Los documentos judiciales también muestran mensajes en los que David Rivera y el empresario venezolano Raúl Gorrín, señalado como testaferro del líder chavista, hacen referencia a un presunto soborno.
Un ex congresista de Miami que firmó un contrato de 50 millones de dólares como consultor del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela al parecer no solamente no realizó ningún trabajo, sino que canalizó gran parte del dinero a una compañía de yates a nombre de un multimillonario fugitivo, de acuerdo con nuevas acusaciones en una demanda civil.
Las acusaciones contra el ex congresista David Rivera surgen en un nuevo documento presentado en la corte federal de Nueva York por detractores del dictador Nicolás Maduro que ahora controlan las filiales en Estados Unidos de la compañía petrolera estatal del país sudamericano.
Interamerican Consulting, la compañía de Rivera, fue demandada en 2020 por PDV USA —una filial con sede en Delaware de la compañía venezolana Citgo. La demanda señala que Rivera no realizó ningún trabajo para el contrato de 50 millones de dólares que firmó en 2017 por tres meses de “consultoría estratégica” para crear relaciones con importantes figuras en Estados Unidos.
El mismo contrato ha sido el centro de una investigación en curso de fiscales federales en Miami que examinan, entre otras cosas, si Rivera no se registró como cabildero extranjero, como lo requiere la ley.
Rivera no ha sido imputado de ningún delito, pero las nuevas acusaciones ofrecen una mirada detallada a sus tratos con la industria petrolera estatal venezolana y cómo él presuntamente se gastó el dinero que recibió.
Aproximadamente en el mismo período en que Rivera fue contratado, el régimen de Maduro había lanzado una ofensiva diplomática para conseguir ventajas con el gobierno de Donald Trump. Las autoridades venezolanas evitaron inicialmente hacer críticas directas al nuevo presidente estadounidense e incluso donaron 500.000 dólares al comité de su toma de posesión a través de Citgo.
La sede de Citgo Petroleum Corporation en Houston, Texas, Estados Unidos (REUTERS/Loren Elliott/archivo)
El nuevo documento presentado ante la corte se basa en evidencia presentada en fecha reciente por abogados de PDV USA, incluidos 18.000 mensajes de texto y de WhatsApp correspondientes al teléfono de Rivera y declaraciones que él hizo durante dos días en julio.
Rivera recibió solamente 15 millones de dólares de la suma original, pero la nueva acusación señala que gastó parte de eso en pagos no explicados a un narcotraficante convicto y a una compañía de yates a nombre de un magnate televisivo venezolano buscado por las autoridades estadounidenses.
“El señor Rivera jamás prestó servicio alguno a Citgo y, tal parece, jamás tuvo intención de hacerlo”, según el documento presentado por PDV USA. “En su lugar, el verdadero propósito del acuerdo fue encubrir transacciones ilícitas”.
Rivera no respondió a una petición de declaraciones, pero ha insistido en su inocencia y ha contrademandado a PDV USA alegando incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto porque la empresa no pagó 30 millones de dólares que él asegura todavía se le adeuda.
Según el documento presentado ante la corte, en un intercambio de mensajes con Raúl Gorrín —un allegado a Maduro propietario de la cadena privada de televisión más grande de Venezuela— Rivera discutió haber tratado de concertar una reunión entre el canciller chavista y ejecutivos de la empresa petrolera estadounidense Exxon.
Raúl Gorrín, señalado como testaferro de Nicolás Maduro y Cilia Flores
El nuevo documento cita un mensaje en que Rivera y Gorrín intercambiaron mensajes de texto en que se decían que “el boleto para el concierto es de 15 dólares, no 20, como dijimos anoche”, palabras que según los abogados de PDV USA es una “clara referencia a un soborno”.
“En su declaración, el señor Rivera no pudo explicar qué significaba este mensaje de texto y testificó que no recordaba haber asistido a algún concierto en esa fecha”, aseveró PDV USA en su documento. La empresa no especificó a quien podría haber estado dirigido un soborno y la reunión nunca tuvo lugar.
Rivera había solicitado a la corte que protegiera sus comunicaciones con Gorrín, a quien Estados Unidos señala como el cerebro de una confabulación para desviar 1.200 millones de dólares de PDVSA, la petrolera estatal venezolana.
Gorrín es un abogado sin licencia para practicar en Estados Unidos y un juez en junio falló que las comunicaciones de Rivera con él no se ajustaban al privilegio abogado-cliente y deben ser entregadas como parte de lo que se conoce como descubrimiento de documentos para el caso.
De los 15 millones de dólares que Rivera recibió, aproximadamente 75% fueron transferidos a otros individuos, según el nuevo documento. Unos 3,75 millones de dólares fueron transferidos a una compañía en Miami, Interglobal Yacht Management.
Rivera afirmó que el dinero fue un gasto por servicios conforme a contrato. PDV USA asegura que fue utilizado para pagar el mantenimiento de uno de los yates de lujo de Gorrín.
Cantidades similares fueron transferidas a Esther Nuhfer, a quien se describe como un socia política de mucho tiempo de Rivera, al igual que Hugo Perera, un empresario inmobiliario de Miami que se declaró culpable de fraude fiscal en un caso de contrabando de enormes cantidades de drogas en la década de 1990 contra el temido Cártel de Cali.
Rivera testificó que los pagos fueron por comisiones y asistencia que recibió como parte del contrato de consultoría, según PDV USA. Pero la nueva gerencia opositora a Maduro asegura que PDV USA jamás autorizó que Rivera hiciera subcontrataciones, como la establecía expresamente el acuerdo de consultoría.
Para justificar los cuantiosos pagos, PDV USA afirma que Rivera creó “contratos falsos” con una fecha anterior, 20 de marzo de 2017, un día antes que el acuerdo de consultoría entrara en vigor.
Interglobal declinó firmar el contrato con la fecha anterior con el argumento de que no había efectuado ese tipo de servicio de subcontratación.
“En síntesis, PDV USA no recibió nada de Interamerican a cambio de hacer pagos de 15 millones de dólares”, afirman los quejosos. “El grueso de esa suma fue transferida a terceras partes prófugas de la justicia que están acusadas formalmente o bajo una investigación penal en relación con esos pagos”.
Notiveraz