Casi un año después de que se informara por primera vez del uso de minas terrestres en Venezuela, su utilización parece haberse convertido en una táctica estándar de los grupos guerrilleros colombianos en el país, especialmente en la zona fronteriza.
En febrero de este año, más de 900 minas explosivas caseras, hechas de contenedores de plástico y metralla, fueron desmanteladas por el Ejército venezolano en el sector Arenales, estado Apure, en la frontera con Colombia, según un tuit del general Domingo Hernández Lárez, director del comando estratégico del Ejército venezolano.
Hernández Lárez agregó que, durante las operaciones para expulsar a los grupos colombianos presentes en el municipio de Páez, en Apure, se habían encontrado instalaciones para la fabricación de explosivos.
La afirmación se produjo tras un informe del 11 de febrero que señalaba que ocho soldados venezolanos habían muerto a causa de minas antipersonas en Apure.
Los primeros reportes sobre minas terrestres en Venezuela se produjeron en abril de 2021, cuando el presidente Nicolás Maduro responsabilizó a grupos disidentes que anteriormente pertenecían a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por la instalación de las minas en dicho estado.
«Los grupos armados colombianos han traído la práctica de las minas antipersona […] a Venezuela. Hemos perdido a varios soldados venezolanos por las minas antipersona […] Han traído sus métodos sucios y repugnantes de la guerra colombiana a Venezuela», dijo el mandatario en ese momento en un discurso televisado.
El hecho de que se sigan reportado minas terrestres en Apure no es coincidencia. El estado fronterizo ha sido escenario de un sangriento conflicto entre diversos grupos desde finales de 2020, que involucra a facciones rivales de disidentes de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las fuerzas armadas venezolanas.
La agitación política y la presencia cada vez mayor de guerrilleros colombianos en Venezuela harán difícil revertir la propagación de minas terrestres, lo que significa que el país enfrenta una lucha similar a los vecinos de Colombia, duramente golpeados por minas terrestres plantadas durante décadas de conflicto armado.
Años después de la disolución de las FARC, Colombia sigue teniendo dificultades con las minas terrestres. No ha habido progresos en el desminado de las zonas más afectadas, y 152 personas murieron o resultaron heridas por las minas en 2021.
Peor aún, la fabricación e instalación de nuevas minas terrestres continúa, aunque en un nivel muy por debajo del pico que se dio en décadas anteriores. En junio de 2021, la comunidad indígena Bachidubi en el departamento de Antioquia advirtió que el ELN había instalado nuevas minas en los alrededores de la comunidad y que varias personas habían muerto a causa de ello.
Y según la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), Los Urabeños, también conocidos como el Clan del Golfo, también han utilizado minas terrestres en varias partes de Colombia recientemente. Colombia ha recibido apoyo de Naciones Unidas y ha desplegado mucho personal y recursos para erradicar las minas terrestres, pero no ha logrado eliminar este flagelo.
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