Pasadas las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuyos resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) fueron puestos en duda por la oposición mayoritaria y la comunidad internacional, siguen pendientes tres auditorías que, advierten expertos, son claves para garantizar que los números ofrecidos por Elvis Amoroso se corresponden con la voluntad popular.
Las auditorías posteriores a la elección del 28 de julio previstas en el plan aprobado por el ente comicial son: telecomunicaciones fase II (29 de julio); verificación ciudadana fase II (2 de agosto) y datos electorales ADES Fase II (5 al 8 de agosto).
De acuerdo con el director del portal de análisis electoral, Votoscopio, Eugenio Martínez, tales verificaciones fueron suspendidas a partir del supuesto ataque al sistema de transmisión de resultados electorales denunciado por el CNE y altos funcionarios, incluido Nicolás Maduro.
“La auditoría de telecomunicaciones verifica los métodos de transmisión; así que si hubo un hackeo, la auditoría de telecomunicaciones era esencial para poder determinar cómo ocurrió ese hackeo. Y segundo, la auditoría de verificación ciudadana, fase dos, es la que se usa para tomar una muestra aleatoria de 1 % de las máquinas y verificar que en las máquinas no hubo ningún tipo de modificación del software, que todos transmitieron como era correcto, que todo lo que se auditó no cambió entre la auditoría y después de la elección”, explicó Martínez.
El directivo del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), Ignacio Ávalos, destaca que las auditorías pendientes y la verificación ciudadana son claves para garantizar que las cifras informadas por el CNE se correspondan con los votos que depositaron los ciudadanos en las urnas.
Ávalos, sin embargo, cree que el ente comicial está a tiempo de hacer tales verificaciones.
“El CNE ha podido permitir la auditoría de telecomunicaciones en Plaza Caracas para aclarar el hackeo, publicar resultados de máquinas que transmitieron a sala de totalización de Plaza Venezuela y entregarle la base de datos del primer boletín a los observadores”, agregó Martínez, quien coincidió en que el ente comicial debe hacer la verificación “a la brevedad” posible.
CNE no debió adjudicar antes de totalizar
Uno de los principales cuestionamientos al ente comicial es que se apresuró a proclamar a Maduro el mismo lunes 29 de julio, horas después que anunció supuestos resultados que le daban ventaja con 51,20% de la votación y que tampoco, de acuerdo con expertos, eran “irreversibles”, puesto que la diferencia con Edmundo González al que se le atribuyó 44,2%, era de 700.000 votos y faltaba 20% de actas por escrutar.
“Hay que totalizar todas las actas antes de adjudicar (artículo 153 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) y la Junta Electoral tenía 48 horas – que se vencieron este martes 30 de julio a las 6:00 p.m.- para hacer la totalización y luego hacer la adjudicación”, señaló Ávalos.
Indicó que la Lopre establece dicho lapso para la totalización en su artículo 146, el cual establece que “La Junta Nacional Electoral (JNE) y las Juntas Electorales, estas últimas bajo la supervisión de la primera, tendrán la obligación de realizar el proceso de totalización en el lapso de cuarenta y ocho horas”.
En caso de que las juntas electorales no hubiesen totalizado en el lapso previsto, la JNE podrá realizar la totalización que deberá incluir los resultados de todas las actas de escrutinio de la circunscripción respectiva.
El CNE dispone de 30 días para publicar los resultados electorales totales en Gaceta Electoral, según el artículo 155 de la normativa, es decir, hasta el 28 de agosto.
La “papa caliente” al TSJ
El gobernante Nicolás Maduro introdujo este 31 de julio un recurso contencioso electoral ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que se “aclaren” todas las dudas sobre los números informados por el CNE y aseguró que su partido (Psuv) mostraría copias del 100% de las actas de votación, que demostrarían su victoria.
Para algunos voceros políticos como el exalcalde metropolitano, Juan Barreto, antiguo aliado del gobierno, la acción ante el TSJ busca impedir la verdadera verificación del proceso electoral, por cuanto el ente comicial no estará obligado a hacer ninguna auditoría ni publicar actas al quedar “subordinado” al máximo juzgado del país de tendencia chavista.
“Comienza una fase de ralentización y secretismo, nadie podrá exigir resultados y mucho menos verlos (…)No habrá oportunidad para que cualquier candidato pueda impugnar, contrastando datos con la información que tienen de los centros electorales”, advirtió en su cuenta de la red X.
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