Carol Padilla, en sus manos han llegado casi sin excepción, los casos políticos de mayor interés para el Gobierno de Nicolás Maduro: el atentado con drones, la intentona del 30 de abril, casos de Juan Guaidó, Leopoldo López, Fernando Albán, Juan Requesen, el general Ángel Vivas Perdomo, entre y otros.
Pero esa confianza depositada en ella por el chavismo parece guardar una proporción inversa a su desempeño como abogada litigante, salpicada de incidentes en medio de una larga racha de reveses. Hasta llegó a estar arrestada por la forja de un documento. Ahora es el brazo ejecutor de sentencias prestablecidas.
La primera vez que Carol Padilla Reyes se metió en problemas por un documento del Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado) fue en 1998. En aquel entonces, en el marco de una averiguación penal, el organismo emitió un escrito en el que aseguraba que Johann Francisco Arretureta Guevara, al que acusaban de extorsión por hacerse pasar por letrado sin serlo, efectivamente no era profesional del Derecho.
Padilla, quien apenas dos años antes había recibido su título de abogada de la Universidad Santa María (USM) de Caracas, intentó salvar a quien muchos años después se convertiría en su marido: falsificó un documento, junto a la hermana de este, en el que Inpreabogado supuestamente certificaba a Arretureta como abogado. Lo enviaron al tribunal que llevaba la causa, la jueza y el inspector detectaron la irregularidad, y a ellas no les quedó otra opción que reconocer su autoría, por lo que resultaron detenidas preventivamente.
En 2017 Padilla se convirtió en brazo ejecutor de la que catalogan como una “dictadura judicial relacionada con abogados, fiscales y jueces del terror en Venezuela.
Su nombre, sin embargo, ya se sumó a la lista de otros “juristas del horror”, jueces que estuvieron en su posición antes, algunos de ellos con antecedentes penales, como ella, que se mostraron leales al Gobierno hasta llegada la hora -en algunos casos- de caer en desgracia: como Alí Paredes, quien conoció los casos de la jueza María Afiuni y del narcotraficante Walid Makled, y que tras condenar a este fue detenido por la policía política; Miguel Graterol, quien llevó los casos del exalcalde Antonio Ledezma y del otrora estudiante Lorent Saleh, y terminó siendo destituido por otro caso; el mismísimo Maikel Moreno, quien jugó un rol importante en el caso del excomisario Iván Simonovis, y quien también después fue destituido de un tribunal de apelaciones por haber cometido “graves errores judiciales inexcusables” en la liberación de unos sospechosos de homicidio, aunque luego fue reenganchado y hoy en día preside el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ.
En noviembre de 2005 lo intentó de nuevo como defensora de Yonny Eduardo Bolívar Jiménez, quien casi nueve años después se convertiría en el asesino de la intérprete de señas con 18 semanas de gestación, Adriana Urquiola, cuando en el marco de protestas antigubernamentales le dispararía para abrirse paso entre barricadas.
En 2005, Bolívar ya había sido acusado de cometer los delitos de secuestro, ocultamiento ilícito de arma de fuego, usurpación de título militar, aprovechamiento de acto falso y obtención de pasaporte con falsedad ideológica, y Padilla fue su apoderada judicial.
Luego de cometer un delito por él y defenderlo en algunos casos civiles, Carol Padilla se casó con Johann Arretureta, quien la acompaña con frecuencia al Palacio de Justicia, en Caracas, donde incluso entra a las audiencias que se suponen privadas
Un cargo a la medida
La abogada Padilla pasó a llevar orgullosamente el apellido de quien se convirtió en su marido. Como ya publicó Armando.Info, Arretureta fue el hombre “extraño” que estuvo presente en la audiencia de presentación –que se suponía privada– del diputado opositor Juan Requesens, quien cumplió un año de haber sido detenido por su supuesta participación en el atentado contra Maduro Antes de ser liberado. Acusados, familiares y abogados han sido testigos de la evolución física de la jueza Carol Padilla desde su llegada a los tribunales venezolanos, donde se muestra prepotente
Diosdado Cabello
En 2012, sin embargo, la vida de Padilla dio un vuelco auspicioso. El 5 de enero, el entonces diputado Diosdado Cabello -quien se convertiría en el reconocido número dos del chavismo y actual presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente- asumió la presidencia de la Asamblea Nacional. Cabello creó en ese parlamento de mayoría oficialista la Sección de Seguimiento y Control Legislativo, adscrita a la dirección general del Despacho de Presidencia. Quienes trabajaban en ese momento en el despacho de Cabello aseguran que la sección fue creada especialmente para que Padilla ingresara al parlamento.
En 2012, cuando Diosdado Cabello presidía la Asamblea Nacional, nombró a Carol Padilla como uno de sus funcionarios de alto nivel y confianza. Se rumoraba en el Parlamento que la Sección de Seguimiento y Control Legislativo fue creada por él exclusivamente para que ella fuera jefa
Quienes trabajaron con ella en el poder legislativo dicen que se mantuvo ocupada en la AN. Por eso, hasta el año 2015, no hay registros de actividad de Padilla en el histórico de sentencias del TSJ. No fue sino hasta 2017 cuando reapareció, ahora como jueza, primero del Juzgado 9º Itinerante en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, y luego del que ha vuelto famoso Juzgado 20º de Primera Instancia en Función de Control también del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
Metamorfosis de una jueza
Aunque Padilla no tenía experiencia previa en el otro lado de un tribunal, ni siquiera como secretaria, comenzó pronto a recibir los casos políticos más emblemáticos. Uno de los primeros que llevó fue el del general de brigada del Ejército, retirado, Ángel Vivas Perdomo. Vivas y su figura, armada con un fusil de asalto en los jardines -convertidos en trinchera- de su quinta en Prados del Este, una urbanización de clase media-alta de Caracas, se convirtieron en un emblema de las protestas antigubernamentales de febrero de 2014.
A Padilla le dieron casos cada vez más importantes. En agosto de 2017, cuando el chavismo arremetió contra el equipo de la entonces fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz- quien finalmente debió huir al exilio-, de entre 52 tribunales que hay en el Área Metropolitana de Caracas, la causa de la presunta red de extorsión que comandaba Ortega fue a dar al tribunal 20º de control de Padilla.
Ya Armando.Info denunció algunas de las irregularidades de este caso. Entre otras cosas, tras casi dos años de haber sido detenido, el ex fiscal auxiliar 55, Luis Sánchez, señalado como parte esa red, no ha tenido su audiencia preliminar. Ha sufrido 20 diferimientos, principalmente porque el tribunal de Padilla no da despacho. Padilla también lleva uno de varios casos relacionados con la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que hay en tribunales, precisamente el de los contratistas de empresas mixtas como Petropiar, que la fiscalía de Sánchez había investigado.
Padilla se mantuvo anclada en el tribunal 20º de control, pese a que en julio de 2016, el TSJ reguló la rotación anual de los jueces. Pronto recibió un nuevo expediente, pero no caería en su tribunal de Caracas sino en otro para el que fue designada como jueza: el 1º de control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo, con jurisdicción nacional. Allí, a sus manos, llegó la causa del intento de magnicidio, en la que supuestamente estaban involucrados los diputados Juan Requesen y Julio Borges, y posteriormente se dijo que también el concejal Fernando Albán, todos dirigentes del partido opositor Primero Justicia.
Armando.Info también ha reportado irregularidades en este otro caso. Al comienzo, el tribunal no estaba ni siquiera constituido de manera regular según la ley. La secretaria Yasmily Rojas no era profesional del Derecho, como establece el artículo 510 del Código Orgánico Procesal Penal, y esto se supo por una comunicación emitida, precisamente, por Inpreabogado. Y aunque ya Rojas no es parte del equipo de Padilla, las irregularidades continúan.
Entre otras cosas, el 4 de octubre de 2018 no dieron acceso a la defensa de Requesens para que revisara el expediente, alegando que el tribunal no estaba dando despacho, pero, al mismo tiempo, Padilla supuestamente emitió una orden de captura contra el concejal Albán, quien luego fallecería en circunstancias aún por aclarar, bajo custodia de funcionarios del Sebin: desde el oficialismo alegan que se suicidó, mientras que desde la oposición aseguran que fue un asesinato.
En los documentos, la defensa destaca otras irregularidades, principalmente relacionadas con la supuesta orden de detención: dicen que no era original, sino que se trataba de una “copia simple”; y que no contenía ningún tipo de motivación o razonamiento que justificara la necesidad de dictar la medida preventiva privativa de libertad, lo que a juicio de la defensa viola las disposiciones previstas en los artículos 236 y 232 del Código Orgánico Procesal Penal, que señalan no solo la verificación de los requisitos que justifiquen la medida, sino la necesidad de una resolución judicial fundada. Esa falta de motivación es, precisamente y en términos jurídicos, una de las críticas más comunes a Padilla en los casos políticos.
A ambas instituciones, Fiscalía y Defensoría, se les solicitó que investigasen a Padilla, entre otros funcionarios judiciales y fiscales “que habrían participado en la producción de la supuesta orden judicial, dictada mientras no existía acceso al expediente y sin que el tribunal diera despacho, y quienes no permitieron que el concejal Albán, detenido en ese momento, se presentara ante el juez competente en los lapsos que prevé la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal”.
Aunque Padilla fue quien dictó su detención, tras estar dos días desaparecido, Albán fue presentado ante otro tribunal, el 6º de control, que declinó su competencia, el domingo 7 de octubre, un día antes de su muerte.
Pero ya Padilla está en aprietos, una vez más. El mismo día que se introdujo ese documento en la CIDH, el 26 de abril de 2019, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (EEUU) emitió un comunicado en el que informaba que había impuesto sanciones sobre ella y sobre el canciller venezolano Jorge Arreaza.
“El Tesoro seguirá apuntando contra los cercanos al corrupto Maduro, incluidos los encargados de llevar la diplomacia e impartir justicia en nombre de su régimen ilegítimo”, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en el comunicado.
Casos de Guaidó, Leopoldo López y Edgar Zambrano
Sin embargo, Padilla sigue a cargo del caso y del tribunal 1º de control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo. Cosa que no sucedió con el tercer tribunal que encabezaba, el 2° de Primera Instancia en Función de Control en materia de delitos de Terrorismo con jurisdicción nacional, en el que llevaba la causa del golpe del 30 de abril, encabezado por los dirigentes opositores Juan Guaidó y Leopoldo López.
A principios de agosto de 2019, otra abogada, Hilda Villanueva, fue designada jueza de dicho tribunal. Pero antes, Padilla fue acusada de retrasar también ese caso. Para el jueves 1º de agosto de 2019 estaba previsto iniciara la audiencia preliminar del diputado Édgar Zambrano, detenido por su supuesta participación en los hechos, la noche del 8 de mayo, en las inmediaciones de la sede del partido de centroizquierda Acción Democrática, desde donde su vehículo fue remolcado por una grúa.
Pero, para la audiencia, Zambrano no fue trasladado desde su sitio de reclusión en Fuerte Tiuna, la instalación militar más conocida de la capital, hasta los tribunales, en el centro de la ciudad. Al llegar al Palacio de Justicia, su defensa se encontró con dos papeles pegados en la puerta de la oficina de Padilla, en la mezzanina, donde para entonces todavía funcionaban los tres tribunales a su cargo, en los que notificaban que no había despacho en los dos de terrorismo.
Trinomio maquiavélico
Padilla es el brazo ejecutor de un aparato mucho más complejo que un individuo, e incluso que tres, como es el caso. Antes de que a ella le corresponda actuar, los fiscales hacen lo suyo. No siempre está en sintonía con ellos, pero cuando se trata de Farik Mora Salcedo y Dinora Bustamante Puerta la alineación de los tres es casi perfecta.
Mora Salcedo y Bustamante Puerta también estuvieron presentes en el allanamiento a la casa del jefe de Despacho del líder opositor Juan Guaidó, Roberto Marrero, cuya causa también cayó en manos de Padilla, aunque los dos fiscales posteriormente se desvincularan.
Para el momento de su detención, en marzo de 2019, Marrero fue acusado de ocultamiento de arma de guerra y explosivo. En junio de este año, el tribunal de Padilla, con una celeridad atípica, ordenó el pase a juicio de los implicados, y admitió las acusaciones de la fiscalía.
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