La Asamblea Nacional aprobó este martes durante su sesión ordinaria 115 de los 130 artículos que conforman el Proyecto de Ley Orgánica de Minas.
Esta es la tercera jornada legislativa en la cual se incorpora en la agenda oficial la discusión de este proyecto de ley, donde se retomó el análisis a partir del artículo 56, permitiendo el despacho de una amplia sección de capítulos, epígrafes y títulos que estructuran la norma.
Este debate se produjo tras una pausa estratégica iniciada el pasado 26 de marzo, periodo que los legisladores utilizaron para profundizar en la revisión técnica del texto, «con el firme propósito de garantizar una seguridad jurídica robusta para todos los actores económicos que participarán en el sector», dice la nota de AVN.
» En una jornada de intenso debate legislativo, avanzamos en la segunda discusión del Proyecto de Ley Orgánica de Minas. Logramos la aprobación de más artículos que fortalecen la soberanía de nuestros recursos. Este instrumento legal es fundamental para impulsar el desarrollo económico nacional y modernizar el marco jurídico de la actividad minera», reza un post en Telegram publicado por e presidente del parlamento, Jorge Rodríguez.
El espíritu de esta ley se centra en la modernización del marco jurídico nacional para convertir a Venezuela en un destino atractivo para la inversión extranjera masiva en materia minera.
«Con el Proyecto de Ley Orgánica de Minas, aseguramos que cada recurso del suelo venezolano se traduzca en bienestar para el pueblo. Durante el debate de este martes, abordamos los artículos que establecen las bases para la creación de empresas mixtas; las garantías de protección ambiental y la sustentabilidad del sector», agrega el diputado Jorge Rodríguez en otro post.
El proyecto abarca una regulación integral que va desde las actividades conexas y auxiliares hasta los requisitos específicos para la obtención de concesiones y licencias mineras.
Asimismo, se establecen mecanismos rigurosos de fiscalización, inspección y el régimen de regalías, asegurando que la actividad extractiva contribuya de manera directa al desarrollo del país bajo una supervisión institucional estricta.
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