Luego de 15 años, unos comicios venezolanos vuelven a contar con observadores internacionales enviados por organismos de la talla de la Unión Europea (UE), el Centro Carter y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Hay un cambio de paradigma, pues desde el 2006 y hasta 2019 solo gobiernos y organizaciones afectas al chavismo habían sido convocados como acompañantes electorales que, en resumidas cuentas, dejaban ver detalles escuetos, por no decir opacos, de lo que evidenciaban, pues el Estado prohibía hacer públicas sus consideraciones.
El Poder Electoral, designado por la Asamblea Nacional (AN) electa en los cuestionados comicios del diciembre del 2020, aprobó una resolución especial en la que admitió la presencia de estos organismos extranjeros como observadores y les da la posibilidad de, por ejemplo, convocar ruedas de prensa para compartir su valoración del proceso cuando lo consideren necesario, aunque con previa notificación al CNE, y publicar su conclusiones y recomendaciones.
Tras la aprobación de esta resolución, la misión de observación internacional también podrá diseñar su propio plan de actividades, lo que quiere decir que ahora el ente rector no decidirá los lugares o centros de votación que los grupos extranjeros visitarán, como lo hacía. Para estas elecciones la misión también podrá desplegarse en todo el territorio con antelación, en aras de seguir de cerca los preparativos comiciales y el propio día de las elecciones.
Al respecto, el presidente de la asociación civil Súmate, Roberto Abdul, expone que las misiones de observación internacional son cuerpos de expertos que se crean para participar y hacer observaciones, contraloría y veeduría de los procesos electorales, que normalmente se despliegan en países donde existen altos niveles de desconfianza sobre el sistema electoral, tanto por parte de la población como de los cuerpos internacionales.
Abdul deja claro que, en términos de capacidad, no se diferencian las tareas que hacen estas misiones de las que ejecutan las nacionales. A su juicio, el tema tiene que ver con los niveles de confianza que estas generan, pues, en países como Venezuela, los actores políticos pueden sentir que las misiones de observación locales pueden ser fácilmente vulneradas
Detalla que, básicamente, a través del despliegue de las misiones extranjeras se procura, primero, tratar de generar confianza entre las partes y, segundo, hacer evaluaciones cualitativas y cuantitativas de los procesos electorales para, posteriormente, emitir informes de evaluaciones de cómo se organizó, desarrolló y se realizó el proceso electoral.
La presencia de estos grupos deja un efecto disuasivo sobre lo que pueden ser conductas fuera del Estado de derecho y los principios generales que aplican a los procesos electorales, dijo Roberto Abdul.
Ni para un lado ni para el otro
Sobre este tema, la exconsultora jurídica del CNE Egleé González Lobato recalca que la observación electoral fundamentalmente constata que el proceso sea creíble, integrador y transparente.
En ese sentido, opina que la misión adquiere una importancia relevante debido a que no es para favorecer a ninguna de las partes en la disputa política, sino para garantizar que el proceso reúna condiciones apegadas a los estándares internacionales y que promueva realmente la participación.
González Lobato destaca que con ese «acuerdo administrativo» —que no es más que la aprobación de las exigencias que hace la Unión Europea en cualquier lugar del mundo, pero sobre todo en países donde hay una crisis política— se garantiza a los organismos desplegar sus actividades de manera transparente, incluyendo la libertad de tránsito, de reunión con actores políticos y con sectores sociales.
Lobato, directora de la Cátedra Libre Democracia y Elecciones de la Universidad Central de Venezuela (UCV), también afirma que las misiones de observación internacional dejan constancia de distintos aspectos, por ejemplo, el contexto político en que se desarrolla la elección, el ambiente electoral, quiénes son los actores políticos que participan y revisan el marco jurídico y hasta lo que tiene que ver con el sistema electoral y la tutela judicial, es decir el cómo están protegidos los candidatos.
Otra de las tareas que le corresponde hacer a estas misiones es revisar la administración electoral. Es decir, la estructura y la composición y cómo hay un proceso de lo que se llama la descentralización electoral, que tiene que ver con las juntas regionales, su funcionamiento y cuán independientes son.
«Esa misión se va a dirigir fundamentalmente a los partidos políticos y candidatos. Aquí, nuevamente, se dejará constancia de estas judicializaciones que afectaron a los partidos políticos con una designación de unas juntas ad hoc y cómo participan en este proceso», agrega. Al mismo tiempo, apunta que las misiones extranjeras verificarán los equilibrios en medio del proceso.
«Si hay censura o no, si hay acceso a los medios de comunicación de manera equitativa y esto tiene que ver con radio, televisión y todo los medios de comunicación digitales. Cómo es el acceso de candidato, si es proporcional o no es proporcional. Otro de los aspectos sobre los que se deja constancia en los países donde va la Unión Europea tiene que ver con la participación de la mujer y de los pueblos indígenas y cómo es la de la sociedad civil».
Para calmar las aguas
La diferencia es que la resolución que aprobó el CNE no aplica para las misiones de observación nacionales. Es decir, estarán amarradas a la Ley Orgánica de Procesos Electorales que, entre otras cosas, limita su actividad de evaluar la integridad de los comicios, pese a que estas misiones son las que más tienen capacidad para desplegarse a lo largo y ancho de la nación.
En tanto, el director de la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación José Domingo Mujica, detalla que la observación extranjera hace, al igual que las nacionales, un seguimiento del proceso electoral para precisar su apego a la normativa vigente.
Señala que los observadores tienen instrucciones para ver si se cumple, por ejemplo, el protocolo previsto para votantes con acompañamiento o si hay puntos de control partidista cerca de centros de votación.
«Ellos miran también el apego a las normas, solo que mientras nosotros elegimos una muestra aleatoria de centros y designamos a los observadores para que hagan seguimiento todo el día en el mismo sitio, los extranjeros hacen una especie de ronda, en la que van preguntando y con ello responden a los parámetros que tienen establecidos. En este momento lo que sé es que habrá un numero suficiente en el campo, que son los observadores de la UE», explica.
Aunque asevera que las misiones de observación extranjera son independientes una de la otra, destaca que ella mantienen contacto con las naciones porque están consientes que las Venezuela pueden alcanzar mayor cobertura.
Para Mujica, la presencia de estas organizaciones luego de varios años es una presión positiva para el cumplimiento de las normas.
En este sentido, sostiene que hay que tener en cuenta que las voces internacionales, llámense como se llamen, tienen una audiencia grande y es por ello que el hecho de que participen en el evento comicial induce al respeto a las normas, porque de lo contrario se propagaría una imagen mala del comportamiento. Su presencia abre el camino para que se disminuyan las violaciones, afirma.
«Ellos ven el proceso electoral en su conjunto. En general hay una presión importante dentro del país y desde afuera para que Venezuela retome el mundo de la institucionalidad y que, por ejemplo, las decisiones se celebren de acuerdo a estándares internacionales. Hay muchas críticas, con respecto al comportamiento de procesos electorales anteriores. Entonces, bueno, el gobierno por esa presión trata de mostrar una mejor cara a la comunidad nacional e internacional y a eso se debe la importancia de la observación».
¿Quiénes vienen?
Entre las misiones de observación internacional que estarán en el proceso comicial convocado para el 21 de noviembre próximo se encuentra: la de la Unión Europea, conformada por un equipo de 11 expertos electorales, con Isabel Santos, miembro del Parlamento Europeo, a la cabeza, y unos 100 observadores que se desplegarán en el territorio nacional el día de la votación. El equipo central evalúa todos los aspectos y etapas del proceso electoral, incluidos los aspectos políticos, electorales, legales, y cuenta con el apoyo de expertos en logística y seguridad.
Una vez tengan la documentación lista, la MOE-UE emitirá una declaración preliminar dos días después de la votación del 21 de noviembre. Luego, uno o dos meses después del proceso, emitirá un informe detallado con recomendaciones para futuros comicios.
El Centro Carter también visitará el país. Ya el 10 de octubre, tres de sus miembros asistieron como invitados al simulacro electoral que convocó el CNE. El 21 de noviembre desplegará una misión integrada por cuatro expertos electorales y dos representantes del Centro Carter. Esta misión centrará sus tareas en aspectos como el marco legal electoral, la libertad de los medios de comunicación, el uso de las redes sociales y la transparencia del CNE en relación al sistema electoral electrónico.
La ONU también contará con un panel de expertos. Este grupo seguirá el proceso electoral, enfocándose en lo cualitativo y no en lo cuantitativo, con especialistas en áreas como soporte, apoyo logístico, comunicación, análisis de campo, entre otros. Revisarán aspectos como el manejo de la campaña, utilización de recursos públicos y equilibrio en los medios de comunicación, reseñó Guachimán Electoral.
Otro organismo que envía misiones para este proceso es el Parlamento Europeo, cuya delegación también estará liderada por la diputada portuguesa Isabel Santos y contará con 12 integrantes políticos: tres populares, tres socialistas, dos liberales y un miembro de los verdes, la izquierda, los conservadores y la ultraderecha, respectivamente.
A la lista se suma el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela), organismo que ha sido objeto de críticas por, supuestamente, tener preferencias con el oficialismo. En esta oportunidad, su misión estará integrada por especialistas electorales entre los que se cuentan expresidentes, exvicepresidentes y magistrados de organismos electorales.
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