La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Panamá que garantice el acceso a los servicios de salud para los migrantes irregulares que atiende en albergues, lo que incluye pruebas y tratamientos contra el covid-19, así como su inclusión en el programa de vacunación.
«Requerir al Estado de Panamá que asegure, de forma inmediata y efectiva, el acceso a servicios de salud esenciales sin discriminación a todas las personas que se encuentran en la Estación de Recepción Migratoria Lajas Blancas, incluyendo detección temprana y tratamiento del covid-19», indica la resolución de la Corte en el marco de un proceso de supervisión de una sentencia relacionada con migrantes emitida en 2010 .
La resolución publicada este martes indica que, de acuerdo con los principios de igualdad y no discriminación, «los Estados deben garantizar que las personas migrantes tengan acceso a los programas de vacunación sin ninguna distinción basada en su nacionalidad o estatus migratorio, en igualdad de condiciones que las personas nacionales y residentes».
«Este Tribunal comprende que, en el contexto actual, la escasez de vacunas contra el covid-19 dificulta en muchos países garantizar que todas las personas tengan acceso inmediato a las vacunas, por lo que se requiere establecer grupos de prioridad. Al respecto, los Estados solo podrán establecer distinciones objetivas y razonables, cuando estas se realicen con el debido respeto a los derechos humanos», señaló el tribunal.
Los jueces resaltaron la importancia de que «la comunidad internacional realice acciones para procurar asegurar una distribución global y equitativa de las vacunas».
En su resolución, la Corte Interamericana valoró positivamente la voluntad expresada por el Estado panameño de incluir a los migrantes en el esquema de vacunación.
En ese sentido, el tribunal instó a Panamá a que «explique con claridad y en detalle las medidas que adoptará, así como el grupo o la fase en la que serán vacunadas para garantizar de forma efectiva y sin discriminación su derecho a la vida y a la salud en el contexto de la grave crisis sanitaria actual».
La Corte Interamericana también mantuvo vigentes las medidas provisionales a favor de las personas migrantes que se encuentran en la Estación de Recepción Migratoria Lajas Blancas, en la Provincia de Darién, fronteriza con Colombia, por lo que ordenó a Panamá que «continúe adoptando todas las medidas adecuadas para proteger efectivamente sus derechos a la salud, integridad personal y vida».
Estas medidas también rigen para la Estación de Recepción Migratoria de San Vicente y en la comunidad receptora de Bajo Chiquito, en la Provincia de Darién.
Panamá es una zona de paso para miles de migrantes irregulares que buscan cruzar Centroamérica como parte de una larga travesía con rumbo, principalmente, a Estados Unidos.
Debido a la pandemia y a los cierres de fronteras, miles de estos migrantes se quedaron varados en los albergues panameños, lo que motivó a que el asunto fuera abordado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante denuncias sobre pobres condiciones en esos sitios.
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