Los acuerdos de Barbados suscritos a principios de octubre entre representantes del gobierno de Nicolás Maduro y de la oposición venezolana incluyeron uno que se plantea “la protección de los intereses vitales de la Nación” y que en su artículo 3 se pretende “defender los bienes y la propiedad” de la empresa Citgo, filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en los Estados Unidos.
La decisión se toma ante el riesgo de posible embargo que pueda concretarsse por parte de algunos acreedores del Estado venezolano y de PDVSA debido al incumplmiento de pagos y encontrando en Citgo la posibilidad de recuperar parte del dinero que les adeudan.
El artículo 4 del acuerdo implica que las partes -gobierno de Maduro y la oposición- deben llevar adelante “los esfuerzos para la protección de los actiso de la República en el exterior”y por tanto implica posiciones conjuntas con respecto a esta materia.
El acuerdo plantea interrogantes: ¿Estados Unidos está dispuesta a reconocer una nueva directiva de Citgo que nombre Maduro?¿El gobierno de Maduro admitiría que el actual presidente de Citgo, Carlos Jordá, continua al frente de la empresa?
“En los ultimos cuatro años, Citgo produjo 4.000 millones de dólares bajo la administración de lo que fue ese gobierno fantasma y terrible de Juan Guaidó y con esa cantidad no han podido llegar a un acuerdo antes de estas demandas por lo menos con Crystallex que fue la que inició el proceso judicial”, dijo William Rodríguez, diputado y miembro de la subcomisión de hidrocarburos de la Asamblea Nacional.
“La directiva de Citgo nombrada por Juan Guaido es ilegal y no vamos a reconocer en ninguna oportunidad, eso no está planteado y no creo que eso le pase por la cabeza a nadie del Ejecutivo nacional”, agregó.
El parlamentario explicó que el gobierno de Maduro está en una situación compleja para llevar adelante la defenda de Citgo debido a que no puede ejercer la defensa de la filial de PDVSA debido a que no tiene reconocimiento en Estados Unidos desde principios de 2019.
“Lo que necesitamos nosotros es que el gobierno de los Estados Unidos reconozca oficialmente al de Nicolás Maduro y que ese activo como es Citgo regrese a PDVSA”, enfatizó. “Hay una licencia de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extrajeros) vinculada con Citgo y hubo una decisión de los Estados Unidos de reconocer a Guaidó y a la junta directiva que nombró la Asamblea Naconal de 2015, que no tiene ningún basamento legal tanto en la legislación venezolana como la norteameicana”, señaló.
Con respecto a la actuación de los acreedores, Rodríguez aseguró que el Estado venezolano no tiene la obligación de cancelar los 1.200 millones de dólaes que reclama Crystallex y acuso al abogado José Ignacio Hernández por representar a esta empresa minera y tambien ser procurador nombrado por Guaidó para lo que fue el gobierno interino durante cuatro años entre 2019 y principios de 2023.
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