En completo hermetismo se investiga la muerte de una joven venezolana que fue asesinada a sangre fría en la ciudad de Ovalle, en Chile.
La mujer, que tenía la calidad de testigo reservada en una investigación de la Fiscalía y la PDI, había aportado antecedentes clave que permitieron develar los nexos entre un narco, sicarios del Tren de Aragua y tres homicidios ocurridos en el Gran Concepción, informó el portal BioBio.
La identidad de la joven de 19 años no ha sido revelada, solo se le conoce como M. Pero se supo que fue una pieza clave para descifrar las ejecuciones de Woldy Decimies, Alexis Raúl Evaristo Patiño y de Aaron Nicolás Valenzuela Flores.
Asesinatos por encargo
Sus cuerpos aparecieron repartidos en un “triángulo” conformado por tres comunas: Santa Juana, Hualpén y San Pedro de la Paz.
“Todo por encargo —apunta fiscalía— de Franco Llanos Armijo, sindicado como un nuevo capo narco con asiento en tierras penquistas, quien contrató los servicios de sicarios venezolanos traídos desde el norte”.
Según confidencian fuentes cercanas a la indagatoria, fue justamente evidencia aportada por M. lo que atrajo la atención de los investigadores sobre los sicarios vinculados al Tren de Aragua.
El testimonio de M
En su alocución, bajo reserva de identidad, contó todo: que el sicario viajó al Bío Bío; que era porque “un muchacho narco de Concepción” le pidió matar a los asesinos de su cuñado; y que el periplo lo hizo acompañado por su amigo Kleiver, con quien vivía en Alto Hospicio.
Aquel 11 de octubre de 2023 entregó dos videos a la PDI. Uno resultó ser clave.
En la pieza audiovisual se ve la ejecución de un hombre bajo, vestido con una chaqueta naranja, de tes morena y de unos 25 años máximo. En el fondo aparece un campo con abundante vegetación.
Los detectives de Iquique pensaron rápidamente en el sur de Chile. Al poco andar confirmaron que se trataba del homicidio del venezolano Alexis Raúl Evaristo Patiño, ocurrida el 20 de septiembre de 2023.
Y como los investigadores ya indagaban los tres asesinatos en forma conjunta, fue sólo cosa de tiempo para atar las historias.
La indagatoria permitió establecer que los días de los homicidios, un sujeto conocido como Wilmer, efectivamente estaba en Concepción.
Llegó en un bus al terminal Collao, mismo sector residencial donde se hospedó en un Airbnb con jacuzzi.
Esto último se sabe por las fotos que el propio sicario se tomó con armas de grueso calibre, dinero y drogas.
Ya acomodado en Concepción, Wilmer pasó a la acción. Según establecieron las diligencias, el venezolano participó del secuestro y torturas contra el propio Evaristo Patiño y del haitiano Woldy Decimies.
Los tormentos ocurrieron en una casa del tradicional barrio Parque Central de Hualpén. Tras darles una paliza a cada uno, los ejecutaron.
Al primero lo obligaron a arrodillarse en medio de la noche camino al sector costero Ramuntcho, en la cercanías a la desembocadura del río Bío Bío.
Con la víctima atada de manos, Wilmer le disparó una ráfaga directo a la cabeza con su arma de fuego calibre 40.
Antes de morir, Evaristo reconoció que él había asesinado al cuñado de Franco Llanos.
También dijo que lo había hecho en compañía de Woldy. Y sentenció que fue por expresa instrucción de El Pasa. Es decir, del chileno Aaron Nicolás Valenzuela Flores, otro dealer local.
El haitiano y El Pasa corrieron la misma suerte que Evaristo. Fueron asesinados en San Pedro de la Paz, a la altura de la planta de Revisión Técnica y a la altura del Puente 1, camino a Florida, respectivamente.
Esperaba cerrar la investigación
Con los crímenes prácticamente resueltos, la fiscalía se aprestaba a cerrar la investigación.
Sin embargo, en una audiencia del viernes recién pasado celebrada en el Juzgado de Garantía de Talcahuano, el organismo persecutor debió solicitar ampliar el plazo de las pesquisas: M., la testigo clave del caso, había sido asesinada en Ovalle.
En concreto, la ejecución a sangre fría de la joven venezolana se materializó el sábado 16 de marzo recién pasado en la ciudad emplazada hacia el interior de la región de Coquimbo.
De acuerdo con antecedentes recopilados, durante la madrugada de ese día, específicamente a las 00:50 horas, la mujer llegó a bordo de una motocicleta conducida por un hombre hasta el servicentro Copec, ubicado en la intersección de calles Socos y Victoria.
Todo ocurrió a escasos 350 metros del Juzgado de Garantía de la ciudad y a una cuadra de la Plaza de Armas.
Minutos antes de las 01:00 de la mañana la estación de servicio se transformó en un reguero de sangre, justo después de que se escucharan unos seis disparos, según testigos.
¿El autor del certero ataque? Un individuo que se hallaba oculto entre unos arbustos y que abrió fuego únicamente contra la mujer, resultando ileso el conductor de la moto.
Así, la llegada de los equipos de emergencia fue en vano. M. murió en el acto y el ejecutor de los disparos —por lógica— se esfumó de la escena del crimen.
Horas más tarde, el jefe de la Brigada de Homicidios serenense, subprefecto José Cáceres, entregaría a la prensa detalles generales de lo que se venía. Lo clásico:
“Estamos trabajando el sitio del suceso, estamos empadronando, levantando cámaras a fin de poder entregarlo cuanto antes al Ministerio Público e identificar al responsable del hecho”, afirmó el detective.
Hasta ahora, no hay ningún detenido por el crimen. Lo cierto es que la investigación quedó a cargo del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público.
Las mismas fuentes apuntan a que el autor del asesinato estaría identificado, pero que su detención no se ha materializado.
Sobre las motivaciones, conocedores de la interna afirman que tendría relación con una cuenta pendiente con el crimen organizado, por lo que no se descartan nexos a lo sucedido en Concepción.
El relato del conductor de la motocicleta, quien ya fue interrogado por la PDI, podría ser determinante.
De vuelta en la región del Bío Bío, el viernes pasado la justicia acogió los fundamentos planteados en la audiencia por el fiscal Mario Elgueta y otorgó 60 días más de plazo.
Ello, para que la PDI pueda terminar la docena de diligencias pendientes que tiene por encargo del persecutor.
Consultada la Fiscalía Regional de Tarapacá, desde el organismo remitieron a este medio una escueta declaración en la que afirman que como Ministerio Público tienen “el deber de mantener la reserva de identidad de todos los testigos reservados que tenemos en nuestras investigaciones, y bajo ninguna circunstancia podemos informar de manera pública si una persona es o fue testigo de una causa judicial. Por esta razón, no pudiendo corroborar ni descartar la información consultada, no es posible responder a sus consultas.
El nombre real de M. lo mantiene bajo reserva este medio al tratarse de una investigación aún en curso.
NotiVeraz