El Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) presentó este miércoles 18 de noviembre los lineamientos estratégicos del Plan de Reordenamiento Urbano, Reconstrucción y Transformación de La Guaira (PRUR), una propuesta a 15 años para el reordenamiento urbano, la reconstrucción y la transformación territorial del litoral central, la entidad más afectada por el doble terremoto del pasado 24 de junio.
La propuesta, elaborada por la Comisión de Desarrollo Urbano del CIV junto con representantes académicos y gremiales, plantea convertir la entidad costera en una «aerotrópolis litoral» que integre operativamente el Aeropuerto Internacional de Maiquetía y el Puerto de La Guaira como ejes del desarrollo económico y urbano.
El documento se concibe como un «punto de partida» abierto a la consulta con el Ejecutivo nacional, la Asamblea Nacional, los gobiernos locales y las comunidades, con miras a alcanzar un consenso antes de finalizar el año.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano del CIV, Richard Casanova, señaló que la reconstrucción debe evitar reproducir las vulnerabilidades previas a la tragedia y convertirse en una oportunidad para consolidar una ciudad segura en materia residencial, además de un nodo turístico y económico.
Hasta la fecha, según cifras oficiales, se han retirado 1,43 millones de toneladas de escombros y demolido 282 edificios con daños severos en localidades como Caraballeda y Catia La Mar, mientras el Banco Mundial estima los daños físicos directos en 19.600 millones de dólares
El plan propone un modelo de gobernanza con responsabilidades delimitadas entre el Ejecutivo nacional, como garante del marco normativo y la seguridad jurídica; una Comisión Técnica de Reconstrucción integrada por el Estado, el CIV y las universidades; y una Corporación o Agencia de Desarrollo del Litoral Central bajo figura de empresa mixta, concebida como único ente ejecutor de obras públicas y sujeta a doble auditoría internacional.
El ordenamiento territorial de la propuesta se apoya en estudios de microzonificación para mitigar dos riesgos principales. Frente a la «amenaza paralela» del mar sobre los suelos blandos costeros, el plan plantea crear un cinturón verde no residencial con parques lineales y arquitectura ligera que disipe la energía marina, trasladando las zonas residenciales, financieras y hoteleras hacia terrenos altos y estables.
Para contener la «amenaza perpendicular» de las crecidas que bajan de la montaña, el documento advierte que es urgente dragar y rehabilitar las 63 presas de sedimentos, varias de ellas colapsadas o colmatadas, y mantener cauces libres. Asimismo, incorpora redes eléctricas inteligentes, plantas desalinizadoras descentralizadas, la reutilización de los escombros recolectados y la actualización de las normas sismorresistentes Covenin.
Para el financiamiento, el CIV diseñó un modelo financiero diversificado que incluye la liberación dirigida del encaje legal bancario para créditos en divisas, la emisión de «Bonos de Resiliencia La Guaira» en el mercado de valores, la canalización de activos exteriores del Estado, fideicomisos locales y aportes de organismos multilaterales como la CAF, el BID, el Banco Mundial y ONU-Hábitat.
El esquema contempla crear un fondo autónomo, auditable internacionalmente e inmune al gasto corriente estatal, que destinará recursos prioritarios a subsidios habitacionales de hasta un 80 % para los sectores más vulnerables.
La arquitecta Josefina Baldó complementó el enfoque urbano al señalar que cerca del 70 % de la población de La Guaira reside en barrios donde la planificación tradicional ha fracasado. Propuso entonces una habilitación integral de los sectores populares que combine infraestructura segura con el empoderamiento comunitario y la administración delegada de recursos.
«Los habitantes deben ser actores del proceso y no instrumentos políticos», sostuvo. Además, defendió la instalación de oficinas locales de asistencia técnica para acompañar la renovación progresiva de las viviendas.
En materia de contraloría, el diseño del plan del Colegio de Ingenieros tomó lecciones de las diez catástrofes sísmicas más graves del siglo XX, resumidas en cuatro condiciones: ingeniería forense pública, transparencia en el manejo de fondos, resarcimiento moral y patrimonial de las víctimas y reactivación económica para evitar el desplazamiento de los guaireño.
La hoja de ruta plantea un horizonte de 15 años divididos en etapas superpuestas: seis meses de evaluación de emergencia y estabilización humanitaria y vial; hasta dos años para la recuperación temprana de servicios básicos, adaptación de normas y creación de un banco de tierras («land pool») para agrupar propiedades fragmentadas; una fase de reconstrucción habitacional y creación de zonas francas, y la transformación territorial a largo plazo.
Notieraz