La Asamblea Nacional (AN) aprobó este jueves 26 de marzo en segunda discusión y sin objeciones, la Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos.
Según el Parlamento, que es dominado por el oficialiamo, la norma busca modernizar la administración pública mediante la simplificación, digitalización y eliminación de trámites burocráticos innecesarios, facilitando la relación entre el ciudadano y el Estado. El objetivo de la norma es garantizar la celeridad, eficacia y eficiencia en la prestación de servicios públicos, reduciendo plazos y eliminando procedimientos complejos.
La sesión, que inició pasada las 3:30 de la tarde, pese a estar convocada para las 2:30 tenía tres puntos de debate. El primero era un acuerdo que buscaba rechazar supuestas pretensiones de privatización de la industria petrolera venezolana, tema que se daría en medio de tensiones políticas y negociaciones petrolíferas entre Venezuela y EEUU. El punto finalmente no se incluyó en el orden del día.
También se tenía previsto debatir en segunda discusión la Ley para la Celeridad de Trámites Administrativos y la continuación de la segunda discusión del proyecto de ley de minas, sugerido por Delcy Rodríguez.
La Asamblea Nacional aprobó 55 de los 130 artículos del proyecto de la ley de minas y acordó aplazar, como la semana pasada, la segunda discusión necesaria para aprobar este instrumento jurídico, que podría abrir el sector a la inversión privada y extranjera ante el interés expreso de EEUUen el oro venezolano.
En el encuentro el primer vicepresidente de la AN, diputado Pedro Infante enfatizó que las empresas que incurran en daño ambiental tienen que asumir la reparación, «porque se supone que el que haga actividad minera debe hacerlo con responsabilidad ambiental».
Carlos Gamarra también del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) señaló que “el objeto en sí, está en la remediación y las multas a las empresas que hagan daño al ambiente”, desde donde se explote el recurso minero.
Tantol la bancada oficialita como de oposición manifestaron estar de acuerdo en dejar escrito en la ley que, desde el Fondo Nacional Minero, se añada que este debe servir para proteger no solo lo social y lo económico, sino también el tema ambiental.
Los parlamentarios dijeron que prevé que cualquier alianza que permita al Ejecutivo Nacional acordar la explotación minera con los estados y municipios del país tenga la búsqueda final en organizar el poder nacional.
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