“¿Cómo saben que quienes entraron a EEUU y después fueron traficados a El Salvador son parte del Tren de Aragua?”; se pregunta el magistrado emérito del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Alejandro Angulo Fontiveros. “Ninguna prueba se aportó al respecto”, responde Angulo Fontiveros, quien fue presidente de la Sala Penal del máximo juzgado de Venezuela.
El magistrado analiza las circunstancias que rodearon la deportación desde Estados Unidos a El Salvador de 238 venezolanos. Llegaron al país centroamericano el domingo 16 de marzo pasado, amarrados con cadenas, y de inmediato fueron encerrados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, acción por la cual el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, percibirá 6 millones de dólares de la administración Trump, según cálculos.
El magistrado tiene una descripción para Bukele: “El redivivo Calígula”. El experto en derecho penal sostiene que la suma gravedad de la acusación hecha contra esos migrantes venezolanos ameritaba, de modo indefectible, “irrefutables pruebas de que sí pertenecen a esa banda y, sobre todo, por ser deportados y traficados a la tenebrosa cárcel (se reporta una espantosa mortandad de aproximadamente trescientas personas en tres años) bajo el mandato del redivivo Calígula salvadoreño Bukele e intentando justificar ese repulsivo traslado sobre la base de tal acusación’’.
En ese sentido, Angulo Fontiveros recalcó que la base de todo proceso penal son las pruebas, sin las cuales no se puede condenar a nadie, aunque se supiera que antes cometió otros delitos. Al no existir nada de eso (procesamiento penal), Angulo Fontiveros dice que Bukele está incurriendo en crímenes de lesa humanidad, tal como lo establece el Estatuto de Roma, en su artículo 7.
“Crímenes de lesa humanidad. 1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por ‘crimen de lesa humanidad’ cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población (…)”, leyó.
La entrada irregular
Angulo Fontiveros igualmente se pregunta cómo entraron a Estados Unidos esos venezolanos, un país con sistemas computarizados e informáticos de primerísima categoría.
Otra irregularidad jurídica en la que estaría incurriendo el presidente Bukele es su incompetencia para retener venezolanos en sus cárceles, puesto que ellos no cometieron delito alguno en esa nación, explicó Angulo Fontiveros.
“El Salvador es totalmente incompetente para conocer de ese caso, puesto que los supuestos delitos no se perpetraron allá y por esto no tiene ninguna jurisdicción territorial”, subrayó el magistrado.
Por otra parte, Angulo Fontiveros celebró la decisión del juez de distrito federal, Brian E Murphy, quien prohibió al presidente Donald Trump las deportaciones de personas a países distintos al suyo, basados en la Ley contra Enemigos Extranjeros (1798).
“Para América Latina es muy importante ese rechazo del juez a lo solicitado por Trump, pues eso significa que las deportaciones fueron y siguen suspendidas, por lo cual Trump no puede lícitamente invocar esa norma y continuar con las deportaciones’”, comentó el magistrado.
La Corte
Sobre la eventual responsabilidad penal de Bukele por retener en sus cárceles a 238 venezolanos deportados desde Estados Unidos, el abogado José Castillo Suárez opina que el Estado venezolano puede interponer una demanda con el mandatario salvadoreño ante la Corte Penal Internacional (CPI).
“Ciertamente Bukele está cometiendo delitos de lesa humanidad contemplados en el Estatuto de Roma, que fue suscrito por El Salvador, entre otras naciones; entonces, el tribunal que juzga los delitos contemplados en ese Estatuto es la Corte Penal Internacional”, detalló Castillo Suárez.
Los familiares y amigos de los deportados a El Salvador pueden presentarse ante la CPI y consignar una denuncia contra el presidente salvadoreño, adelantó el profesional del derecho, quien asistió al entonces presidente Hugo Chávez cuando este fue demandado ante la CPI, achacándole las muertes ocurridas en el golpe de Estado de abril de 2002.
En Caracas se han desarrollado dos marchas en favor de los migrantes venezolanos con participación de familiares y amigos, quienes además firmaron un documento para impulsar las acciones jurídicas que el Estado venezolano emprenderá, con el propósito de conseguir la liberación de los deportados presos en El Salvador.
La otra instancia que tiene Venezuela para acudir y presentar esa denuncia es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), sostuvo Castillo Suárez.
El abogado indicó que la Organización de Naciones Unidas (ONU) tiene un especial interés en la atención a los migrantes. Al respecto, recordó que la ONU aprobó el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, instrumento que “coloca a los migrantes en el centro y que ofrece una oportunidad para la protección de sus derechos humanos’’
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