La cuarentena en Caracas se ha convertido en el escenario perfecto para que grupos armados tomen por la fuerza varios inmuebles, resaltando por ejemplo como en los últimos 15 días fueron invadidos los edificios Cori y Sociedad ubicados en las avenidas Fuerzas Armadas y Universidad respectivamente. Los líderes vecinales develaron que con estos hechos la cifra llega a 32 intentos de invasiones durante la pandemia solo en Libertador.
Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, explicó como en el caso del edificio Sociedad, donde funciona la emblemática sede del Centro Contable, una turba dirigida por colectivos armados ingresó por la fuerza al inmueble este pasado domingo en la madrugada. “Según nos relataron los dueños eran como una 40 personas, incluyendo mujeres y niños los cuales eran usados como escudos para impedir el desalojo, asimismo en el proceso rompieron puertas y cerraduras destrozando mobiliario de varias oficinas”, detalló.
Rojas, relató que en este caso lo más grave es como luego de la denuncia oportuna de los propietarios llegó una comisión de la Policía de Caracas desalojando a los tomistas, pero ahora los funcionarios impiden a los legítimos dueños acceder a las instalaciones. “Tenemos información que los invasores están conectados con colectivos armados de la zona y a miembros de las comunas quienes tienen en la mira el edificio desde hace meses, usando la excusa de entrar para resguardarlo buscan robarse la edificación. No descartamos como ha ocurrido en otros casos la complicidad de la propia Alcaldía de Libertador”.
El luchador social señaló que lo ocurrido en las oficinas del Centro Contable en la parroquia Catedral no es un hecho aislado, siendo la mejor prueba la invasión de un apartamento en el edificio Cori, en la avenida Fuerzas Armadas tan solo unos días antes. “En este caso la edificación ha sido tomada paulatinamente por invasores, usando la ley de arrendamientos como excusa para robarse las viviendas, pero aprovecharon la cuarentena para terminar de tomar uno de los pocos apartamento que aún no se encontraba en poder de los tomistas. El propietario del inmueble fue agredido por los colectivos, todo con el apoyo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y miembros de Sunavi (Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda”, afirmó.
Informó que conforme a la denuncias recibidas van 32 intentos de invasión a propiedades privadas durante la cuarentena, esto solo en el municipio Libertador. “Esta es una nueva oleada de toma invasiones, la cual cuenta con la complicidad directa del Gobierno de facto de Nicolás Maduro y la propia Erika Farías, quien auspicia desde su alcaldía a los colectivos dándoles apoyo gubernamental y hasta policial para cometer sus fechorías. Otro personaje que hace silencio, y es cómplice ante estos delitos el fiscal de la dictadura Tarek Wiliam Saab, el cual nunca se ha pronunciado sobre la constantes violaciones a la propiedad privada sucedidas en la capital y en toda Venezuela”.
Propietarios se sienten desprotegidos
En opinión de Arturo Lovera, propietario de una oficina en el edificio Sociedad, considera inamisible que la Policía de Caracas tenga tomado el inmueble, impidiendo a los legítimos dueños ingresar a sus oficinas, dejando cerrada la entrada con cadenas sin ninguna razón jurídica. “Existe incertidumbre sobre cuál es el propósito de no permitimos ingresar a nuestro lugar de trabajo, tampoco se nos informa el procedimiento a seguir para recuperar el control de nuestra propiedad. Igualmente el consejo comunal quiere asumir atribuciones directas hablando de un posible resguardo de la edificación. No sabemos quiénes propiciaron la invasión no obstante, generó alertas en algunos de sus propietarios de forma previa al hecho”, dijo
Lovera afirmó que se encuentran desamparados, sin ninguna protección del Gobierno para hacer respetar su derecho a la propiedad, el único mensaje dado por los funcionarios policiales es que los dueños vayan a reunirse con la Sindico Procuradora Municipal, para así llegar a algún tipo de acuerdo “Esperamos se actúe debidamente en favor de la protección a la propiedad privada y la garantía de cuidado a sus bienes, además que no se les restrinja ni se viole ninguno de nuestros derechos”.
Por su parte Omar Pérez, propietario del edificio Cori, acusó a la PNB y al Sunavi de ser cómplice en el robo de su propiedad, ya que estas mismas instituciones en conjunto con los invasores forzaron las cerraduras del apartamento tomándolo por la fuerza. “En Venezuela los propietarios somos considerados criminales, ya que cuando llegamos a reclamar nuestros derechos fuimos desalojados por la policía y agredidos por los invasores, este edificio lo logro mi familia con el esfuerzo y trabajo y ahora vemos como nos los roban y ninguna institución del Estado se pronuncia más bien apoyan descaradamente a los delincuentes”, sentenció.
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