La diputada a la Asamblea Nacional, Tamara Adrián, respondió a la legalidad de una serie de préstamos a la estatal Petróleos de Venezuela, esquema que la justicia estadounidense hoy dice fue utilizado para malversar $4,500 millones, en lo que es considerado como el mayor caso de corrupción chavista visto hasta ahora.
Una opinión legal escrita por Adrián en el 2012, tres años antes de convertirse en la primera diputada transgénero electa en América Latina, concluyó que los préstamos otorgados en bolívares a PDVSA y cancelados posteriormente en dólares eran perfectamente legales, cumpliendo con todas las leyes y requisitos.
Pero esas operaciones presuntamente permitieron a los banqueros venezolanos Luis Oberto e Ignacio Oberto volverse inmensamente ricos, con la asistencia del banquero suizo Charles Henry Beaumont, según las investigaciones llevadas a cabo por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
“Las autoridades de Estados Unidos han estado investigando a De Beaumont, Luis, Ignacio y otros (…) por su participación en una conspiración, desde aproximadamente 2012 hasta el 2014 para transferir y lavar los recaudos de los fraudulentos esquemas cambiarios para desfalcar las reservas venezolanas en moneda extranjera”, explicó el Departamento de Justicia en una carta dirigida en mayo del 2018 a las autoridades suizas en que solicitaba información sobre el banquero suizo.
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