La Asamblea Nacional (AN) electa en 2015 aprobó este 27 de abril un proyecto de acuerdo en rechazo a la designación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) desde el seno del Parlamento de mayoría oficialista, electo en los cuestionados comicios del 6 de diciembre.
En el proyecto de acuerdo la comisión delegada acordó ratificar que el único ente que puede designar al CNE es la AN liderada por Guaidó. Así como también, aprobaron solicitar a la comunidad internacional mantener su posición sobre la invalidez de los procesos convocados en Venezuela por el CNE designado por la asamblea de mayoría chavista.
En el acuerdo la AN de Guaidó pedirá a los países del mundo que continúen apoyando la búsqueda de una salida negociada, pacífica y democrática a la crisis venezolana.
Durante el debate el segundo vicepresidente de la AN electa en 2015, Carlos Berrizbeitia, aseveró que los nuevos rectores serán escogidos por el gobierno de Nicolás Maduro y no como lo manda la Constitución.
«Hace pocos días Nicolás Maduro, en cadena nacional, anunció el nombramiento de su nuevo Consejo Nacional Electoral y cuando digo de su nuevo CNE, literal es así. Van a ser rectores elegidos por Miraflores», dijo.
Enfatizó que si en diciembre de 2020, cuando se realizaron las elecciones legislativas que convocó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no había condiciones mínimas democráticas para participar, ahora menos las hay.
«Rechazamos rotundamente esta nueva aberración contra la democracia venezolana y le hago un llamado a los partidos políticos, sus dirigentes, ir con estas condiciones seria ayudar al régimen», manifestó.
Por su parte, el diputado Ángel Caridad afirmó que el régimen de Maduro planea «imponer» nuevas autoridades para seguir atornillándose en el poder.
«Yo aplaudo la intención de muchos ciudadanos venezolanos con credenciales, con buen perfil, con buena actitud para regir los destinos de la directiva del poder público electoral, lo que rechazo es la metodología de la narco dictadura», apuntó.
En tanto, el también parlamentario Freddy Guevara sostuvo que a diferencia de las monarquías, de las dictaduras y de otros sistemas de gobiernos, en la democracia la soberanía reside en el pueblo y se ejerce de manera directa a través del sufragio.
Aseveró que no están dispuestos a apoyar algún acuerdo que sea para mantener todo igual o que sea simplemente para sobrevivir.
«Estamos buscando un CNE legítimo, que de confianza y sea reconocido por la comunidad internacional», agregó
En el acuerdo, aprobado en sesión ordinaria, la AN también expresa el compromiso por la recuperación de la institucionalidad democrática y restablecimiento de garantías para que los venezolanos puedan decidir libremente a través del mejor mecanismo de la democracia como es el voto; participando en elecciones justas, competitivas y verificables.
AN de Guaidó pide tratar enfrentamientos armados
Durante la sesión virtual de la comisión delegada de la AN electa en 2015 y que se instaló en un período adicional por continuidad administrativa los parlamentarios debatieron sobre la presencia de grupos armados que actúan el país.
Sobre el tema, los diputados opositores reiteraron el llamado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y demás instancias Internacionales a arribar a Venezuela. También responsabilizaron al mandatario Nicolás Maduro y al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, por los hechos violentos que han saldado la vida de funcionarios de la Fuerza Armada Nacional.
El presidente de la AN electa en 2015, Juan Guaidó envió condolencias a los familiares de los fallecidos y anunció que el Parlamento venezolano junto al gobierno colombiano y organismos multilarerales, investigará la violación de derechos humanos que se comete en la zona fronteriza.
El diputado Luis Lippa, instó a la ONU a nombrar una Comisión de Consolidación de Paz del Consejo de Seguridad de este órgano, “para poner orden y garantizar el regreso” a sus hogares a los más de 6.000 desplazados. Lippa propuso que se ponga en práctica una política de Estado fronteriza en aras de que los venezolanos se sientan seguros en su territorio.
En tanto, la diputada Gaby Arellano señaló que que los nuevos bombardeos contra la FAN afecta a muchos ciudadanos.
La presidenta de la subcomisión de Fronteras calificó de una “mentira” el hecho que la FAN defienda la soberanía de la nación. Afirmó que, por el contrario, es una guerra interna entre grupos de la guerrilla colombiana de la FARC.
La diputada Gaby Arellano denunció una vez más la complicidad que a su juicio el régimen tiene con grupos irregulares.
Durante el debate el también diputado Freddy Superlano dijo que el desplazamiento, el tráfico de estupefacientes y la violación sistemática de los derechos humanos en la frontera han dejado a la ciudadanía en un total estado de indefensión.
Recordó que de acuerdo a un informe presentado por la organización no gubernamental Human Rights Watch, junto con una misión de la Corte Penal Internacional en el año 2020, constataron que entre una de las acusaciones contra el régimen se le atribuye el abuso policial y militar en el estado Apure.
Para el legislador la FAN ha estado ingenua ante el ataque de grupos de militares no convencionales que controlan grandes extensiones del territorio venezolano. En ese sentido, infirió que los enfrentamientos entre supuestas bandas criminales en Caracas y grupos irregulares armados en Apure dejan ver que Venezuela es un país anarquizado donde el gobierno perdió el control.
Precariedad de los trabajadores
La precariedad a la que están sometidos los trabajadores también fue abordada durante la sesión de este 27 de abril a propósito de la aproximación del Día Internacional de los Trabajadores.
En este punto el diputado Héctor Vargas manifestó que con el gobierno de Maduro no hay posibilidades de que los trabajadores puedan mejorar su condiciones de vida. Por lo que recalcó que la sociedad civil no tiene nada que celebrar el primero de mayo.
Según Vargas, un trabajador en Venezuela necesita 360 sueldos mínimos para poder llevar el sustento a su casa, informó.
“Este régimen acabó con el sueldo, con las contrataciones colectivas, con los sindicatos y además con los seguros privados, afectando con ello la calidad de vida de los trabajadores. Este régimen es enemigo de los trabajadores”, matizó.
Con Vargas coincidió el diputado Ángel Torres, quien destacó que el trabajador venezolano vive las consecuencias de un gobierno que se ha empeñado en acabar con la empresa privada, y cuyas políticas solo han ahogado al empleado público.
Ángel Torres fustigó al mandatario Nicolás Maduro, pues aunque se hace llamar obrero, «lo único que obra es para golpear el bolsillo de los venezolanos».
El diputado de la AN electa en 2015 Rafael Ramírez, llamó a seguir luchando para lograr el cambio en Venezuela y rescatar la dignidad del trabajador.
“Nuestra lucha es para que Venezuela cambie y una vez esto suceda nuestros trabajadores tienen que recibir un salario acorde a la economía que le permita cubrir sus necesidades básicas. Seguimos acompañando a nuestra clase trabajadora y exigiendo que a todos los trabajadores y a todos los venezolanos les pongan la vacuna para que puedan trabajar sin el riesgo de pensar que se puedan contagiar, pero además de esto, seguimos soñando con esa Venezuela de progreso”, dijo.
En tanto, José Prat consideró que la destrucción del salario tiene un fin y es sustituirlo por un sistema de dependencia y miseria.
A juicio de Prat, la organización del ciudadano, de la sociedad civil en torno a la reconquista de la democracia, será lo que permita contar nuevamente con un salario digno, el progreso social y familiar, así como todas las libertades cercenadas y perdidas en estos últimos años.
AN de Guaidó sobre el Ecocidio como crimen
La comisión delegada de la AN electa en 2015 aprobó un acuerdo donde se instruye a la Comisión de Justicia y Paz incluir como tipos penales en la legislación interna a otros delitos ambientales como variantes del crimen organizado y se gestione lo conducente para que Venezuela contribuya a la adopción del crimen de Ecocidio.
El proyecto de acuerdo fue presentado por la presidenta de la comisión permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Parlamento Nacional, diputada María Gabriela Hernández. La parlamentaria indicó que el texto instruye al cuerpo diplomático a representar a la nación en las distintas cumbres preparatorias donde se debata la Acción por el Clima.
También se ordena realizar las gestiones para que Venezuela pueda optar a programas de asistencia y de financiamiento para la conservación del patrimonio ambiental. Otra de los mandatos plasmados en el acuerdo es procurar que el país pase a formar parte de la Convención de Minamata sobre el Mercurio, el Acuerdo de Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe y del Pacto de Leticia por la Amazonia.
A través del texto, solicitan instruir al comisionado contra Terrorismo y Crimen Organizado, Carlos Paparoni y al comisionado especial de Seguridad e Inteligencia, Iván Simonovis, para que se investigue y se lleven a la Justicia a las personas naturales y jurídicas relacionadas con las empresas: Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras Petrolíferas y de Gas, adscrita al Ministerio para la Defensa; Empresa Militar para el Aprovechamiento Sustentable de Productos Forestales y Recursos Naturales, creada según Decreto 4.391, adscrita al Ministerio para la Defensa.
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