Aumentan las denuncias de torturas y violaciones de DD.HH en Venezuela

El 20 de abril de 2022, se inició la “Operación Trueno”,  compuesta por más de 800 funcionarios de distintos cuerpos de seguridad como, DCDO, DIP y el CONAS. Este mes de septiembre se inició la tercera fase de esta operación, que solo busca mantener a Guárico en una constante persecución y hostigamiento.

La pequeña población de Altagracia de Orituco lleva seis meses reportando allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, extorsiones y represión perpetradas principalmente por la Policía Nacional Boliviana y el CONAS.

La Operación Trueno III, trasciende con un nuevo despliegue militar y policial en el que se suma el CICPC y el SEBIN, asimismo, los municipios Leonardo Infante, José Félix Ribas y Pedro Zaraza del estado Guárico. 

Según el último informe de balance ofrecido en el marco de la “Operación Trueno III”, se incluyó la participación de 1031 funcionarios que se movilizaron en 90 unidades vehiculares, 60 motos; y se capturaron a ciento treinta y dos “delincuentes”.

Asimismo, el portavoz de la Secretaría de Seguridad y Defensa Ciudadana en el estado Guárico reflejó un balance de la operación, señalando que han resultado neutralizados trece sujetos.

El equipo jurídico de la ONG Defiende Venezuela visitó la parroquia en 2 oportunidades, realizando entrevistas a quince núcleos familiares y a más de veinticuatro víctimas indirectas, incluyendo gremios de productores y comerciantes.

Las víctimas han comentado que los funcionarios allanaron y tomaron como centros operativos viviendas de familias locales, sin contar con una orden judicial de confiscación acordada por un tribunal, ni la presencia de un representante del Ministerio Público en dichos allanamientos. 

Asimismo, relatan que los funcionarios llegan en varios vehículos civiles,  irrumpen a la fuerza a su domicilio, sin orden judicial, destrozan y roban sus bienes, separan a los núcleos familiares (incluyendo niños) y mediante amenaza de muerte piden que les digan nombre de  delincuentes de la zona. Las mujeres son obligadas a  desnudarse y abrir sus partes íntimas a la vista de decenas de funcionarios masculinos. Asimismo, se reportan detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de miembros de la comunidad . 

La mayoría de los detenidos son trasladados a la ciudad de Caracas para ser presentados ante los tribunales con competencia especial en terrorismo. No se les permite la representación jurídica de un abogado de confianza.

Desde Defiende Venezuela continuamos monitoreando y documentando la situación de Altagracia de Orituco, alertando y denunciado los hechos de violación de derechos humanos ante los organismos internacionales de protección, con la intención de que cese el hostigamiento contra los gracitanos y se respeten las garantías judiciales de los detenidos.

notiveraz

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