María Desiree Marcano, María Esperanza Marcano, María Magdalena Gamero de Guiliani y Aleida Benilde Gamero Rivas enviaron un escrito a Últimas Noticias, a modo de réplica, respecto a una nota publicada el pasado viernes titulada así: “Tribunal admitió querella contra presuntas falsificadoras de documentos”.
Al respecto, las replicantes dicen lo siguiente.
“Rechazamos categóricamente el calificativo de presuntas falsificadoras de documentos, ya que en ningún momento quienes suscribimos este documento hemos incurrido en actos reñidos con la ética, moral, y mucho menos con la ley, o falsificado, forzado, alterado documentos públicos o privados”, indica el escrito.
“En lo que atañe al proceso penal, que según dice la nota periodística, consiste en una querella que el ciudadano Jesús Tadeo Gamero Toro, interpuso en nuestra contra, no tenemos conocimiento sobre dicho proceso, y además, en caso de que la querella, que según dicen fue admitida por el tribunal de control, avance, y se inicien las averiguaciones, estamos en la plena disposición de intervenir en la misma, y ejercer nuestro derecho a la defensa, ya que no tenemos nada que ocultar, y nuestro único interés es que prevalezca la verdad”, señalaron las replicantes.
“En relación al proceso de interdicción civil, que se adelanta ante el Juzgado 3° de Primera Instancia en lo Civil del estado Nueva Esparta, en el expediente identificado como T 3INST 0090-2025, sobre la supuesta denuncia de fraude procesal, que según la nota publicada por su diario, incurrió el juzgado civil antes mencionado, por haber revocado al ciudadano Jesús Tadeo Gamero Toro como tutor interino, lo rechazamos, ya que en la decisión emitida sobre ese particular, que es la de fecha 7 de abril del año en curso, se indicó que se revocaba la designación del ciudadano Jesús Tadeo Gamero Toro, no en forma caprichosa como se sugiere en la nota de prensa, sino debido a que había incurrido en un silencio contumaz, y en el incumplimiento manifiesto de las referidas cargas contempladas en los artículos 351 y siguientes del Código Civil, ya que no presentó el inventario, informe de gestión durante los treinta días siguientes a su juramentación”, se señala en el escrito remitido.
La réplica sigue así: “Igualmente rechazamos el grave señalamiento que se formula relacionado con la supuesta intención de la actual tutora interina, ciudadana María Desiree Gamero Marcano, de hacerse del patrimonio de su padre”.
Las cuatro replicantes también dicen rechazar “los señalamientos que se formulan en el precitado artículo de prensa, en donde se hace referencia o se sugiere que el pasado 17 de abril en Pampatar (Nueva Esparta) la fiscal Fabiola Arocha, se excedió en sus funciones, indicándose falazmente que se presentó a la residencia de Hernán Gamero, quien se encontraba durmiendo, que lo despertó y lo sustrajeron del sitio para entregárselo a la tutora interina, ciudadana María Desiree Marcano, y además, que en ese allanamiento fueron sustraídos de su residencia la suma de 15 mil dólares y sus documentos personales, ya que la fiscal segunda del Ministerio Público, Fabiola Arocha, se limitó a actuar, luego de haber obtenido la orden de allanamiento, y debido a que pudo constatar que el tutelado estaba siendo privado ilegítimamente de su libertad, por personas desconocidas, ordenó que fuera sustraído del sitio y entregado a la tutora designada. Es de resaltar, que, en dicho acto, los funcionarios policiales, bajo el mando de la mencionada fiscal, se limitaron, en presencia de testigos, a ingresar al sitio a fin de rescatar al tutelado, antes identificado, sin ingresar a otras áreas o dependencias de la vivienda. Vale decir que estas averiguaciones constan en el expediente MP 5130-2026, llevado por la Fiscalía Segunda, en donde se imputaron a las dos personas que estaban reteniendo en contra de su voluntad al tutelado, el ciudadano Hernán José Gamero Rivas, por los delitos de privación ilegítima de libertad, agavillamiento y resistencia a la autoridad, y en los actuales momentos se adelantan investigaciones, ya que el expediente se encuentra en fase de investigación”.
Las replicantes negaron “que en dicho procedimiento se hayan sustraído sumas de dinero, ni mucho menos documentos, ya que el procedimiento, reiteramos, estuvo dirigido y supervisado por el Ministerio Público, que se encontraba presente”.
En el escrito se dice que “quiere empañar la reputación de las autoridades, señalando de manera irresponsable que realizaron actos ilícitos en el cumplimiento de sus funciones, siendo todo lo contrario; dichos funcionarios actuaron de manera efectiva, lícita, expedita, transparente a fin de garantizar la justicia y la paz social, cumpliendo el proceso ajustado a derecho”.
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