La Comisión de Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) lamentó que el Estado mantenga la práctica de las ejecuciones extrajudiciales, que vulneran el derecho a la vida.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) reveló que funcionarios de los organismos de seguridad mataron a al menos 228 personas durante 2021, un promedio de tres personas cada dos días.
Los municipios Maracaibo, San Francisco, La Cañada de Urdaneta y Jesús Enrique Lossada concentraron el 68% de las muertes en manos de oficiales de seguridad, que en su mayoría pertenecen al Servicio de Investigación Policial del Estado Zulia (Sipez), al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y a la Guardia Nacional (GN).
La cifra la ofreció Codhez en su Informe Anual 2021: Situación General de los Derechos Humanos en el Zulia, que fue presentado este miércoles 31 por su director Juan Berríos.
El documento indica que hubo una disminución de las muertes a mano de efectivos policiales en comparación con 2020, pero la organización mantiene sus alarmas por la no garantía del derecho a la vida.
“Aún se mantienen cifras preocupantes de este tipo de accionar del Estado venezolano. Las ejecuciones extrajudiciales aluden a una de las formas más graves de vulneración del derecho a la vida implementada por el Estado, pues implica la muerte por acciones u omisiones de órganos de seguridad estatales”, indica la Comisión en el informe.
Deudas en derechos humanos
Codhez indicó que el año 2021 estuvo marcado por el incremento de casos de COVID-19 frente a un sistema sanitario público precario; los altos índices de inseguridad alimentaria; la deficiente prestación de servicios públicos; el irrespeto gubernamental a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas; el desconocimiento del derecho a la educación; las violaciones a los derechos de las niñas y mujeres; las limitaciones al derecho a la libertad de expresión; y la desprotección de los derechos ambientales.
La Comisión explica en su investigación que los altos precios y el bajo poder adquisitivo de los hogares de la región impidieron la obtención de alimentos suficientes y nutritivos que contribuyeran a la calidad de vida, salud y bienestar general de las familias.
A esto le sumaron que las fallas en los servicios públicos evidenciaron la vulneración de derechos humanos por parte del Estado. “El derecho al acceso al agua potable es uno de los más vulnerados y es quizás el que tiene mayor impacto. La vida de la gente cambiaría bastante si los ciudadanos tuvieran un acceso regular al agua potable”, dijo Berríos en su exposición.
Exigencias
Codhez exigió al Estado venezolano que asuma y cumpla sus responsabilidades como garante de los derechos de la población a través de planes, estrategias y políticas que estén encaminadas a fortalecer la calidad de vida de la población.
“Todo este panorama exige el reclamo de nuestros derechos y libertades, ante la masiva y sistemática violación de los derechos humanos que resulta de la emergencia humanitaria compleja que afecta a Venezuela, frente a la inercia de un Estado que no cumple con su responsabilidad constitucional de atender de forma prioritaria las más básicas necesidades de las personas”, puntualiza Codhez.
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