Activistas y analistas políticos venezolanos están pidiendo sanciones e investigaciones más duras sobre cómo el Gobierno de Nicolás Maduro está utilizando las criptomonedas para eludir las restricciones internacionales.
Estados Unidos reimpuso sanciones al oro y al petróleo el 31 de mayo después de que Maduro no cumpliera un acuerdo para permitir una votación más justa en las elecciones programadas para julio. EE.UU. ha impuesto sanciones selectivas a personas y entidades venezolanas durante casi dos décadas.
“Cuando se habla de regímenes que están sujetos a sanciones, normalmente buscarán una variedad de formas de evadir esas sanciones”, dijo Andrew Fierman, jefe de inteligencia de seguridad nacional de la firma de datos cadena de bloques Chainalysis y colaborador de un informe reciente del grupo de investigación de políticas en Washington Woodrow Wilson International Center for Scholars. “El Gobierno venezolano y el régimen de Maduro han estado haciendo esto mediante una amplia gama de métodos a lo largo de los años”.
El disidente venezolano Leopoldo López y el director de Intel Solutions de Chainalysis, Kristofer Doucette, coautores del informe de abril, escribieron que hay una gran brecha en la última ronda de sanciones, especialmente cuando el régimen de Maduro ha declarado que las violaciones de las sanciones han sido un objetivo de sus proyectos de criptomonedas.
El Gobierno venezolano no es ajeno a las criptomonedas y lanzó su propio token llamado petro en 2018. El token, respaldado por las reservas de petróleo y minerales del país, fue promocionado como una alternativa al bolívar venezolano frente a la hiperinflación y como una herramienta para eludir las sanciones paralizantes estadounidenses. Si bien el Gobierno obligó a las instituciones financieras a presentar sus saldos tanto en bolívares como en petros, la moneda tenía principalmente un valor simbólico y tenía muy poca utilidad para el venezolano promedio.
El Gobierno suspendió el uso del token en enero después de abrir una investigación sobre una gran corrupción en la que supuestamente se utilizaron criptomonedas para redirigir pagos adeudados a la petrolera estatal Petróleos de Venezuela SA.
“Cada dólar malversado por el régimen de Maduro pertenece legítimamente al pueblo venezolano”, escribieron López y Doucette. “Los miles de millones que han desaparecido en los últimos años representan una suma grotesca, que podría haber sido fundamental para revitalizar la tambaleante economía del país. En cambio, la adopción de las criptomonedas por parte de Maduro explotó una tecnología emergente para forjar un nuevo camino para desviar las riquezas de la nación, empobreciendo aún más a sus ciudadanos”.
En el informe, López y Doucette piden sanciones más exhaustivas y estrictas por parte de EE.UU. y la Unión Europea, y que más países investigan el uso de criptomonedas por parte del Gobierno para evadir sanciones.
Un examen de la cadena de bloques realizado por Chainalysis mostró que Sunacrip, la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas, transfería regularmente cantidades significativas de tokens a través de Múltiples cuentas dentro de varios servicios de criptomonedas. La cadena de bloques se rastreó hasta una serie de direcciones potencialmente administradas por Sunacrip o un individuo cercano a la organización que procesó más de US$70 millones en varias criptomonedas estables utilizadas para agilizar las transacciones.
En respuesta a una solicitud de más datos sobre las operaciones incautadas por EE.UU. en transacciones en las que el Gobierno venezolano usó criptomonedas para evadir las sanciones, Chainalysis dijo: “en este momento, no tenemos datos para compartir sobre la cantidad de transacciones criptográficas incautadas que han sido vinculadas al Gobierno venezolano”.
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