La Asamblea Nacional a través de la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional (AN), aprobó la creación de una Comisión Especial para atender las denuncias por estafas inmobiliarias en todo el país.
Esta comisión estará integrada por los diputados Rigel Sergent (PSUV/Dtto. Capital) quien la presidirá y los diputados Willian Gil (PSUV/Lara) y Elio Serrano (PSUV/Miranda). Quienes, se encargará de esta lucha contra el flagelo de la corrupción y el cumplimiento a la constitución de defender, proteger y garantizar el derecho a la vivienda digna.
Lara se ha convertido en epicentro de estafas inmobiliarias y la más recordada es la del Triángulo del Este, que involucra a varias empresas y donde cientos de familias confiaron su dinero para obtener un inmueble que hasta la fecha no se les ha entregado. Varios de los edificios no fueron terminados, algunos jamás se construyeron.
El presidente de la Comisión Permanente, diputado Gil detalló que siguiendo instrucciones del presidente de la Asamblea Nacional (AN) diputado Jorge Rodríguez (PSUV/Dtto. Capital) y el jefe del Bloque Parlamentario de la Patria, diputado Diosdado Cabello (PSUV/Nacional) en hacer cumplir el mandato constitucional en el ejercicio del rol de contralores de la gestión pública, la comisión permanente abre sus puertas en el piso 7 del edificio José María Vargas, de la sede administrativa de la AN, para recibir las denuncias de las víctimas del delito inmobiliario y a través de la plataforma virtual Pueblo Denuncia https://bit.ly/PUEBLOdenuncia.
Durante la reunión ordinaria estuvieron presentes representantes de la Consultoría Jurídica del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, y se le otorgó un derecho a la palabra al abogado Luis Alejandro Franco y la abogada Fanny Martínez, quienes expusieron el caso de estafa inmobiliaria a 200 personas por parte de constructora “Inversores Integrados del Este C.A”, encargada de la ejecución del proyecto habitacional “San Vicente Gardens”, ubicado en Barquisimeto estado Lara.
Las víctimas alegaron que esta obra inició en el 2009 y desde el año 2015, se encuentra paralizada. “Nosotros queremos justicia y que nos reconozcan nuestros derechos como víctimas de esta estafa inmobiliaria desde hace 10 años y que tanto la constructora como sus socios se hagan responsables de sus acciones civil y penalmente”, dijo Franco.
Por su parte el coordinador de la Subcomisión de Hábitat, Vivienda y Desarrollo Urbano, diputado Rigel Sergent (PSUV/Dtto. Capital), puntualizó que desde esta instancia parlamentaria no ha cesado el trabajo de acompañamiento a las familias en su lucha por el derecho a la vivienda, así como casos de desalojos arbitrarios, atención a las Asambleas de Viviendo Venezolanos y que este periodos legislativo estará enfocado en la tarea fundamental en la defensa de las víctimas de las estafas inmobiliarias en cualquier estados del país.
El diputado Sergent aclaró que la rectoría y las políticas y estrategia en esta materia la tiene el Ejecutivo Nacional través del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, quien vela por la aplicación de la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria, el seguimiento y control del proceso de construcción, venta, preventa, permisología y protocolización de viviendas, y que el trabajo de la comisión especial es de articulación y acompañamiento al pueblo en sus denuncias en materia inmobiliaria.
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