La Corte Suprema de EEUU negó la apelación del presunto testaferro de Tareck El Aissami, el empresario Samark López, por sus activos congelados (318 millones de dólares), los cuales, de acuerdo con el periodista de AP, Joshua Goodman, son vinculados también con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), catalogado como grupo terrorista por el gobierno estadounidense.
A través de su cuenta en la red social Twitter, el comunicador informó: “La Corte Suprema ha denegado la solicitud de apelación de Samark Lopez. Esto permite a los tres contratistas de defensa estadounidenses cautivos durante años por las FARC cobrar su premio de $ 318 millones de los activos congelados de López en los Estados Unidos“.
Según comunicó el medio norteamericano, Tres contratistas de defensa estadounidenses detenidos durante cinco años por rebeldes izquierdistas en Colombia se acercaron a cobrar una sentencia de $ 318 millones contra sus antiguos captores cuando un juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó una apelación de un empresario venezolano sancionado cuyos activos buscaban Reclamación.
El juez Clarence Thomas se negó a escuchar una apelación de emergencia por parte de Samark López, y dejó en pie una orden de un tribunal federal de apelaciones que entregó inmediatamente $ 53 millones de las cuentas bancarias estadounidenses previamente incautadas del empresario, aunque la sentencia del tribunal de apelaciones fue impugnada.
Sin embargo, sus defensores dijeron que no hay evidencia, ni convicción, que conecte directamente a López con los rebeldes que mantuvieron a los tres estadounidenses, además de su relación con un funcionario venezolano que supuestamente tenía vínculos con el grupo.
Y si los hombres logran ganar el dinero, podría permitir a las víctimas de los rebeldes adelantarse a los acreedores y opositores de Nicolás Maduro, que buscan recuperar activos presuntamente robados por corrupción, según Russ Dallen, jefe de Caracas Capital. Mercados, que monitorea de cerca los litigios relacionados con Venezuela.
Keith Stansell, Marc Gonsalves y Thomas Howes fueron capturados por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC, cuando su avión se estrelló debido a problemas con el motor durante un vuelo de monitoreo de drogas en 2003. Su piloto, Tom Janis, murió.
Los tres empleados de Northrop Grumman fueron liberados hace 12 años junto con otros cautivos, incluida la ex candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt en un osado rescate por parte del ejército colombiano.
En 2012, un juez federal en Florida otorgó a los hombres $ 318 millones para pagar de cuentas bancarias y bienes incautados a personas vinculadas a las FARC, un grupo terrorista designado por los Estados Unidos.
Pero en su mayoría no habían podido cobrar hasta que el presidente Donald Trump promulgó en 2018 la Ley de aclaración antiterrorista, que permitió a las víctimas de grupos terroristas adjuntar activos incautados por el gobierno de los Estados Unidos bajo la ley de narcotráfico.
La nueva ley permitió a los hombres perseguir los activos bloqueados de López en los Estados Unidos, que incluyen una cuenta Citibank de $ 269 millones, dos yates, un avión y bienes inmuebles de lujo en Miami.
López es un poderoso hombre de negocios en Venezuela cuya fortuna se disparó gracias a los contratos del régimen en las últimas dos décadas. Fue sancionado por los EEUU en 2017 como un “capo de la droga” junto con el entonces vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, por el supuesto lavado de ganancias del narcotráfico internacional.
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