inconstitucionalmente a través de un instrumento legal denominado “Estatuto de Transición”.
Tanto Guaidó como Toledo eran diputados a la Asamblea Nacional para el periodo 2015-2020. Ellos junto a otros parlamentarios de entonces, entre los que destacan: Gabriela Arellano, Carlos Paparoni, entre otros, desarrollaron una estrategia para hacerse del negocio de la migración venezolana.
Arman la narrativa
Sin embargo, el diputado Julio Chávez recuerda que también estos operadores políticos comenzaron a captar a integrantes de grupos delictivos, que se sentían acorralados en el país por la acción del Estado venezolano en materia de seguridad y comenzaron a migrar, conformando una tercera oleada que fue catalogada por la derecha como el “Lumpen”.
Muchos de ellos, dijo el diputado Chávez, fueron captados en Caracas, Valencia, Aragua y Los Llanos, y que accedían a Colombia a través de los pasos ilegales conocidos como trochas.
Uno de estos contactos, sobre todo en la Gran Caracas fue Gilber Caro, quien forma parte de las filas de Voluntad Popular y actualmente se encuentra en Estados Unidos.
“Porque ellos se iban a convertir en ese contingente de mercenarios, que iban a ser contratados y pagados para hacer operaciones (…) la operación Gedeón, con Erik Prince inclusive”, acotó el parlamentario quien recordó como alias El Coquí aparece en una foto con la franela de Primero Justicia.
Pero no sólo se quedaron en Colombia, a otros los enviaban a distintos países con la finalidad de “justificar la narrativa de que Venezuela estaba exportando grupos delincuenciales”.
Esto dio un giro al tema de la migración, y aquellos países que otrora recibieron a los venezolanos con brazos abiertos, comenzaron a criminalizarlos y a culparlos de todos los problemas en sus territorios, en especial el supuesto “aumento de la violencia”.
Son muchos los testimonios de migrantes venezolanos en redes sociales que han sufrido casos de xenofobia en estos países de acogida, algunos hasta perdiendo la vida por el grado de violencia al que se ven sometidos.
“Lo que estamos viviendo ahora en Venezuela (…) es como una enfermedad que se propaga sobre” Latinoamérica, dijo en Washington en 2019 Julio Borges quien fungía como Canciller del fracasado Proyecto Guaidó.
Lo que ya hacía ver la nueva narrativa que sería utilizada para avanzar en esta nueva fase del plan que pondría a los migrantes venezolanos como principales objetivos de persecución.
En 2025 llega Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, con un discurso bastante agresivo contra los migrantes, acusándolos de todos los males que pudiera estar aquejando a ese país.
Desde allí, inició un ataque más férreo a la migración venezolana en su país, lo cuál ha sido respaldado por gobiernos de extrema derecha de la región, como el presidente salvadoreño.
El pasado 14 de marzo, 238 migrantes venezolanos en Estados Unidos fueron enviados ilegalmente a una cárcel de máxima seguridad del país centroamericano, luego que Washington y San Salvador realizaran un pacto con la finalidad de colocar tras las rejas a supuestos integrantes de grupos que son catalogados de terrorista.
La acción se produjo valiéndose de la Ley de Enemigos Extranjeros (legislación que data de hace dos siglos) y tras vincularlos –sin juicio y sin pruebas- a grupos como El Tren de Aragua, organización criminal que fue desmantelada en Venezuela según han expuesto en varias ocasiones las autoridades.
Nada es gratis
Sin embargo, el mandatario salvadoreño dejó claro que la recepción de expulsados por parte de Estados Unidos no sería gratis. Bukele recibiría a los supuestos criminales en su Centro de Confinamiento al Terrorismo (CECOT) “a cambio de una tarifa”, tal y como se lee en un mensaje del mandatario a través de la red social X el pasado 3 febrero.
“La tarifa sería relativamente baja para Estados Unidos, pero significativa para nosotros y haría sostenible todo nuestro sistema penitenciario”, agregaba entonces el presidente salvadoreño.
¿Y qué significa relevantemente baja? Pues según dijeron funcionarios de la administración Trump la “compensación” sería de 6 millones de dólares, lo que, como dijo Bukele, ayudará a sostener el sistema penitenciario que actualmente cuesta 200 millones de dólares anuales.
Sin embargo, el 17 de marzo, el Departamento de Estado informó al Comité de Asignaciones del Senado que dicha cantidad “podría ascender a 15 millones de dólares”, según se lee en un reportaje del medio estadounidense The New York Times, medio que agrega que no le fueron proporcionados más detalles.
El diputado Chávez dijo que esta acción propicia “la tercerización de la de la justicia y la tercerización del sistema carcelario”, dentro de los Estados Unidos y en los proyectos pilotos como El Salvador.
Además, agrega el parlamentario, representa una situación que está inaugurando un período de una especie de esclavitud moderna, “porque ahora el presidente Bukele va a utilizar esa mano de obra gratuita para trabajo forzosos”.
Y esto responde a una visión de los llamados “soberanistas” quienes plantean hacer grandes a sus países a partir de la mano de obra gratuita de la migración de grupos que consideran inferiores.
“Porque este es un gobierno que se ha asumido como supremacista, el gobierno de Donald Trump, y por eso se justifica justamente la criminalización”, enfatizó Chávez.
Pero no sólo Bukele fue el ganador con esta medida, las empresas GEO Group y CoreCivi y fondos de inversión como BalckRock, los cuales manejan los recintos carcelarios en EEUU, sólo con la llegada de Trump al poder, vieron aumentar en casi 70% el valor de sus acciones en el mercado de valores norteamericano con la promesa (ya cumplida) de detener y deportar a millones de migrantes.
El diputado Chávez agrega que a medida que se aumenta la población presidiaria, alimentada por la migración y los afrodescendientes, “mayores ingresos van a percibir”.
Máxima presión
Sin embargo, esto no se hubiera podido realizar sin la participación de operadores de extrema derecha de Venezuela, entre ellos de organizaciones como Primero Justicia, Voluntad Popular y, más recientemente, Vente Venezuela, cuya líder María Corina Machado tiene nexos con el Partido Republicano estadounidense.
“Es una exigencia, un ruego que ha hecho la extrema derecha venezolana para que el presidente Trump deporten, judicialicen y responsabilice a la migración de pertenecer al Tren de Aragua, cuando todos sabemos que el tren de Aragua fue desmantelado en el país, fue neutralizado y más de 16 dirigentes del tren de Aragua fueron capturados en Bogotá.
Y esto se debe a que, además del objetivo político de promover un cambio de gobierno en el país a través de la estrategia de “máxima presión”, también estos grupos tienen objetivos económicos.
Según el diputado Julio Chávez muchos de estos grupos, a través de los llamados “lobbys” –que son grupo de presión- hacen alianzas con congresistas estadounidenses, especialmente de la Florida, para conseguir estos objetivos.
“Ellos sobre toda esta narrativa en el fondo lo que están buscando es que se incremente la política de máxima presión sobre Venezuela para ellos forzar la salida del gobierno y entregársela al gran capital, la plutocracia, entregar la soberanía todas las riquezas”, aseveró el diputado Chávez, quien recordó como María Corina Machado en un Foro internacional dijo que “ella misma dice que va a repartir ciertos recursos” del país.
Sin embargo, el parlamentario recordó que, a pesar de esta difícil situación, el presidente de la República, Nicolás Maduro, hace llamados a la unidad nacional, para recuperar a los migrantes secuestrados en El salvador y el retorno seguro de los otros connacionales que deseen venir a Venezuela, a través del Plan El Vuelta a la Patria que se ha implementado desde hace cinco años.
“Y que hemos logrado casi la repatriación del traer a Venezuela a casi un millón de venezolanos y venezolanas que fueron estafados, que fueron engañados y que están planteando retornar al país y apostar al crecimiento, a la prosperidad y a la construcción de una de un país que nos merecemos todas y todos en paz y en estricto apego y respeto a la Constitución y las leyes de la República”, sentenció.
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