La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Caracas, a cargo de Michelle Bachelet, sigue documentando represión y asesinatos durante las protestas pacíficas que se han registrado en el país de carácter social durante los meses de pandemia de covid-19.
Los casos incluyen detenciones de ciudadanos que manifestaban en rechazo a los bajos salarios, las deficiencias en los servicios públicos y la escasez de gasolina, señaló la alta comisionada este viernes durante la actualización oral sobre la situación en Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Se contabilizaron además los asesinatos de dos manifestantes en los estados Anzoátegui y Zulia, presuntamente cometidos por las fuerzas de seguridad del régimen. Aseguró Bachelet que el Ministerio Público inició las investigaciones para aclarar estos crímenes.
“Observamos restricciones a la libertad de expresión. Esto incluye la aplicación de la legislación en contra del odio, ataques en contra de defensores de derechos humanos y agresiones y detenciones de periodistas”, añadió.
Estigmatización de migrantes
La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU reconoció que ha habido esfuerzos de las autoridades venezolanas para atender la emergencia generada por el regreso masivo de venezolanos debido al impacto negativo que ha tenido el covid-19 en la región.
Aun así, manifestó su inquietud por el discurso estigmatizador que utilizan algunos voceros del régimen de Maduro para tratar de responsabilizar a quienes ingresan al país a través de los cruces irregulares del repunte de casos positivos de coronavirus.
Bachelet también admitió que se han implementado protocolos de bioseguridad contra el covid-19 en los centros de reclusión, pero reiteró su llamado a mejorar sustancialmente las condiciones de salud, acceso a agua, alimentos y medicamentos. Además, pidió que se garantice el contacto regular de los aprehendidos con sus familiares y abogados, física o telefónicamente, así como explorar medidas alternativas a la privación de libertad.
33% de muertes por covid-19: sector salud
Asociaciones han informado que 33% de las muertes por covid-19 corresponden al personal de salud, mencionó Bachelet. La funcionaria dijo que, sobre todo, los fallecimientos por el virus se deben a la carencia de equipos de bioseguridad y agua en los hospitales.
Agregó que la pandemia se ha sumado a otras emergencias preexistentes, como la alimentaria. Citó a Caritas, que reportó que la tasa de desnutrición aguda infantil se ubicó en 15% en julio de 2020. También reportó que un mayor número de familias acuden a estrategias de sobrevivencia, incluso dejar de comer para que otro familiar pueda hacerlo.
Sanciones agravan escasez de gasolina
Bachelet dijo que la imposición de sanciones adicionales a las exportaciones de gasolina pueden agravar aún más la crítica escasez de combustible y obstaculizar la distribución de ayuda humanitaria y bienes esenciales.
“Quisiera reiterar mi llamado de levantar las sanciones económicas para facilitar la asignación de recursos durante la pandemia”, manifestó la alta comisionada.
Asesinatos de jóvenes
La expresidenta de Chile manifestó asimismo su preocupación por los altos números de jóvenes asesinados en barrios marginados durante operativos de seguridad. Señaló que su Oficina en Caracas registró solo entre junio y agosto 711 muertes, superando las 2.000 víctimas si se contabiliza desde enero de este año.
“Considero positivas las detenciones de cinco miembros de la Fuerza de Acciones Especiales, presuntamente responsables de la muerte de dos personas en Zulia el 21 de agosto. Las declaraciones públicas del fiscal general sobre este caso muestran un patrón similar al documentado por mi Oficina, en los que, tras ejecutar a las víctimas ya neutralizadas, los cuerpos de seguridad las roban y manipulan la evidencia para presentar los hechos como un enfrentamiento”, advirtió.
Bachelet añadió que el Ministerio Público informó que recientemente se habría imputado a 70 funcionarios de la FAES en distintos estados del país.
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