El Comisionado Presidencial para DDHH y Atención a las Víctimas de la República Bolivariana de Venezuela, Humberto Prado Sifontes, rechaza categóricamente las declaraciones del dictador Nicolás Maduro contra la legítima Asamblea Nacional realizadas este 28 de diciembre de 2020 durante el acto de salutación de fin de año a la Fuerza Armada Nacional.
Durante el acto de salutación llevado a cabo en Fuerte Tiuna, Nicolás Maduro, vestido con un traje militar a pesar de ser civil, rechazó la declaratoria de continuidad administrativa y constitucional de la Asamblea Nacional presidida por el Presidente (i) Juan Guaidó Márquez, hecha sobre la base de la aprobación de la reforma de la Ley del Estatuto que rige la Transición a la Democracia. Al respecto, Maduro afirmó que “frente a esas ínfulas inconstitucionales de autoproclamación y de extensión ilegal e inconstitucional de mandatos que no corresponden: que se cumpla la ley, que se haga justicia. Que la justicia ahora sí de manera férrea haga su trabajo. Y cuenten conmigo, que no me temblará el pulso para actuar férreamente”.
Asimismo, durante la actividad Maduro ordenó el despliegue de un plan cívico militar de defensa de unidades militares y el desarrollo de nuevos ejercicios militares, señalando que el plan de defensa “Plan Punto 3” debe ser activado con la participación de la Milicia Bolivariana, los Consejos Comunales y los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Estos actos se dieron en respuesta a presuntos ataques contra la estabilidad en el país que infundadamente la dictadura venezolana ha acusado al Presidente de la República de Colombia, Iván Duque, de ser el responsable.
Estas amenazas de la dictadura venezolana se enmarcan en un contexto de persecución, hostigamiento, acoso y criminalización de la disidencia política en Venezuela. Por su parte, en las conclusiones detalladas del informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela se relata la política sistemática de ataques contra los dirigentes opositores al régimen de facto:
La Misión encuentra motivos razonables para creer que durante el período que se examina se utilizaron detenciones arbitrarias para atacar a personas por su afiliación, participación, puntos de vista, opiniones o expresión política. La Misión también tiene motivos razonables para concluir que esas detenciones arbitrarias no constituyeron actos aislados o aleatorios. La reiteración de la conducta, las similitudes en el modus operandi y la participación de diferentes instituciones estatales en distintos niveles, como se ilustra a continuación y se informa en los relatos de las víctimas, los testigos y otras fuentes, muestran que las detenciones arbitrarias de opositores o críticos se llevaron a cabo de manera sistemática. Los disidentes seleccionados también fueron víctimas de desapariciones forzadas de corta duración y de actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes a manos de los organismos de inteligencia.
Esta Comisión Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas recuerda que el respeto a la disidencia, el pluralismo político, la libertad de expresión y de opinión, la separación e independencia de poderes y la seguridad jurídica son indispensables para el mantenimiento de una sociedad democrática, libre, inclusiva y verdaderamente representativa. Ninguna de estas condiciones está presente en el escenario actual de Venezuela. Por el contrario, la erosión del Estado de derecho y la destrucción progresiva de la institucionalidad democrática son inocultables.
Esta Comisión Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas en su calidad de organismo dedicado a la defensa, vigilancia, protección y promoción de los derechos humanos reafirma su rechazo categórico a las amenazas realizadas por el dictador Nicolás Maduro.
Asimismo, comunica a la sociedad venezolana que ha emprendido acciones internacionales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (MESEVE), ante la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos con el objetivo de denunciar estas amenazas y enviar información adicional a la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de la ONU contra la única institución legítima en Venezuela, cuyos diputados y diputadas fueron elegidos por más de 14 millones de electores. En particular, en dichas acciones se ha solicitado:
1. Adoptar todos los mecanismos disponibles para proteger y garantizar los derechos a la vida, libertad e integridad personal de los diputados y diputadas de la legítima Asamblea Nacional.
2. Urgir a la dictadura venezolana para que sus fuerzas de seguridad represivas y criminales se abstengan de perseguir, hostigar y amenazar a los diputados y diputadas de la legítima Asamblea Nacional.
Emitir un comunicado público dirigido a sectores relevantes en materia de derechos humanos y sociedad civil en América Latina para que tengan en cuenta las violaciones a la vida, libertad e integridad personal realizadas por funcionarios de la dictadura venezolana en detrimento de los líderes políticos opositores; y,
Documentar estas amenazas y enmarcarlas dentro de un patrón generalizado y sistemático de ataques, persecuciones, hostigamientos y acosos contra la disidencia política en Venezuela.
El Comisionado Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas de la República Bolivariana de Venezuela, Humberto Prado Sifontes, rechaza categóricamente las declaraciones del dictador Nicolás Maduro contra la legítima Asamblea Nacional realizadas este 28 de diciembre de 2020 durante el acto de salutación de fin de año a la Fuerza Armada Nacional.
Durante el acto de salutación llevado a cabo en Fuerte Tiuna, Nicolás Maduro, vestido con un traje militar a pesar de ser civil, rechazó la declaratoria de continuidad administrativa y constitucional de la Asamblea Nacional presidida por el Presidente (i) Juan Guaidó Márquez, hecha sobre la base de la aprobación de la reforma de la Ley del Estatuto que rige la Transición a la Democracia. Al respecto, Maduro afirmó que “frente a esas ínfulas inconstitucionales de autoproclamación y de extensión ilegal e inconstitucional de mandatos que no corresponden: que se cumpla la ley, que se haga justicia. Que la justicia ahora sí de manera férrea haga su trabajo. Y cuenten conmigo, que no me temblará el pulso para actuar férreamente”.
Asimismo, durante la actividad Maduro ordenó el despliegue de un plan cívico militar de defensa de unidades militares y el desarrollo de nuevos ejercicios militares, señalando que el plan de defensa “Plan Punto 3” debe ser activado con la participación de la Milicia Bolivariana, los Consejos Comunales y los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Estos actos se dieron en respuesta a presuntos ataques contra la estabilidad en el país que infundadamente la dictadura venezolana ha acusado al Presidente de la República de Colombia, Iván Duque, de ser el responsable.
Estas amenazas de la dictadura venezolana se enmarcan en un contexto de persecución, hostigamiento, acoso y criminalización de la disidencia política en Venezuela. Por su parte, en las conclusiones detalladas del informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela se relata la política sistemática de ataques contra los dirigentes opositores al régimen de facto:
La Misión encuentra motivos razonables para creer que durante el período que se examina se utilizaron detenciones arbitrarias para atacar a personas por su afiliación, participación, puntos de vista, opiniones o expresión política. La Misión también tiene motivos razonables para concluir que esas detenciones arbitrarias no constituyeron actos aislados o aleatorios. La reiteración de la conducta, las similitudes en el modus operandi y la participación de diferentes instituciones estatales en distintos niveles, como se ilustra a continuación y se informa en los relatos de las víctimas, los testigos y otras fuentes, muestran que las detenciones arbitrarias de opositores o críticos se llevaron a cabo de manera sistemática. Los disidentes seleccionados también fueron víctimas de desapariciones forzadas de corta duración y de actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes a manos de los organismos de inteligencia.
Esta Comisión Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas recuerda que el respeto a la disidencia, el pluralismo político, la libertad de expresión y de opinión, la separación e independencia de poderes y la seguridad jurídica son indispensables para el mantenimiento de una sociedad democrática, libre, inclusiva y verdaderamente representativa. Ninguna de estas condiciones está presente en el escenario actual de Venezuela. Por el contrario, la erosión del Estado de derecho y la destrucción progresiva de la institucionalidad democrática son inocultables.
Esta Comisión Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas en su calidad de organismo dedicado a la defensa, vigilancia, protección y promoción de los derechos humanos reafirma su rechazo categórico a las amenazas realizadas por el dictador Nicolás Maduro.
Asimismo, comunica a la sociedad venezolana que ha emprendido acciones internacionales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (MESEVE), ante la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos con el objetivo de denunciar estas amenazas y enviar información adicional a la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de la ONU contra la única institución legítima en Venezuela, cuyos diputados y diputadas fueron elegidos por más de 14 millones de electores. En particular, en dichas acciones se ha solicitado:
1. Adoptar todos los mecanismos disponibles para proteger y garantizar los derechos a la vida, libertad e integridad personal de los diputados y diputadas de la legítima Asamblea Nacional.
2. Urgir a la dictadura venezolana para que sus fuerzas de seguridad represivas y criminales se abstengan de perseguir, hostigar y amenazar a los diputados y diputadas de la legítima Asamblea Nacional.
Emitir un comunicado público dirigido a sectores relevantes en materia de derechos humanos y sociedad civil en América Latina para que tengan en cuenta las violaciones a la vida, libertad e integridad personal realizadas por funcionarios de la dictadura venezolana en detrimento de los líderes políticos opositores; y,
Documentar estas amenazas y enmarcarlas dentro de un patrón generalizado y sistemático de ataques, persecuciones, hostigamientos y acosos contra la disidencia política en Venezuela.
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