La efectividad de los Acuerdos de Barbados, suscritos el 17 de octubre del año pasado entre el gobierno de Nicolás Maduro y la delegación de la Plataforma Unitaria, aún está en desarrollo. En algunos aspectos, hay cierto avance, en otros no se ha concretado nada y en muchas ocasiones representan la baraja multiuso que usa el oficialismo para sustentar sus acciones y condicionar a sus adversarios.
En Bridgetown, se suscribieron dos acuerdos parciales relativos a «garantías electorales y derechos políticos» y «protección de intereses vitales» del país.
El pasado 5 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2020, Jorge Rodríguez, enfatizó que la extensión de la Comisión Delegada de la AN opositora por un año más representa un atentado contra Barbados.
«Les mando un mensaje a los partidos de la derecha que piden reuniones y firman acuerdos: seguir con la cueva de Alí Babá viola los acuerdos firmados en Barbados. Seguir metiéndole mano a los activos de Venezuela viola los acuerdos», advirtió Rodríguez el viernes 5 de enero.
Desde la AN de 2015 no le han respondido directamente, pero hasta la fecha la oficina de prensa alega que «por seguridad» no puede informarse el quórum de la sesión online en la que se aprobó extender este parlamento hasta 2024.
De acuerdo con Rodríguez, si la oposición persiste en «seguir robándose los dineros que pertenecen a Venezuela, no tendrán otro destino que la justicia».
¿Pero, qué ha pasado, hasta ahora, con los Acuerdos de Barbados? En este texto, TalCual lo revisa.
. Balance y seguimiento. El 5 de enero cuando se instaló la AN de 2020 y tras ser ratificado en la presidencia, Jorge Rodríguez, señaló que presentarán un reporte sobre el estatus de Barbados. Jorge Rodríguez, jefe de la delegación oficialista en la negociación, aseguró que hasta ahora la administración de Maduro ha respetado los aspectos suscritos con la Plataforma Unitaria Democrática y los gobiernos de otros países.
A la fecha no se tiene información sobre la Comisión de Seguimiento.
. Respeto a los candidatos. El primero de los acuerdos contiene 11 puntos, dentro de los cuales figura que » las partes reconocen y respetan el derecho de cada actor político de seleccionar a su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a sus mecanismos internos atendiendo a lo establecido en la Constitución y la ley».
En este aspecto, aunque el gobierno de Maduro permitió la celebración de las primarias opositoras el 22 de octubre del año pasado y en el proceso participaron según el balance oficial 2,5 millones de venezolanos, días después desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una sentencia suspendió los efectos de la elección en la que se impuso María Corina Machado con 92% de los votos.
Hasta ahora, el TSJ no ha respondido al recurso de hecho y el amparo introducido por Machado ante la Sala Político Administrativa sobre la inhabilitación en su contra. Este martes 9 de enero, el abogado Perkins Rocha informó que por segunda vez acudió al máximo tribunal para revisar el expediente, pero no le permitieron el acceso al documento.
Según explicó Rocha en su cuenta en la red social X, en el TSJ argumentaron que el expediente «lo está trabajando el Magistrado Ponente y Pdte de la SPA Malaquias Gil» y por este motivo no podía revisarlo, situación que «coloca en una peligrosa situación de indefensión a MCM…», sustentó.
Desde el gobierno se ha insistido en que los Acuerdos de Barbados no prevén levantar inhabilitaciones, pero la administración de Maduro se vio apremiada por el Gobierno de los Estados Unidos que puso como plazo el pasado 30 de noviembre para que se abriera un proceso de revisión a las limitaciones sobre los derechos políticos de dirigentes opositores. Esto en el marco de un alivio parcial de sanciones relativas a las operaciones petroleras.
Además, a través del Ministerio Público, se abrió una investigación a parte a la directiva de la Comisión Nacional de Primaria, encabezada por su presidente Jesús María Casal, y a los representantes de varias de las Juntas Regionales. Sobre esta investigación penal no se han informado más detalles. Sin embargo, a principios de diciembre fue detenido el director de Súmate, Roberto Abdul (también directivo de la Comisión de Primarias), y quien fue uno de los presos políticos excarcelados a fin de año.
. Garantías electorales. Los Acuerdos de Barbados prevén el establecimiento de garantías para la realización de elecciones libres. En la práctica, a la fecha, solo se conoce el anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la realización de una jornada del Registro Electoral (RE).
En octubre de 2023, el rector Juan José Delpino informó de la jornada y anunció que fueron recibidas más de 1.700 solicitudes para que se activara el operativo del Registro Electoral.
Sin embargo, el gobierno cerró la puerta a la Misión Electoral de la Unión Europea (UE). En noviembre de 2023, el gobierno señaló que con las nuevas sanciones “dañinas y denigrantes” en contra de funcionarios venezolanos, el bloque europeo se inhabilitó para participar como observador en las elecciones.
. Presos políticos. Como parte del alivio de sanciones, EEUU puso como condición la liberación de presos políticos. A finales de diciembre, fueron excarcelados cerca de 25 de estos presos y también se realizó el canje de 10 estadounidenses en poder del Estado por el empresario Alex Saab, quien había sido extraditado desde Cabo Verde a territorio norteamericano.
El 9 de enero, Theresly Malavé, directora de la organización Justicia y Proceso, señaló que aún hay 286 presos políticos: 35 son ciudadanos que padecen enfermedades graves y que de no ser atendidos pueden morir.
. Protección de activos. Además de la defensa del Esequibo en medio de la controversia territorial con Guyana, el Acuerdo sobre «protección de intereses vitales» del país estableció la defensa de los bienes y la propiedad de la empresa Citgo Corporation.
El 8 de enero, la Corte Suprema de Estados Unidos negó la solicitud de revisión pedida por la directiva ad hoc de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) sobre la decisión emitida por un tribunal federal de distrito en Delaware en la cual se reconocía a Citgo como un alter ego de Venezuela, para validar que los acreedores puedan utilizar a Citgo para saldar las deudas del Estado venezolano.
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