Amnistía Internacional también se une a las denuncias contra la política de represión del Gobierno de Nicolás Maduro. Por este motivo, emitió un comunicado donde expresa su alarma por “la incesante persecución contra voces disidentes”.
“Las denuncias de las detenciones de Gabriel González, Javier Cisneros (liberado), Jeancarlos Rivas, Luis López y Juan Iriarte son consistentes con la política de represión que hemos denunciado desde hace años y nuevamente exigimos su cese inmediato”, señaló Amnistía Internacional.
“En abril publicamos una declaración en la que denunciamos el aumento de ataques a activistas y al espacio cívico en el actual contexto electoral”, recordó.
A continuación parte del extenso texto:
“Desde el inicio de 2024 se han registrado numerosos ataques en contra del espacio cívico y de personas percibidas como críticas al gobierno; proyectos de leyes que atentan contra la libertad de asociación y de expresión; detenciones arbitrarias, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo; campañas estigmatizantes, así como la divulgación de confesiones de culpabilidad durante períodos de detención, obtenidas sin mecanismos de protección ante posibles actos de tortura.
La reciente actualización ante el Consejo de Derechos Humanos de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (MIIDH) de Naciones Unidas, presentada en marzo de 2024, expuso que, en la actualidad, Venezuela se encuentra en “una fase de reactivación de la modalidad más violenta de represión por parte de las autoridades”, y observa una repetición de los mismos patrones de violaciones de derechos humanos contra personas opositoras o percibidas como tales, que incluye a personas defensoras de los derechos humanos que se atreven a criticar, denunciar o a protestar por decisiones o políticas del gobierno.
Además de Rocío San Miguel, una reconocida defensora de derechos humanos detenida arbitrariamente en febrero y a la que se le imputaron cargos de terrorismo, la mayoría de las personas privadas arbitrariamente de la libertad forman parte del equipo de campaña electoral de María Corina Machado, lideresa de la oposición por el partido ’Vente Venezuela’, electa como candidata de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) a través de un proceso de elecciones primarias de la oposición en 2023 y que ha sido inhabilitada para asumir cargos públicos sin poder ejercer el derecho a la defensa.
La práctica de inhabilitación administrativa a miembros de la oposición fue denunciada por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, antes de las elecciones a gobernaciones de 2021, cuando la Contraloría General de la República inhabilitó administrativamente a 27 personas de la oposición política que estaban interesadas en presentar sus candidaturas.3 Sin embargo, en junio de 2023 las autoridades hicieron pública la inhabilitación de María Corina Machado, que fue ratificada recientemente por el Tribunal Supremo de Justicia, el cual en numerosas ocasiones ha sido señalado por falta de independencia respecto del poder ejecutivo y del partido del gobierno de Nicolás Maduro.
Detenciones contra activistas
Tres jefes regionales de la campaña presidencial opositora de María Corina Machado por ’Vente Venezuela’ fueron detenidos el 23 de enero sin orden judicial: Guillermo López, coordinador de ‘Vente Venezuela’ en el estado de Trujillo, Luis Camacaro, coordinador de ‘Vente Venezuela’ en el estado de Yaracuy y Juan Freites, coordinador de ’Vente Venezuela’ en el estado Vargas. Los tres hombres permanecen detenidos en el centro de detención El Helicoide del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en la capital, Caracas.
De acuerdo con su defensa, durante su detención se configuró el delito de desaparición forzada debido a que, a pesar de que sus familiares y abogados solicitaron repetidamente información sobre su paradero, las autoridades negaron dicha información. Solo se obtuvo información fehaciente de su paradero 27 días después de la detención. Asimismo, la audiencia de presentación se realizó tras 28 días de privación de la libertad, a pesar de que el límite legal está fijado en 48 horas inmediatamente después de la aprehensión. En esta audiencia se les impuso un abogado de oficio, negando a sus abogados de confianza ejercer la defensa, y se les habría imputado cargos de terrorismo.
Posteriormente, Emill Brandt Ulloa, también jefe regional de campaña de ’Vente Venezuela’ en el estado Barinas, fue detenido el 8 de marzo sin orden judicial. El 9 de marzo, el Ministerio Público declaró que había sido detenido por participar en una “refriega, una acción callejera violenta” en Barinas, donde supuestamente habría golpeado a cuatro funcionarias policiales y militares el 15 de enero.5 Debido a estos supuestos hechos, se habría emitido una orden de aprehensión en su contra.
Tras su detención, las autoridades justificaron que Emill Brandt Ulloa había confesado la supuesta existencia y participación en un plan desestabilizador cívico-militar, en el que estarían involucrados, entre otras personas, Dignora Hernández, Magallí Meda, Fernando Martínez Mótola, Antonio Ledezma, Henry Alviarez y Julio Borges.
El equipo de defensa legal de Emill Brandt ha cuestionado este vídeo, que fue filtrado y difundido por medios de comunicación.8 Amnistía Internacional tiene indicios para suponer que dicha declaración habría sido obtenida durante el periodo en el que estuvo incomunicado y desaparecido forzadamente y, por tanto, sin acceso a defensa legal, lo cual aumenta considerablemente el riesgo de que hubiera sido obtenida bajo tortura u otros malos tratos.
Asimismo, Joe Villamizar, coordinador político de ’Vente Venezuela’ en el municipio de Girardot, en el estado Aragua, fue interceptado por un vehículo sin identificar el 18 de marzo y trasladado al Comando Estatal del SEBIN.9 Según información recibida, el 20 de marzo fue puesto a disposición judicial e imputado por los delitos de tenencia de artefacto explosivo y
resistencia a la autoridad.10 El Tribunal de Control dictó medidas sustitutivas de libertad, aunque fue liberado hasta ocho días después. Su defensa ha señalado que durante el periodo de privación de la libertad habría sufrido malos tratos con el fin de que grabara un vídeo en el que inculpara de diferentes delitos a personas del partido.
Posteriormente, el 20 de marzo fueron detenidos Dignora Hernández, secretaria política de ’Vente Venezuela’ y miembro del equipo de campaña de María Corina Machado, y Henry Alviarez coordinador de organización del mismo partido y del comando de campaña. De acuerdo con su defensa, ambos se encontrarían detenidos en El Helicoide. Según el Ministerio Público, la
supuesta “confesión” de Emill Brandt Ulloa permitió la captura de estos dos líderes de oposición, así como la emisión de órdenes de aprehensión en contra de al menos otras siete personas, todas ellas relacionadas con ’Vente Venezuela’: Pedro Urruchurtu, Omar González, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Fernando Martínez Mótola y Magallí Meda.13 Seis de ellos se encontrarían refugiados en la embajada de Argentina, en Caracas. Estas detenciones tienen como antecedentes inmediatos la detención arbitraria por motivos políticos de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel y de la expulsión por parte de las autoridades del personal de la OACNUDH que prestaba asistencia técnica en terreno”.
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