Integrantes del Colegio de Abogados del Zulia rechazaron este jueves 16 de marzo, desde las puertas del Palacio de Justicia de Maracaibo, la exclusión de los abogados privados del plan Revolución Judicial 2023, implementado por el Gobierno desde el pasado 1 de marzo.
Mario Torres Carrillo, presidente del colegio, denunció que en este plan “se le está limitando y excluyendo al abogado en ejercicio el ejercer el derecho penal privado en beneficio de su representado”, calificándolo como una “violación fragrante a la Constitución”.
Los abogados alegan que los privados de libertad que puedan ser beneficiados por dicho plan deben renunciar a su abogado privado para luego aceptar que defensores públicos lleven su caso.
Esto genera molestia en el gremio por considerar que hay expedientes en los que se trabaja desde hace años con los privados de libertad, quienes los escogieron como personas de confianza, y que ahora deben ser defendidos por alguien que no conoce plenamente su situación.
“Nosotros los abogados no tenemos por qué estar mendigando nuestra participación activa en un proceso que es propio del abogado y su representado. Es una justicia y un atropello lo que se está haciendo”.
Torres Carrillo recalcó que el Colegio de Abogados ve “con buenos ojos” la aplicación de la Revolución Judicial, ya que “es un plan para dar celeridad procesal a muchas personas que están privadas de libertad injustamente y no se les ha hecho el debido proceso”.
No obstante, critican dicha medida en contra de los litigantes, por lo que presentaron un escrito formal a la comisión encargada de llevar a cabo el plan, pero sin obtener aún una respuesta.
El gremialista hizo un llamado “a todos los Colegios de Abogados del país para que manifiesten su descontento, y ejerzamos una protesta cívica y pacífica a fin de que cese esta grave irregularidad que está entorpeciendo nuestro ejercicio profesional”.
Obligan a detenidos a aceptar delitos
Según el abogado Alexánder Andrade Troconis, quien también formó parte de la protesta de este jueves, “están obligando a todos los privados de libertad a admitir un delito que ni siquiera ha podido determinar el Ministerio Público”.
Dicha medida es “obligatoria” para aplicar al plan Revolución Judicial 2023, el cual consiste en “dar celeridad a las personas que están privadas de libertad injustamente, a quienes no se les ha hecho el debido proceso”, según afirmó el presidente del Colegio de Abogados del Zulia.
Troconis aseveró que “nos violan, a todos los abogados privados, el derecho a defender de forma natural que venimos llevando la causa, año tras año, mes tras mes, por el retardo procesal que hay”.
El gremialista aseguró que, a la fecha, “hay juicios que tienen más de 4 años y ni siquiera se han iniciado”.
El abogado indicó también que los encargados del dicho plan “están tomando medidas arbitrarias en pro de conseguir un beneficio para descongestionar los centros penitenciarios».
Esto representa una violación, «los códigos 8 y 9 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal, que es la afirmación de la libertad y la presunción de inocencia”, dijo.
Asimismo, el abogado Alexánder Andrade Troconis hizo énfasis en que “el Estado venezolano ha jugado con el retardo procesal y, en base a ello, congestionar todo el sistema de justicia”.
notiveraz