Recientemente, ante la reapertura de las fronteras con Curazao y Aruba, la Unión Panamericana y del Caribe por los Derechos Humanos (Pacuhr, por sus siglas en inglés) expresó su «profunda preocupación» por el impacto que esta medida puede tener sobre los venezolanos en «situación migratoria irregular».
«Nuestra preocupación se centra en la apertura de las fronteras de Aruba y Curazao con Venezuela y que esto pudiese generar aprehensiones masivas y expulsiones de venezolanos en situación migratoria irregular, constituyendo una inobservancia del Ordenamiento Jurídico Internacional», señaló el organismo, a través de un comunicado, difundido por redes sociales.
A pesar de que los gobiernos de las islas, Venezuela y Países Bajos han subrayado los aspectos «positivos» de la reapertura, especialmente en materia del intercambio comercial, no han dado mayores detalles sobre cómo abordarán la crisis migratoria.
La organización alertó que la «migración forzada» no debe ser «criminalizada», por lo que es vital se asegure que cualquier persona que recurra a la migración irregular sea tratada con «dignidad» y «respeto».
«Los migrantes venezolanos merecen un trato humano y justo, y deben tener acceso a servicios básicos, protección y atención médica adecuada», apuntaron.
Vale mencionar que, a través de redes sociales, usuarios y medios reportaron que autoridades habrían salido a las calles en búsqueda de ciudadanos indocumentados.
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