La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, está considerando eliminar el denominado “impuesto sombra” a los productores de petróleo, en medio del derrumbe de los precios.
El “impuesto sombra” es una condición prevista en los contratos que rigen para las empresas mixtas entre Petróleos de Venezuela (PDVSA) y las compañías privadas, que garantiza que el Estado perciba siempre al menos el 50% de los ingresos totales obtenidos de los proyectos por la producción de crudo.
La semana pasada, cuando los precios del crudo estaban en caída libre como resultado del desplome de la demanda por el brote del coronavirus y una guerra de precios entre los principales productores, los miembros de la comisión de energía del Parlamento discutieron la medida como una forma de atraer inversiones, dijeron las fuentes bajo condición de anonimato.
Los futuros de crudo de Estados Unidos de primera posición se negociaron en territorio negativo por primera vez en la historia esa semana.
El “impuesto sombra” aumenta cuando los precios caen, creando un obstáculo adicional a las compañías privadas en la nación OPEP, que sufre un desplome de la producción de crudo en los últimos tres años por baja inversión, mala gestión, y más recientemente, las sanciones de Estados Unidos que buscan presionar la salida del presidente Nicolás Maduro.
“El inconveniente del shadow tax (impuesto sombra) es que es regresivo”, dijo una de las fuentes.
Una reforma propuesta al contrato modelo para las empresas mixtas, fechada el 20 de abril, elimina un requisito en el contrato actual que obliga a los proyectos a entregar al gobierno “un monto equivalente a la diferencia, si la hubiere, entre el 50% del valor de los hidrocarburos extraídos (…) y la suma de los pagos efectuados por la Empresa Mixta” a Venezuela.
Ni PDVSA ni el ministerio de Petróleo respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre la medida.
Si la propuesta fuera aprobada por el Congreso tendría poco impacto de inmediato, dado que Maduro considera que las acciones de la Asamblea Nacional son nulas y sin efecto.
La oposición argumenta que Maduro está usurpando el poder tras una reelección en el 2018 que considera fraudulenta, y busca preparar reformas de las leyes del país para facilitar la reapertura de la economía si Maduro abandona el poder.
La oposición también planea proponer reducir la regalía a las empresas petroleras por el gas reinyectado en los campos, otra medida destinada a atraer inversiones.
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