Al conmemorarse el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, el comisionado presidencial para los Derechos Humanos (DDHH) del gobierno interino de Venezuela, Humberto Prado, señaló que en 2019 los casos de tortura en Venezuela se incrementaron en más del 526%.
Prado destacó además cómo en el país suramericano este acto inhumano y degradante sigue siendo una práctica común por parte del régimen madurista.
“Desde la llegada de Maduro, en 2013, han muerto 72 personas a causa de torturas en Venezuela, de acuerdo a cifras de la ONG PROVEA que también señalan que entre enero y diciembre de 2019 los casos de tortura incrementaron en 526.6% en comparación con el año anterior. Los cuerpos de seguridad CICPC, DGCIM y PNB han tenido mayor participación en estos delitos que se han ejecutado en establecimientos oficiales de detención o en zonas militares”, afirmó Prado.
Agregó que para 2020, Provea aportó cifras que engloban la tortura sistemática del régimen: 5.232 violaciones a la integridad personal, 852 víctimas de trato cruel, 1.033 heridos, 1.804 allanamientos ilegales y 810 amenazas y hostigamiento. Según Casla Institute, en 2019, 53% de las víctimas torturadas fueron civiles y 47% militares.
Prado señaló la importancia de investigar los casos de torturas y sancionar a sus responsables. “En Venezuela existe un alto margen de impunidad en casos de torturas, lo que fomenta la repetición de tales prácticas. Ante ello, es imprescindible que el Estado se avoque a investigar, aun de oficio, los actos que pudieran constituir tortura; someta a los presuntos responsables ante la justicia y aplique las sanciones a las que haya lugar”.
El comisionado recordó que, además, “toda víctima de tortura tiene derecho a gozar de una reparación integral por el daño sufrido, la cual, atendiendo al caso concreto, podrá incluir medidas de diversa índole, entre ellas: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción”.
A juicio del comisionado presidencial para los Derechos Humanos, “el régimen de Maduro tiene compromisos pendientes con la prohibición de la tortura. Entre ellos, destaca la necesidad de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. La ratificación de este instrumento permitiría que órganos independientes de índole nacional e internacional realicen visitas periódicas, no anunciadas y sin restricciones, a todo tipo de establecimientos en los que existen personas privadas de libertad.
Carlos Vecchio
Por su parte, el Embajador de Venezuela ante los Estados Unidos, Carlos Vecchio, enfatizó que “Nicolás Maduro y sus torturadores deben responder ante la justicia por los crímenes de lesa humanidad perpetrados contra los venezolanos”.
El Embajador recordó que “el Capitán de Corveta Rafael Acosta Arévalo, los concejales Fernando Albán y Carlos García, y Rodolfo González «El Aviador», son solo algunas de las víctimas fatales de dictadura de Nicolás Maduro y su práctica de la tortura como política de Terrorismo de Estado para sostenerse en el poder”.
Adicionalmente destacó que el informe de la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, ha confirmado persistentemente las terribles violaciones de #DDHH en Venezuela, por lo que Maduro debe responder ante la justicia por los crímenes de lesa humanidad perpetrados contra el pueblo venezolano.
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