La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, advirtió que la desaparición forzada de Roberto Abdul puede estar sujeta a una investigación contra el gobierno de Nicolás Maduro por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
“Las estructuras de represión del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela permanecen intactas, así como su uso selectivo para silenciar las voces que les son incómodas”, aseguró sobre la detención y presentación “a escondidas” del presidente del comité ejecutivo de Súmate el pasado 8 de diciembre.
Piquer cuestionó las órdenes de detención que el Ministerio Público emitió contra Abdul, tres miembros de la dirección nacional de Vente Venezuela (Claudia Macero, Henry Alviarez y Pedro Urruchurtu), así como a un grupo de políticos venezolanos en el exilio.
“Los anuncios del fiscal general de Venezuela (designado por la Constituyente de 2017), Tarek William Saab, en los que difunde las órdenes de detención de un número de personas abiertamente críticas al gobierno, sólo confirman el repunte de represión que viene advirtiendo la sociedad civil venezolana e internacional desde hace meses”, lamentó.
Alarma por políticos de Vente Venezuela
Piquer dijo que Amnistía Internacional emitió su alarma por los intentos de detener a Macero, Alviarez y Urruchurtu, quienes son parte del equipo de la candidata presidencial de la plataforma unitaria democrática de la oposición, María Corina Machado.
“Insistimos a la comunidad internacional que refuerce su apoyo al espacio cívico en Venezuela, que sostenga la presión sobre las autoridades venezolanas para que garanticen el cese inmediato de la política de represión, y que sumen sus esfuerzos por la libertad inmediata e incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos”, agregó.
Roberto Abdul está al frente de Súmate, organización de la sociedad civil dedicada a la veeduría electoral, y formó parte de la Comisión Nacional de Primaria que organizó las elecciones internas opositoras del pasado 22 de octubre.
Sobre él pesaba una investigación previa por parte de la Fiscalía, que lo acusó junto a otros miembros de este grupo, tanto nacionales como regionales, de un supuesto fraude durante el proceso en el que Machado ganó con más de 2,3 millones de votos y superó el 90 % de apoyo.
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