El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció este lunes la muerte de dos personas privadas de libertad, quienes estaban detenidos en los internados judiciales El Rodeo III y IV, y señalaron un «patrón sistemático de abandono» en las cárceles del país.
«Mientras las instituciones guardan silencio, los presos siguen muriendo», destacó el OVP en redes sociales, que planteó la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos y la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela.
Los fallecidos fueron identificados como Deivi Enrique García y Ovidio José Madriz Mendoza, quienes presuntamente fallecieron producto de un paro respiratorio. «Dos muertes en un mismo complejo penitenciario, en menos de 24 horas, no pueden entenderse como hechos aislados sino como parte de un patrón sistemático de abandono», aseguró la organización.
El Observatorio resaltó además que «hasta ahora no existían registros públicos» sobre El Rodeo IV. La muerte de García, indicó la organización, sería la primera de este recinto «evidenciando que incluso las nuevas infraestructuras penitenciarias replican las mismas condiciones que han cobrado la vida de miles de personas privadas de libertad en Venezuela».
Asimismo, el OVP resaltó que el sistema penitenciario está sometido a un «hacinamiento extremo, donde los presos sobreviven en condiciones insalubres, sin acceso regular a agua potable ni alimentación adecuada, con atención médica inexistente o tardía, y expuestos a enfermedades que se propagan sin control».
Bajo estas condiciones, puntualizó el Observatorio, también se producen constantes denuncias de «maltrato, negligencia, castigos arbitrarios, violaciones al debido proceso y severas restricciones al contacto con sus familiares».
El Observatorio Venezolano de Prisiones afirmó que le corresponde a la administración de Delcy Rodríguez reparar a las víctimas. Además, resaltó que el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo no deben «convertirse en espectadores del deterioro del sistema penitenciario», sino que «están obligados» a investigar, proteger y garantizar derechos.
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