El Tribunal Superior de Cuentas de Haití publicó un informe en el cual denuncia el manejo fraudulento e ilegal de unos 2 mil millones de dólares gestionados a través de PetroCaribe como ayuda procedente de Venezuela entre 2008 y 2016.
El documento, citado por la agencia AFP, tiene de más de 1.000 páginas. Detalla proyectos que ejecutados sin evaluar su necesidad. Incluso no estuvieron precedidos por una estimación de costos.
“Los proyectos de inversión y contratos relacionados al fondo PetroCaribe no se gestionaron de acuerdo a los principios de eficiencia y economía”, concluyó el tribunal en el documento.
Entre 2008 y 2018, Haití fue parte del programa PetroCaribe. Fue una iniciativa del fallecido presidente Hugo Chávez. Permitió a varios países latinoamericanos y caribeños adquirir productos petroleros a precios ventajosos.
Tribunal de Haití denuncia falta de cooperación
El juzgado también condenó la falta de cooperación de las instituciones del gobierno para llevar adelante su investigación. Esto perjudicó el trabajo realizado en dos informes anteriores, divulgados en enero y mayo de 2019.
Los auditores no pudieron ubicar los contratos para la construcción de un parque industrial y 1.500 viviendas fuera de Puerto Príncipe. Este es el desarrollo urbano más ambicioso del país desde el terremoto de 2010.
«Se le pagaron más de 46 millones de dólares a una sola empresa. La Constructora ROFI S.A., recibió el dinero, pero el proyecto quedó interrumpido e inconcluso en 2014».
La compañía constructora pertenece al senador dominicano Félix Bautista. A él lo sancionaron por actos de corrupción, por parte del Departamento del Tesoro estadounidense en junio de 2018.
El tribunal de cuentas dijo que no podía dictaminar sobre la relevancia de un gasto realizado entre 2012 y 2014. Fueron millones de dólares para reforzar a la fuerza policial de Haití.
El presidente también es investigado
Los jueces señalaron al actual presidente de Haití, Jovenel Moïse, de estar en el centro de un esquema de desvío de fondos antes de asumir su cargo.
Hasta ahora no se ha iniciado un proceso judicial contra las docenas de exministros y altos funcionarios del gobierno vinculados al escándalo de PetroCaribe. Esto a pesar de las recomendaciones del tribunal y de protestas populares desde 2018.
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