La Cancillería de Colombia calificó los sucesos acontecidos en la Asamblea Nacional este 5 de enero, como «un nuevo atentado contra la democracia por parte del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro» y rechazó la juramentación de Luis Parra.
“Alertamos a la comunidad internacional sobre el uso de la violencia en contra de los diputados y sobre los obstáculos que han impedido llevar a cabo el proceso de elección de la Mesa Directiva de manera transparente”, añadió la misiva.
En el marco de una ola de denuncias sobre un «golpe de Estado parlamentario», el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano indicó que “este nuevo atentado contra la democracia del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro debe ser condenado por todos los Estados comprometidos con la vigencia del Estado de Derecho y los Derechos Humanos”.
El Gobierno de Colombia cuestionó además que se haya impedido el acceso de los diputados “legítimamente elegidos” al hemiciclo de la Asamblea Nacional para que hicieran parte de la votación donde se eligió a la nueva junta directiva del Legislativo.
Ecuador también rechazó el atropello
Por otra parte, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, calificó como atropello la posesión de Parra y añadió que su juramentación “es una nueva muestra del autoritarismo del régimen de Maduro. Aleja aún más a Venezuela de la senda democrática que el mundo entero le augura. ¡Nuestra solidaridad con las fuerzas democráticas del hermano país!”.
¿Reafirman su compra?
En diciembre, Luis Parra, entonces diputado del partido opositor Primero Justicia (PJ), junto a otros seis parlamentarios, fueron acusados de ser parte de una red de corrupción en el programa de las cajas alimentarias CLAP.
Un sector de la oposición venezolana asegura que Luis Parra, junto a Franklin Duarte y José Gregorio Noriega, recibieron sobornos en el marco de la llamada “Operación Alacrán”, presuntamente dirigida por el chavismo para hacerse con el poder en el Parlamento antes compuesto por mayoría opositora.
Parra fue expulsado del partido Primero Juticia, una vez que fuera señalado de beneficiarse junto al empresario colombiano Alex Saab, de las ventas de alimentos destinadas a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
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