La ONU discute un tratado sobre cibercrimen que será presentado en unos meses más. Sus planteamientos parecen razonables. ¿Por qué, entonces, colectivos de derechos humanos de todo el mundo advierten sobre los potenciales abusos de Estado que el acuerdo pueda traer? Responden en columna para CIPER dos especialistas, de la organización Derechos Digitales.
Durante los últimos dos años, los estados reunidos en la Organización de Naciones Unidas (ONU) han estado discutiendo un nuevo tratado internacional para combatir el ciberdelito. Si todo sigue acorde a la planificación, el texto final sería presentado en febrero de 2024.
Si consideramos el rol cada vez más preponderante de las nuevas tecnologías en la vida actual, la iniciativa parece tener sentido. El impacto de la actividad criminal en los sistemas informáticos puede ser devastador. A principios de septiembre, un ataque al sistema del ayuntamiento de Sevilla, en España, obligó a la suspensión de todos los trámites municipales realizados en línea, desde el pago de multas hasta el préstamo de libros en las bibliotecas; los bomberos y la policía tuvieron que empezar a gestionar con lápiz y papel, al igual que el resto de los empleados públicos. No es el único caso conocido.
Sin ir más lejos, en Chile, la plataforma Mercado Público dejó de operar durante algunos días de septiembre, producto de un ataque contra su proveedor de servicios web, IFX Networks.
Bajo el argumento de hacer del ciberespacio un lugar más seguro, el tratado busca incrementar el número de herramientas que los estados tienen para perseguir y combatir las actividades ilícitas en línea, mediante la tipificación de distintos delitos y el establecimiento de mecanismos de cooperación internacional y asistencia técnica.
Sin embargo, el tratado genera alarma entre las expertas y activistas de derechos humanos de todo el mundo, pues se teme que habilite distintas formas de abuso estatal en vez de avanzar la lucha contra el cibercrimen. Existen diversas razones para ello. En primer lugar, el alcance pretendido del documento es demasiado amplio y se extiende mucho más allá de aquellas situaciones donde el uso de tecnologías digitales es esencial para la comisión de un crimen. Esto no es casual ni un error, sino producto de intereses contrapuestos de países con agendas más o menos autoritarias. Un ejemplo: durante la última reunión del comité ad-hoc encargado de la redacción del tratado, las delegaciones de Rusia, China y Pakistán introdujeron propuestas para aumentar el número de delitos contemplados en el texto, la mayoría relativos a la sanción de distintas formas de discurso, abriendo las posibilidades a la censura y la persecución política.
Esta es una realidad tristemente común hoy en América Latina, ejemplificada en casos como el de Cinthia Samantha Padilla Jirón en Nicaragua, Sulmira Martínez en Cuba y Olga Matta en Venezuela. Padilla Jirón fue condenada a cuatro años de prisión por infringir la ley de ciberdelitos, bajo la acusación de propagar noticias falsas en internet.
Martínez se encuentra detenida desde enero por haber publicado en sus redes sociales una convocatoria a una protesta social y Matta fue procesada por «instigación al odio», tras haber publicado un vídeo humorístico en Tiktok.
No se trata de casos aislados. Recientemente, Derechos Digitales y la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones identificaron una docena de casos alrededor del mundo en que las leyes contra el cibercrimen y la moderación de contenidos en internet fueron utilizados contra mujeres y personas LGBTQI+, especialmente aquellas con participación política.
Hay un patrón que se replica a nivel global y que tiene como elemento común la explotación de tipos penales redactados de forma amplia, los que pueden ser utilizados para la persecución de discursos incómodos para el poder político, especialmente en países como los nuestros, con una institucionalidad democrática frágil. En su forma actual, el tratado de ciberdelitos promovido por la ONU podría validar estas y otras formas de abuso.
Para contrarrestarlo, es poco lo que ofrece el texto. Una de las principales críticas que se han formulado en su contra es la falta de salvaguardas adecuadas en materia de derechos humanos, que impidan que el tratado deje espacio a la opresión estatal. Junto con ello, se ha identificado la necesidad de incorporar la perspectiva de género de forma integral.
Ambos reclamos han tenido poco eco entre las delegaciones nacionales, y los representantes de los países latinoamericanos han mantenido una posición ambivalente al respecto. Por un lado, se han mostrado favorables a incluir la perspectiva de género al tratado (la delegación uruguaya incluso realizó una propuesta en este sentido, la que no obtuvo el apoyo requerido para ser recogida en el texto). Al mismo tiempo, los países de la región se han resistido a presentar propuestas que limiten la recopilación e intercambio de datos a nivel transfronterizo y las capacidades de vigilancia estatal, con el fin de evitar distintas formas de abuso.
Esta es una realidad conocida en nuestra región, cuyo caso más infame es el mexicano, donde el software Pegasus —desarrollado por la empresa israelí NSO Group— ha sido utilizado sin ningún control en contra de periodistas, activistas e incluso a un miembro del Instituto Nacional de Salud Pública.
En Chile, la llamada Operación Huracán es recordada como un incidente bochornoso y hasta cómico, pero muchas veces se olvida la gravedad de los hechos: Carabineros implantó pruebas falsas en teléfonos celulares, adjudicándolas a un software inexistente [imagen superior], lo que fue posible debido a la falta de medidas de control y transparencia respecto del uso de este tipo de tecnologías. La falta de ese tipo de mecanismos en un tratado internacional vuelve vulnerables a los habitantes de los países latinoamericanos, con un largo historial de autoritarismo.
Frente a este escenario, hacemos un llamado a los gobiernos de la región a abogar activamente por la inclusión de medidas robustas en materia de derechos humanos y perspectiva de género al tratado de cibercrimen discutido en la ONU. Y somos particularmente enfáticos con el gobierno chileno, que en numerosas ocasiones se ha declarado feminista y ha manifestado su compromiso irrestricto con la promoción y defensa de los derechos humanos.
Es en instancias como esta que es más importante que nunca poner en práctica dichos ideales.
notiveraz