La explotación y contrabando del oro en el denominado Arco Minero del Orinoco (AMO), en Venezuela, ha sido durante las dos últimas décadas el semillero de una diversa gama de economías ilegales que se alimentan del negocio del contrabando minero.
En su más reciente informe, la organización no gubernamental Transparencia Venezuela reveló cómo se genera este dramático y acelerado aprovechamiento que genera atroces consecuencias sociales y ambientales en ese país.
En el trabajo describe cómo, pese a que la actividad de exploración y explotación de minerales está permitida en una superficie de 111.843 kilómetros cuadrados (12% del territorio nacional) y aunque las leyes determinan que todo el oro debe ser vendido al Estado venezolano, el 75% se comercializa de manera ilegal.
La organización sostiene que estas mafias utilizan rutas hacia países vecinos como Colombia, Brasil y Guayana para sacar el oro, borrarle el origen y exportarlo a países más lejanos.
De acuerdo con las estimaciones, anualmente se exportan alrededor de 2.000 millones de dólares en oro desde Venezuela, “pero en promedio solo poco más de 500 millones de dólares ingresan a las cuentas nacionales”, indican.
Las capitales de un estado minero
Ciudad Bolívar y Ciudad Guayana, en el estado Bolívar de Venezuela son los puntos de llegada de cualquier persona que quiera viajar al Arco Minero del Orinoco, al Parque Nacional Canaima o cruzar la frontera hacia Brasil.
El Arco Minero del Orinoco (AMO) está ubicado en la parte norte del estado Bolívar. El 24 de febrero de 2016 fue nombrado como “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco”. Abarca un área de 111 843,70 km², es decir 12,2 % del territorio venezolano y es un área de explotación irregular y trabajos precarios de recursos minerales.
Las minas, el sur y los ilícitos
En Bolívar, como en otras regiones del mundo en la que se explotan minerales, históricamente han ocurrido ilícitos y violaciones de derechos humanos.
El informe sustenta que desde la creación del denominado Arco Minero del Orinoco, un proyecto que fue asomado por el presidente Hugo Chávez en 2011, marcó un antes y un después en las dinámicas políticas, económicas y sociales de la zona.
Además del oro, el territorio es sujeto a la explotación de otros minerales como la bauxita, coltán, diamante, manganeso y granito, todos clasificados como materiales estratégicos, bajo control monopólico del Estado.
En medio de la recesión económica por la caída en los precios del petróleo, el Estado venezolano se volcó a la actividad aurífera como fuente para captar más renta, pero lejos de ser una estrategia sostenible de ingresos, está se ha viciado de las más ilícitas prácticas, como el contrabando de oro, combustible, drogas, armas y municiones.
Desde que se creó el AMO, los entes del Estado encargados de ordenar la minería y captar los ingresos provenientes de la actividad, no han ofrecido informes de gestión de las empresas estatales involucradas ni de las compañías privadas con las que se han firmado alianzas estratégicas.
Tampoco hay información relevante sobre estudios de impacto ambiental y sociocultural. Ni siquiera el Banco Central de Venezuela, que custodia y autoriza la comercialización del oro informa sobre los niveles de captación y el destino del material.
De lo que hay abundantes testimonios y evidencias es de las violaciones de derechos humanos y del grave impacto ambiental que se han exacerbado en la región, como las decenas de masacres; las desapariciones forzadas; el asesinato de líderes indígenas y el desplazamiento de sus comunidades; la explotación laboral de adultos y niños; a prostitución forzada; la contaminación del agua, el suelo y el aire con sustancias como el mercurio y la proliferación de enfermedades como la malaria.
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Por contrabando
Aunque las estadísticas internacionales contribuyen a estimar cuánto material sale legalmente de Venezuela, es muy difícil saber cuánto realmente se está extrayendo, cuánto de eso llega a los canales regulares (centralizados) y cuánto sale del país por contrabando.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en su informe del 2021, estimó que la capacidad de procesamiento de oro en Venezuela pueda llegar a 75 toneladas al año, cantidad que ese año alcanzaba el valor en mercado de USD 4.400 millones.
La investigación de Trasparencia Venezuela sugiere que la producción real en Venezuela se ubica entre 25 y 37,5 toneladas de oro al año, mientras que el Consejo Mundial del Oro (World Gold Council), coincide con el rango de la OCDE.
La producción
El municipio venezolano que más se asocia con la producción aurífera es El Callao. En sus minas se producen mensualmente alrededor de 3.000 kilos de oro, según cálculos de la alcaldía.
La mayoría de los mineros no están inscritos en el Registro Único Minero ni integran las nóminas de ninguna empresa, pero representan una pieza esencial en las primeras etapas de la producción minera.
En el Callao hay centenares de minas pero para ingresar hay que notificar a las bandas que controlan la zona. De acuerdo con los testimonios recabados, para que puedan hacer su trabajo, los mineros están obligados a entregar a los grupos criminales desde 10% de la producción, mientras que a los dueños de los molinos en los que procesan el material les entregan 10%, 20% o más.
Cogobiernos criminales
Desde el 2016, cuando se creó el Arco Minero del Orinoco, se estableció en el estado Bolívar una estructura delincuencial que se dedica a controlar el negocio de la explotación ilegal del oro; aunque muchas tienen sus propias minas para explotar el mineral.
Los grupos extorsionan a quienes deciden trabajar en la actividad, mineros, comerciantes o molineros; autorizan quién puede entrar o salir de cada una de las minas; ordenan cuánto y cómo se trabaja; todo impuesto con el poder del fuego.
Por muchos años, la mayoría de estas bandas criminales eran reconocidas bajo el nombre de sindicatos mineros, pero en la actualidad varios de ellas se autodefinen como el sistema.
Guerrilla en Bolívar
La investigación que hizo la ONG da cuenta, en el estado Bolívar, de la presencia de organizaciones que los testigos identifican como guerrilleros. Sin embargo, existen dudas de que esos grupos sean parte del Ejército de Liberación Nacional (Eln) de Colombia, como se ha reportado antes.
La organización criminal tendría presencia en la zona de El Caura, Caicara y más hacia el estado Amazonas, y en la vía hacia Apure, donde líderes indígenas refieren haber sido víctimas del Eln.
Académicos de la zona coinciden en que hay indicios de guerrilla, pero no cuentan con las evidencias suficientes para confirmar la presencia del Eln o las disidencias de las Farc en el sur del estado.
Notiveraz