Acusación contra el periodista Roland Carreño es incongruente

Roland Carreño fue detenido el 26 de octubre de 2020 por haber financiado, supuestamente, la fuga del líder político Leopoldo López a España, razón por la que le imputaron cinco delitos al comunicador y lo mantienen detenido desde entonces en Caracas

El periodista Roland Carreño, que tiene un año y seis meses detenido, fue trasladado al Palacio de Justicia de Caracas, este 9 de mayo, para iniciar la primera audiencia pública del juicio en su contra por cinco delitos. La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia denunció que la Fiscalía presentó un caso en el que resaltan diferentes incongruencias.

«En la presentación, el fiscal trató de sostener su teoría en medio de incongruencias. Manifestó que Carreño pertenecía a Primero Justicia, siendo la realidad que pertenece a Voluntad Popular. Dijo que financiaba entidades terroristas, pero no nombró cuáles», informó la coalición a través de Twitter.

La organización detalló que la Fiscalía aseguró que el también dirigente político formaba parte de una supuesta conspiración; sin embargo, no precisaron cómo ni qué hizo. Además, se le relacionó con la fuga de Leopoldo López, líder de Voluntad Popular, y que también administraba los recursos de la oposición.

No obstante, la coalición catalogó de vacía la teoría del caso, a la que se le sumó el hecho de que se presentó en cinco minutos. Señaló que se presentaron nuevas pruebas, a las que el abogado de Carreño, Joel García, se opuso, porque no fueron promovidas en el momento que correspondía.

Por otro lado, la otra abogada del periodista, Ana Leonor Acosta, sustentó parte de la defensa exponiendo que «Roland Carreño está siendo criminalizado por pertenecer a un partido político y se están juzgando sus ideales».

Retardo procesal

Más temprano, antes de comenzar el juicio, el jurista Joel García denunció una política de retardo procesal que impedía la realización de la primera audiencia pública, la cual se difirió en varias oportunidades.

«Se trata de una política de retardo procesal, porque una persona mientras esté presa, sin ningún debido proceso, ni juicio oral y público, se mantiene presa a la espera de que alguien diga que comience el juicio», manifestó García.

NotiVeraz

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