La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que los jueces venezolanos no toman sus decisiones según los argumentos, evidencias o pruebas que les presentan en los juicios y lo que estipulan las leyes, sino que se limitan a cumplir las órdenes que les giran desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El duro señalamiento lo realizó la también ex presidenta chilena en el informe sobre la independencia del sistema de justicia y la situación de los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco, el cual presentó este 15 de julio ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
«La información de que dispone el ACNUDH (Alto Comisionado) refleja que los magistrados del TSJ tienen control sobre las decisiones de los tribunales inferiores en todo el país, sobre todo en el ámbito del derecho penal. Las personas entrevistadas indicaron que, especialmente en los casos de relevancia política, los jueces aguardan recibir instrucciones de los magistrados del TSJ antes de tomar una decisión por temor a ser despedidos o a sufrir otras represalias», señaló Bachelet.
Igualmente afirmó que el caso de la suspendida juez María Lourdes Afiuni ha tenido un efecto intimidatorio entre sus colegas.
Afiuni fue detenida a finales de 2009 horas después que acatara una decisión del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias y excarcelara al banquero Eligio Cedeño, quien había permanecido tras las rejas más de dos años sin juicio. En 2019, luego de una década de estancias en la cárcel, un largo encarcelamiento domiciliario y varios juicios, fue condenada por hechos de corrupción «espiritual», porque el Ministerio Público no le halló ningún bien.
Presiones
Para Bachelet, el control que el TSJ ejerce sobre los tribunales inferiores solo tiene una causa: la provisionalidad.
«La inseguridad de que adolece la titularidad de los jueces los deja expuestos a la injerencia de sus superiores y de fuentes externas», apuntó.
De los más de 2.000 jueces que hay en el país, el 85,3% para abril de 2019 eran provisorios, temporales o accidentales, por lo cual el máximo juzgado, a través de la Comisión Judicial, los puede destituir de un momento a otro sin ningún tipo de procedimiento que les garantice su derecho a la defensa. En no pocas ocasiones jueces que han tomado decisiones contrarias a los intereses del Gobierno han sido removidos de sus cargos a las pocas horas. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen años advirtiendo que esta situación sitúa a los árbitros en una posición de sumisión frente al poder político y deja indefensos a los ciudadanos.
Pese a que el artículo 255 de la Constitución establece que «El ingreso a la carrera judicial y el ascenso de los jueces se hará por concursos de oposición públicos que aseguren la idoneidad y excelencia de los o las participantes y serán seleccionados por los jurados de los circuitos judiciales», desde 2003 no se ha celebrado un solo concurso.
Pero el hecho de que la inmensa mayoría de los jueces no haya logrado sus puestos mediante los exámenes fijados por la Carta Magna no explica por sí solo el drama en el que está la justicia venezolana. Otro elemento fundamental en la ecuación es la cooptación del TSJ por parte del chavismo, algo que ha logrado gracias al nombramiento en los últimos años de magistrados afines a sus intereses.
Para la alta comisionada, decisiones como la que tomó el 26 de mayo pasado la Sala Constitucional y en la cual reconoció al diputado Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional, sin verificar si había conseguido el número de votos necesario para su elección prueban «la existencia de inconsistencias y posibles consideraciones políticas» al momento de sentenciar.
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