Las autoridades de Colombia ejecutaron este jueves la expulsión de 71 ciudadanos venezolanos acusados de cometer múltiples delitos y alterar el orden público en Bucaramanga, capital del departamento de Santander, en el noreste del país. La medida responde a la determinación de la administración local y los organismos de seguridad de frenar la reincidencia criminal y proteger la convivencia ciudadana.
El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, defendió la decisión y advirtió que no tolerará acciones que vulneren la tranquilidad de los habitantes. «Estamos sacando a estos bandidos, a estos delincuentes, a esos infractores que no quisieron venir a construir a nuestras ciudades, sino que vinieron a hacer daño a nuestras ciudades: robo, asalto, delincuencia», declaró el mandatario en un video difundido a través de sus redes sociales.
De acuerdo con los registros oficiales de la alcaldía, el grupo de expulsados acumulaba en conjunto más de 1.520 anotaciones y acusaciones por diversas infracciones penales y contravenciones. «El que venga a trabajar, bienvenido, pero el que venga a hacer desorden tendrá que ser expulsado, y aquí lo estamos sacando», enfatizó Portilla al marcar una clara línea entre la migración regular y las actividades ilícitas.
El operativo comenzó durante la madrugada en un centro de detención transitoria de Bucaramanga mediante un despliegue articulado entre la alcaldía, la Policía Nacional y Migración Colombia. El mandatario explicó que las autoridades documentaron conductas contrarias a la sana convivencia, entre ellas el porte de armas blancas y estupefacientes, riñas callejeras, irrespeto a la autoridad y minería ilegal, causales que justificaron su inmediata devolución a su país de origen.
Portilla destacó que este procedimiento eleva a más de 230 el total de extranjeros expulsados en lo que va de año, cifra que calificó como un récord histórico de gestión y control migratorio en la capital santandereana. Tras verificar su situación judicial, las autoridades trasladaron a los 71 individuos en tres autobuses hasta la ciudad fronteriza de Cúcuta, en Norte de Santander, y los entregaron al mediodía a los funcionarios venezolanos en el Puente Internacional Atanasio Girardot.
Esta acción forma parte de una estrategia nacional del Gobierno colombiano para endurecer la seguridad urbana y los controles en los pasos limítrofes frente al crimen. En la misma línea de ofensiva contra el delito en Bucaramanga, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, encabezó recientemente otro despliegue policial en el que las fuerzas del orden capturaron a 136 personas señaladas de diversos hechos punibles.
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