La Fundación Arcadia, organización no gubernamental con sede en la capital estadounidense, formalizó una acción jurídica y ética ante la administración de Washington para bloquear el uso de recursos pertenecientes al Estado venezolano en el pago de la defensa penal privada de Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores.
La medida surge como respuesta directa a la reciente decisión del Departamento del Tesoro de EE. UU. que, a través de licencias de la Ofac, autorizó al Estado venezolano a desviar fondos públicos para cubrir los honorarios de los abogados defensores del exmandatario y su esposa, ambos bajo custodia federal desde enero de 2026.
El argumento: Patrimonio público vs. Defensa privada
Arcadia sostiene que los recursos soberanos de Venezuela son patrimonio público y su uso para una causa penal de índole personal —como lo es un juicio por narcoterrorismo— carece de sustento legal.
En su comunicación, la fundación exige que Washington defina un «principio limitante», argumentando que permitir este pago sienta un precedente peligroso donde fondos estatales podrían ser utilizados de forma discrecional para beneficios privados de exfuncionarios acusados de crímenes graves.
«Lo inadmisible es que una decisión de esta naturaleza se consumara en silencio, entre licencias y fórmulas administrativas, mientras el pueblo venezolano vuelve a quedar reducido a espectador de la disposición de su propio patrimonio», señala un comunicado de la organización.
Giro procesal en Nueva York
La autorización de los pagos por parte de la Ofac se produjo tras la presión del juez Alvin Hellerstein, quien preside el caso en Nueva York. Los abogados defensores, entre ellos Barry Pollack (representante de Maduro), habían solicitado la desestimación del juicio alegando que las sanciones estadounidenses impedían el derecho constitucional al debido proceso al bloquear el acceso a fondos para contratar defensa legal.
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