Las mujeres llevadas a las casas clandestinas en Fuerte Tiuna fueron torturadas con asfixia, golpes y descargas eléctricas. El centro de reclusión de la 34 Brigada de la Policía Militar, es la unidad a la que señalan los parientes de los uniformados que se encuentran alojados allí relataron los padecimientos que sufren…”.
Al Fuerte lo han ido encerrando progresivamente, de manera que todos los edificios construidos frente a la autopista Valle-Coche y la Autopista Regional del Centro (ARC) están quedando como periferia de la sede militar, lo que representa una especie de escudo protector para el Tiuna.
En el Fuerte Tiuna, el más grande del país, está el centro de reclusión de la 34 Brigada de Policía Militar, al mando del General Donato Francesco Tenore Damiani. Familiares de militares detenidos por diversas causas dijeron lo que están sufriendo sus hijos, hermanos o esposos en cuanto a la violación de los derechos humanos y al debido proceso.
“Es un centro de tortura”, dice uno de ellos. “Desde hace un año exactamente no les han permitido acceso a sus abogados, porque el General Tenore Damiani tiene la prohibición de que los profesionales del derecho ingresen a hablar con sus defendidos”, revela la esposa de uno de los detenidos en PM.
“Ya no se puede seguir callando, aunque siempre la advertencia es que no se denuncie porque eso lo paga nuestro familiar. Pero les tienen prohibidas la visita y el contacto tanto de comunicación como visual con la familia”.
“No hay comunicación de ningún tipo para saber de la salud y condición de quienes están presos en ese lugar. Lo poco que hemos logrado saber, por intermedio de funcionarios que a veces nos dicen cosas, de tanto molestarlos, es que le limitaron las actividades deportivas a solo una hora por día en el patio. El resto del tiempo permanecen encerrados”.
El general Donato Francesco Tenore Damiani es el de lentes en un acto con
personal de Policía Militar
La cárcel de Policía Militar de Fuerte Tiuna:
En centro de reclusión no les están permitiendo a los detenidos asistir a actividades educativas y de trabajo, como establece el Código Orgánico Penitenciario. “Lo que abunda ahí es la prohibición, como esa de no asistir a actividades laborales y educativas, impidiéndoles así hacer méritos para redención de la pena por trabajo y estudio”.
Los detenidos no solo conviven entre el hacinamiento, también encerrados con candado todo el día. “El personal que se ha enfermado durante la pandemia por COVID-19 no ha sido trasladado oportunamente a un centro de salud, porque la respuesta del General Tenore Damiani era que tenían que traer una orden del tribunal”.
“¿Cómo se puede tener una orden del Tribunal cuando los familiares no nos enteramos porque no hay comunicación con familiares ni abogados? Lo que han hecho es que aíslan al enfermo con COVID-19, que es contagiado por el personal, porque al no haber visitas de nadie los únicos que llevan COVID-19 son los custodios. En ese aislamiento no hay ningún tipo de medicina y con mala alimentación en una habitación, que está en deplorables condiciones, siendo esto totalmente inhumano”.
La Policía Militar siempre se destacó por ser una Brigada con prestigio.
La masacre:
Un caso escalofriante es la llamada Masacre de Barlovento, ocurrido cuando en octubre de 2016, a raíz de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), 20 jóvenes fueron detenidos el 15 de octubre, seis días después ocho de ellos fueron liberados, presentando tortura y deterioro físico; 12 pasaron a la lista de desaparecidos hasta el 25 de noviembre cuando sus cadáveres aparecieron en fosas comunes en La Maturetera y Aragüita de Barlovento, estado Miranda.
Los familiares de las víctimas denunciaron internacionalmente el caso hasta que 11 funcionarios del Ejército, pertenecientes al Batallón 323 Caribe, fueron imputados por esa masacre: teniente coronel José Ángel Rojas Córdoba; los sargentos primero Orlando Maceli Barrios, Rafael Ruiz, Luis Ramón Figuera, Francisco Rivas Salazar y Romi Antón Antón; el sargento mayor de tercera Miguel Francisco Rodríguez; el mayor Luis Eduardo Romero; los cabos segundo Arquímedes José Aguey y Luis Eduardo Machado; y el cabo primero Fabián de Jesús Rangel.
La OLP se venía desplegando en todo el país en una política de exterminio, tal como ocurre con las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) que surge después de las OLP, que tenía como jefes responsables al entonces ministro del Interior, Néstor Reverol y al Ministerio de la Defensa.
“A quienes participaron en esa masacre los tienen engañados, porque les han mandado a decir que los van a ayudar, ‘tranquilos, eso se soluciona’, ‘espere que pase el tiempo y los sacamos’. Les han mandado a Generales del Alto Mando del Ejército, les dan caja de alimentos CLAP y otros engaños más; solo les han pedido que hagan silencio sobre las órdenes que recibieron para ejecutar esa OLP”.
“Se acerca la hora de la sentencia y ellos se han percatado que les mintieron, que no los van a ayudar y que serán sentenciados con penas muy altas por los delitos imputados”.
La golpiza:
“En la última audiencia, que fue en los calabozos del Palacio de Justicia, supimos que hubo una pelea entre ellos mismos, es decir, entre los imputados, resultando gravemente herido el teniente coronel José Ángel Rojas, a quien no lo han querido trasladar al Hospital Militar para atender esas heridas, porque el general Tenore Damiani no lo permite”, revela una fuente.
Así quedó el Tcnel Rojas después de ser golpeado en los sótanos del Tribunal
“Antes de esa pelea, ya se sabía que ocurriría, el General lo sabía porque el Sargento Mayor de Tercera Juan Colina, quien funge como mano derecha de él, recibió la información por parte de algunos reclusos. No quisieron hacer nada para impedir la golpiza que recibió el Tcnel Rojas”.
En contacto con algunos familiares de Rojas Córdoba, pero desde el miércoles el Teniente coronel está desaparecido. “En la audiencia de juicio en el Tribunal Primero en funciones de Juicio extensión Barlovento del estado Miranda, al Juez Luis Jiménez le informan que Rojas Córdoba estaba con lesiones y moretones en cara y otras partes del cuerpo”.
Los familiares no saben qué pasó, lo único que unos custodios les dijeron es que está en mal estado por los golpes recibidos. La esposa, la hermana y otros familiares del oficial se apostaron en la Brigada de Policía Militar pero el director del recinto carcelario se niega a que sea atendido por los médicos y ni siquiera ha permitido el reconocimiento legal por parte de Medicatura Forense.
El Juez Luis Jiménez tampoco actúa ante la irregular situación que ocurre con Rojas.
A las reiteradas violaciones de Derechos Humanos en el Servicio Bolivarianos de Inteligencia (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la cárcel de Ramo Verde, los anexos militares de La Pica y Santa Ana del Táchira, se suma Policía Militar de Fuerte Tiuna.
Misión de la ONU:
En el informe de la Misión Independiente de Determinación de los hechos sobre Venezuela, de la Organización de las Naciones Unidas, se registraron 24 casos de torturas, tratos crueles o inhumano. Además identificaron seis sitios clandestinos ubicados en Caracas y Miranda. La Dgcim cometió 77 hechos entre 2014 y 2018.
La existencia de casas clandestinas de tortura de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) fue confirmada por la Misión Independiente de Determinación de los hechos sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Según la investigación son seis en Caracas y el estado Miranda. En ellas documentaron 24 casos de torturas, tratos crueles o inhumanos.
Las casas clandestinas de tortura fueron ubicadas en:
- San Bernardino, cerca de Crema Paraíso.
- Una casa en la zona de Bello Monte.
- Una casa en la urbanización San José de Fuerte Tiuna, o muy cerca.
- Una en el Fuerte Tiuna, donde tienen sede el Ministerio de Defensa y el Comando del Ejército.
- Un sitio conocido como Sorocaima o La Mariposa, en la zona militar de San Antonio de los Altos (estado Miranda).
- Una en una zona montañosa del municipio El Hatillo.
Familiares de las víctimas, y hasta los mismos afectados, denunciaron a los medios de comunicación que los funcionarios los trasladaban a instalaciones no oficiales para cometer estos hechos. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro ignoró estos relatos.
En el informe, presentado este miércoles 16 de septiembre de 2020, indicaron que estos hechos ocurrieron entre 2018 y 2019. Aseguran que los detenidos en instalaciones no oficiales, o clandestinas, son particularmente vulnerables por la falta de supervisión.
Algunos detenidos eran trasladados a estos sitios no oficiales y permanecían desaparecidos entre cinco y siete días, alejados del mundo exterior. Sus familiares acudían a la sede de la Dgcim y no les daban información de su paradero.
Según la ONU, la tortura se define como actos que causan dolor o sufrimiento grave, tanto físico como mental. Deben hacerse intencionalmente, con un propósito específico y que involucre a un funcionario público, ya sea de forma directa o indirecta. El objetivo de estos actos podría ser para obtener una confesión o para intimidar, humillar y discriminar.
La violencia sexual o de género también puede equivaler a la tortura o a un trato cruel, inhumano o degradante. La Misión asegura que esto incluye la violación, las amenazas de violación al detenido o a sus familiares, la desnudez forzada, el contacto con los órganos sexuales, los golpes o las palizas a los órganos reproductivos y las amenazas de mutilación genital.
La Misión registró que en las celdas de la Dgcim se cometieron 77 torturas. De acuerdo con las investigaciones estos hechos fueron cometidos para que los detenidos revelaran contraseñas telefónicas y sus redes sociales, para obligarlos a incriminarse o a culpar a otros.
El Foro Penal Venezolano documentó 250 casos de tortura de disidentes militares y asociados entre 2014 y 2020, cita el informe.
A continuación, los tipos de tortura que destacaron en el informe de la ONU, cometidos entre 2014 y 2018:
En la sede de Boleíta:
- La Misión documentó que la tortura evolucionó entre 2014 y 2020. Fueron más agudas en 2017, el año en el que se registraron intensas protestas en el país en contra del gobierno de Nicolás Maduro.
- Los detenidos fueron golpeados con bastones y objetos afilados, dejando marcas visibles, huesos rotos y órganos dañados.
- Amarraron las esposas excesivamente apretadas y provocaron cortes en las muñecas de las víctimas.
- Asfixiaron a civiles o militares con sustancias tóxicas y en agua.
- Los detenidos fueron puestos en posiciones de estrés como “el pulpo” (les amarran un cinturón de metal con cadenas para inmovilizar brazos y pies) y “la crucifixión” (brazos extendidos y esposados a tubos o rejas).
- Luz constante en el aislamiento, prohibición del uso de los baños. A los detenidos los mantenían con los ojos vendados.
- Violencia sexual y basada en género, incluyendo desnudez forzada, amenazas de violación y violación.
- Cortes y mutilaciones incluyendo en la parte inferior de los pies y las uñas.
- Choques eléctricos en partes sensibles del cuerpo y genitales.
- Privación de comida y agua. Comer del suelo, alimentación forzada de heces.
- Tortura psicológica, incluyendo amenazas de muerte a la víctima y a sus familiares.
- Algunas torturas provocaron lesiones físicas graves o permanentes, como pérdida de funciones sensoriales o motoras, lesiones reproductiva, sangre en la orina y costillas rotas.
- El capitán Rafael Acosta Arévalo murió mientras estaba bajo custodia de la Dgcim.
- Se documentó el caso de una detenida que fue golpeada, a pesar de haberle dicho a los oficiales que estaba embarazada. Sufrió un aborto espontáneo.
- En tres de los casos investigados cometieron actos de violencia sexual o de género contra los militares detenidos durante los interrogatorios para degradarlos, humillarlos o castigarlos.
- Los oficiales sometieron a los detenidos a desnudez forzada, incluso durante días.
- Los custodios amenazaron con violar a los detenidos con bates y palos.
- Administraron descargas eléctricas y golpes, incluso en los testículos.
- Los funcionarios sometieron a los detenidos a una práctica que denominaron “dar teta”. Consistía en en golpearlos con un bastón que tenía escrita la palabra teta.
- La mayoría de las víctimas no fueron llevadas a un médico antes de ir al tribunal. En algunos casos médicos del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) evaluaron a los detenidos y certificaron que estaban en buenas condiciones físicas aunque tenían lesiones visibles.
- En algunas ocasiones los médicos del Senamecf obligaban a los detenidos a firmar documentos en los que certificaron que estaban en buenas condiciones físicas.
- Las celdas de la Dgcim están en sótanos sin ventilación ni luz natural. Miden aproximadamente 2,75×2 metros y tienen entre dos o tres ocupantes. La luz artificial está encendida las 24 horas del día y los detenidos no tienen noción del tiempo.
- Hay una celda de castigo conocida como “el cuarto de los locos”, con las paredes acolchadas. En ese lugar los detenidos, relataron, duerme en el piso y no tenían acceso al baño, debían hacer sus necesidades en bolsas de plástico, que les cambiaban una vez a la semana. Los funcionarios les llevaban comida, en pocas porciones, una o dos veces al día.
- Otras celdas de castigo fueron identificadas como “el ascensor” y “el cuarto de torturas con agua”, también conocido como “el submarino”, donde se sumerge a los detenidos en tanques de agua.
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