La ONG Amnistía Internacional (AI) exigió este lunes la liberación del director de Fundaredes, Javier Tarazona, a quien calificó como «preso de conciencia».
En un comunicado, AI señala que a Tarazona lo detuvieron «arbitrariamente el 2 de julio de 2021». Recuerda que esto ocurrió «tras intentar denunciar acoso por agentes de las fuerzas de seguridad ante la Fiscalía General en la ciudad de Coro».
Señala que le acusan por «incitación al odio y terrorismo”. Denuncia que «su audiencia preliminar tuvo lugar el 16 de diciembre, tras más de cinco meses de demoras».
«Javier Tarazona es un preso de conciencia, al haber sido detenido arbitrariamente por su labor de defensa de los derechos humanos. Su salud se ha deteriorado gravemente por falta de tratamiento médico. Instamos a las autoridades a ponerle en libertad inmediata e incondicionalmente», asevera la organización.
Carta a Maduro
En el mismo comunicado, Amnistía Internacional dirige una carta a Nicolás Maduro, en la cual expresa su «preocupación», por la salud del activista y por el proceso irregular en su contra.
«Nos alarma profundamente que el preso de conciencia y defensor de los derechos humanos Javier Tarazona, continúe detenido y sometido a un proceso penal injusto», resalta.
Exige que «debe ser liberado inmediata e incondicionalmente, con particular urgencia para que pueda recibir la atención y tratamiento médico que requiere».
Asimismo, denuncia que «la acusación que enfrenta, y por la que Javier Tarazona continúa injustamente detenido, pareciera tener motivación política».
Recuerda que «agentes del SEBIN le detuvieron sin orden y el tribunal le acusó de terrorismo, ambos elementos del bien documentado patrón de detenciones arbitrarias».
Igualmente, menciona a los «otros dos defensores de Fundaredes, Rafael Tarazona y Omar de Dios García». De ellos dice que «también están sujetos a un proceso penal arbitrario que debe ser cerrado inmediatamente».
Instan a Maduro a «liberar inmediata e incondicionalmente al preso de conciencia Javier Tarazona. A cerrar todas las investigaciones penales sobre estos tres defensores de los derechos humanos». Y también «a poner fin al acoso y la criminalización de organizaciones no gubernamentales en Venezuela».
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