La rectora principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Aimé Nogal, informó la reubicación de tres de votación en el exterior para las presidenciales de este domingo 28 de julio; dos ubicados en España y uno en Colombia.
En su cuenta de la red social X, antes Twitter, Nogal dijo que en el caso colombiano corresponde a Bogotá. La población venezolana en ese país debe votar en el Colegio Técnico Palermo, que se encuentra en el barrio Teusaquillo, carrera 23 con calles 49-37.
En España se trata de dos centros de votación. Uno en Madrid y otro en Barcelona. Las y los venezolanos residentes en la capital española, y que podrán sufragar, pueden acudir al Centro Cultural Fernando Ríos, en la calle Camarena Número 10 28047.
Mientras que en Barcelona el nuevo centro de votación para la migración venezolana estará en Casal de Barri de Trinitat Nova, en la calle de Garbí 3, Nou Barris, 08033.
Limitantes para votantes venezolanos en el exterior
La Plataforma de Coordinación Interagencial para la Migración Venezolana, de la ONU, destaca que fuera del país se encuentran 7,7 millones de personas. De ese grupo, organizaciones de veeduría electoral calcula que casi 5 millones podrían sufragar en las presidenciales.
Sin embargo, las trabas impuestas durante la actualización del proceso solo habilitó a 69.211 venezolanos en el exterior, después de la decisión del CNE de no permitir la votación en países como Estados Unidos y Canadá, donde no hay representación diplomática del gobierno de Nicolás Maduro.
Colombia, el país con más migrantes venezolanos, alberga a unos 2,8 millones de connacionales. En ese país, sólo sufrgarán a 7.012 venezolanos. El centro de votación de Bogotá será solo uno y se reubicó.
El diario El Tiempo de Colombia destaca que otras ciudades donde habrá colegios electorales son Cúcuta, Medellín y Riohacha. La capital colombiana es la que tendrá la mayor población electoral: 4.367 venezolanos.
Mientras que en España, donde está la mayor cantidad de connacionales en Europa, el proceso de inscripción comenzó con retrasos y el CNE no prorrogó las actualizaciones. Entre las denuncias que hubo durante ese proceso, celebrado entre marzo y abril, está que a las personas les imponen tener residencial legal de permanencia y que debe tener al menos un año de vigencia.
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